El separatismo indígena se ha convertido en un fantasma que ronda en algunos países de América Latina, a partir de las demandas de autonomía territorial y autogestión de recursos con que grupos étnicos responden a siglos de exclusión.
La advertencia fue formulada desde Santiago de Chile por los investigadores Alvaro Bello y Marta Rangel, autores de un informe en que se analizan las características estructurales de la marginalidad en la región de las poblaciones indígena y negra.
Bello y Rangel fueron contratados como consultores expertos en el tema por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la agencia regional de la Organización de las Naciones Unidas con sede en la capital chilena.
¿Por qué ser indígena o negro en América Latina y el Caribe es sinónimo de pobreza? Tal es la interrogante clave que da curso a la investigación sobre estos conglomerados que en conjunto representan 40 por ciento de la población regional.
Los indígenas constituyen alrededor de 10 por ciento de los habitantes de la región, en tanto los grupos de origen africano, incluyendo a negros y mestizos (mulatos), representan alrededor de 30 por ciento.
La categoría del mestizaje no fue aplicada con respecto a los pueblos indígenas, ya que el dato no es consignado en los censos decenales de población ni en las encuestas demográficas de organismos especializados, explicó Rangel a IPS.
La experta, de nacionalidad brasileña, agregó que una de las mayores dificultades para elaborar el estudio de 70 páginas estuvo en acceder a estadísticas demográficas confiables, sobre las cuales hacer estimaciones actualizadas, sobre todo en cuanto a afroamericanos.
Los descendientes directos de los pueblos aborígenes y la población de origen africano son tratados como minorías, aunque en muchos países no lo sean. Para ellos, "la pobreza, la marginalidad y la exclusión se han convertido en una característica estructural", según Bello y Rangel.
Los datos censales muestran un predominio demográfico ostensible de negros y mestizos en los países del Caribe anglófono y en Haití. En tanto, en República Dominicana la presencia de ambos grupos equivale a 84 por ciento de la población, en Brasil a 45 y en Cuba a 34 por ciento.
Siempre de acuerdo a la parcialidad o precariedad de los censos, en Bolivia la población indígena equivale a 59 por ciento del total, en Guatemala es 42,8 por ciento, en Perú de 40,2 por ciento, en Ecuador 35,3 por ciento, en Chile de 10,3 por ciento y en México de 7,4 por ciento.
La situación socioeconómica más crítica se presenta en Guatemala, donde 86,6 por ciento de los indígenas vive por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a "sólo" 53,9 por ciento de la población no indígena.
La brecha mayor está en México, con un porcentaje de extrema pobreza para 80,6 por ciento de los habitantes indígenas y de 17,9 por ciento para los "blancos", mientras en Perú los porcentajes respectivos son de 79 y 49,7 por ciento, y en Bolivia de 64,3 y 48,1 por ciento.
Además de vivir en la pobreza, en la mayoría de los países los indígenas y negros no cuentan con una educación que considere sus particularidades culturales, lingüísticas y religiosas.
Los pueblos ancestrales han perdido en muchos países sus principales medios de subsistencia, como la tierra y los recursos naturales y desde hace décadas emigran a grandes centros urbanos para trabajar en empleos precarios, mal remunerados y de baja calidad.
Bello y Rangel apuntan el cambio en la visión tradicional, que consideraba a los indígenas sólo como campesinos pobres, ya que la migración dio origen a grandes conglomerados urbanos de grupos étnicos en la ciudad de México, Bogotá, Santiago, Lima y otras capitales.
Sin embargo, la migración ya no equivale a pérdida de identidad, porque "los vínculos sociales, lo comunitario y el parentesco no han desaparecido, sino que parecen recrearse y profundizarse, hasta constituir un 'capital indígena' de gran valor", de acuerdo a los expertos.
La cruda realidad de los indígenas y afroamericanos contrasta con los "impresionantes avances" registrados en las últimas décadas en el campo de los derechos humanos y de los derechos específicos de los grupos a nivel mundial, señalan Bello y Rangel.
En su análisis, la discriminación étnica es una herencia del colonialismo luso e hispano-criollo que se traduce hoy en verdaderos "colonialismos internos". La integración de indígenas y negros tiene más bien "un carácter simbólico en el discurso y negado en la práctica".
No obstante, el informe resalta la mayor visibilidad al interior de los países y en los foros internacionales que cobran las demandas de los grupos étnicos en la región, como consecuencia de una mayor conciencia mundial y de cambios estructurales, como su creciente presencia urbana.
En este escenario, y como respuesta a la exclusión, algunos grupos indígenas "exigen autonomía territorial y mayores niveles de autogestión de recursos", acotan los autores, para advertir que "el separatismo se ha convertido en un fantasma que ronda en algunos países".
Este fenómeno debe observarse también a la luz de la globalización, acompañada de la mayor conciencia sobre los derechos humanos y la defensa de las identidades, que cuestiona la homogeneidad y la "unidad nacional" en que se basa el Estado- nación tradicional.
En el combate a la discriminación étnica se debe asignar, según Bello y Rangel, un papel central a la educación, con sistemas que respeten las particularidades culturales y el bilingüismo, como lo hacen iniciativas lanzadas en Bolivia, Chile y Guatemala.
Pero la discriminación étnica implica igualmente inequidades en salud, deterioro de recursos naturales y pérdida de territorios ancestrales para los indígenas, fenómenos provocados a menudo por grandes proyectos de inversión.
El reconocimiento de los derechos ancestrales indígenas en cuanto a territorio, ambiente, posesión, administración y uso de recursos se ve cuestionado así por talas indiscriminadas de bosques nativos, extracciones petroleras o construcción de represas y embalses en sus tierras, indica el informe.
Bello y Rangel consignan también como avances para enfrentar estas situaciones los reconocimientos de los derechos ancestrales indígenas plasmados en la Constitución de Brasil, Bolivia y Ecuador, así como la creación de organismos internacionales y multilaterales que luchan contra la discriminación étnica. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/00
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