Trece militantes de izquierda presos desde 1989 en Argentina por un sangriento asalto a una guarnición militar suspendieron una huelga de hambre de 47 días ante la promesa oficial de revisión de los procesos, que fueron cuestionados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Uno de los abogados de los prisioneros, Rodolfo Yanzón, explicó este viernes a IPS que si el Congreso legislativo aprobara la iniciativa para revisar los pocesos judiciales se podría gestionar rápidamente la liberación de los 13 activistas del Movimiento Todos por la Patria (MTP).
"El gobierno decidió asumir el costo político de este asunto, y los presos aceptaron esperar hasta agosto", dijo Yanzón.
La negociación entre representantes del gobierno, legisladores, abogados y dirigentes humanitarios se realizó en la noche del jueves en la cárcel de Villa Devoto, de Buenos Aires, donde los militantes están hospitalizados.
Algunos de ellos han perdido 20 kilos de peso y ya sufrieron desmayos, convulsiones y otros síntomas de deterioro de su salud, debido a la prolongada huelga de hambre.
La eventual aprobación parlamentaria de la iniciativa acordada abriría la posibilidad de una segunda instancia judicial —que había sido denegada por una ley especial— y los ahora condenados quedarían en situación de prisión preventiva.
Entonces, dado que ya han estado 11 años recluidos, quedarían en libertad mientras continúa el proceso de apelación.
El MTP tomó por asalto en febrero de 1989 el regimiento militar de La Tablada, en la periferia de la capital, con el argumento de que allí se estaba gestando un golpe de Estado.
En el ataque y la posterior represión militar murieron 39 personas —28 asaltantes y 11 miembros de las fuerzas de seguridad— y hubo tres desaparecidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA detectó serias irregularidades en la represión y en el proceso legal, y las denunció en 1997.
La CIDH presiona desde ese año al Estado argentino para que promueva condiciones que permitan aclarar qué ocurrió con nueve atacantes supuestamente fusilados tras su rendición, y también probó que los detenidos fueron torturados y que hubo deficiencias en la investigación y en el proceso.
Los atacantes fueron juzgados y condenados ocho meses después del asalto por una Ley de Defensa de la Democracia que es la que el Congreso intentaría modificar en agosto. Esa norma niega a los procesados una instancia de apelación de los fallos e impide la revisión de las investigaciones.
La CIDH cursó recomendaciones a Argentina y envió representantes a entrevistarse con las autoridades, e intelectuales, religiosos y artistas se sumaron a la presión a favor de los presos por el asalto a La Tabalda.
Pero el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) ignoró toda solicitud y lo mismo había hecho hasta ahora el nuevo presidente, Fernando de la Rúa.
Esta indiferencia decidió a los reclusos a iniciar el 29 de mayo una huelga de hambre. Del ayuno participaron además el ex líder guerrillero Enrique Gorriarán y su esposa Marta Sívori, quienes estuvieron prófugos hasta 1995, cuando fueron prácticamente secuestrados en México.
Gorriarán, líder en los años 70 del izquierdista Ejército Reolucionario del Pueblo e identificado por las autoridades como autor intelectual del asalto al cuartel, fue capturado en la ciudad de México por agentes de inteligencia de los dos países y trasladado a Argentina sin proceso formal de extradición.
Gorriarán también se atribuyó públicamente la responsabilidad en el asesinato el 17 de septiembre de 1980 del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que estaba exiliado en Paraguay.
"Si bien no se logró la solución aún, somos conscientes de que hasta este jueves no teníamos nada y hoy ya tenemos los compromisos del gobierno a poner fin al problema y del Congreso a tratar la norma", comentó el abogado Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La norma que modificaría la Ley de Defensa de la Democracia iba a ser tratada en mayo, pero el debate se postergó para junio, y volvió a aplazarse en cada sesión por falta de acuerdo entre los legisladores.
Pero el jueves, la postergación por diferencias dentro del oficialismo y con la oposición tuvo mayor repercusión no sólo por la salud de los presos, que se agravaba día a día, sino porque era la última jornada de sesión previa al receso invernal (austral), que se prolongará hasta el 3 de agosto.
El presidente Fernando De la Rúa manifestó su pena y preocupación por la salud de los detenidos, pero consideró que la solución estaba en manos del Poder Legislativo. Los ministros de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, e Interior, Federico Storani, paticiparon activamente en la discusión con abogados y diputados.
Gil Lavedra admitió este jueves que el gobierno quiere cumplir con las recomendaciones de la CIDH, y Storani fue aun más lejos al señalar que el Poder Ejecutivo quiere que la reforma de ley se apruebe y que los presos queden en libertad, informó Yanzón.
Hasta el momento, las especulaciones políticas jugaban en contra de los presos porque el opositor Partido Justicialista se negaba a tratar la ley para que fuera el presidente quien asuma el costo político de indultar a los detenidos, dijo a IPS otro de los abogados, Héctor Tracktenberg.
"El gobierno ya tiene asumido que tendrá que pagar algún costo político, pero lo prefiere antes que seguir sin cumplir las recomendaciones de la CIDH", explicó Yanzón.
El abogado explicó que el beneficio llegaría a través de la ley, pero no automáticamente. Una vez aprobada la reforma por ambas cámaras, los abogados harán un reclamo a la Cámara Federal de Apelaciones para que se reabra la causa y "que deje de ser cosa juzgada", subrayó.
"A partir de allí, los presos, que hoy están condenados a reclusión perpetua sin haber podido apelar, pasarán a estar en 'prisión preventiva', y como sería una prisión preventiva prolongada absurdamente por 11 años deberían quedar en libertad de inmediato mientras sigue el proceso", aclaró el abogado.
La reforma de la ley será debatida el 3 de agosto en la Cámara de Diputados y luego por el Senado para su aprobación antes de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, pero todo el proceso insumiría unos pocos días si hay voluntad política, según Yanzón, quien recordó que el ayuno sólo se suspendió hasta entonces.
Los presos aceptaron ingerir alimentos desde la medianoche de este jueves, pero advirtieron que volverán a la huelga si no consiguen la norma que permita la apelación de sus sentencias a reclusión perpetua por el asalto al cuartel. (FIN/IPS/mv/ff- mj/hd/00
