VENEZUELA: El año de las telecomunicaciones

La nueva ley de Telecomunicaciones, que hoy entró en vigencia en Venezuela, da marco jurídico a la apertura del sector, prevista para impulsar la entrada en la era Internet y lanzar un salvavidas de inversiones a la economía.

Esta ley reemplaza una norma que tenía 60 años, completamente alejada de la realidad de las telecomunicaciones del 2000, y representa la culminación de un largo y tortuoso camino de reforma legal.

Pero, además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) espera que la fijación de reglas claras sea clave para el despegue definitivo de un sector que genera grandes expectativas económicas, en especial cuando a fines de noviembre se elimine el monopolio en la telefonía.

Conatel y otros sectores relacionados con esta actividad prevén inversiones por más de 10.000 millones de dólares en los próximos cinco años, una bocanada de oxígeno para la atribulada economía venezolana, que experimentó una caída de 7,2 por ciento en 1999.

Representantes de empresas de telecomunicaciones han visitado desde hace meses este país y algunos han anunciado proyectos a futuro, para cuando se concrete la apertura, y la nueva ley era considerada un elemento fundamental para poder materializar esas intenciones.

Sin embargo, el camino de las definiciones en materia de telecomunicaciones fue largo y denso. El estudio del respectivo proyecto demandó una interminable serie de consultas y un proceso de redacción complejo para tratar de superar resistencias y conseguir su aprobación.

El nuevo instrumento legal fue aprobado finalmente el 31 de mayo por parte de la Comisión Legislativa, que actúa como parlamento de transición tras la entrada en vigor en diciembre de la nueva Constitución, pero para entonces la impaciencia era notoria.

Tres cámaras de empresas relacionadas con telecomunicaciones lanzaron un documento a mediados de mayo, con el título "Ultima oportunidad", en el que alertaban sobre la necesidad de contar con la ley antes de la apertura, pues "no queda mucho tiempo".

El sector llegará a un momento crucial en los últimos días de noviembre, cuando vence el período de "concurrencia limitada" suscrito al privatizar la empresa telefónica CANTV, a comienzos de los años 90, cuando se garantizó a sus nuevos dueños locales e internacionales un virtual monopolio.

La apertura de los servicios de telecomunicación básicos es considerada un estímulo fundamental para que las empresas extranjeras apuesten a este país, con la seguridad de que no hay áreas reservadas.

La ley contribuye, con las bases jurídicas y las normas tributarias que regirán, el desarrollo del sector de ahora en adelante.

"Pone en orden la casa", planteó en varias oportunidades la presidenta de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), Haydée Cisneros.

El comunicado de las cámaras empresariales publicado en mayo planteaba a los venezolanos "la oportunidad para captar una nueva y sostenida ola de inversiones", que traerá "nuevos empleos, nuevos precios y mejor calidad de servicios".

La ley en vigencia desde este lunes contiene disposiciones transitorias para facilitar la apertura, en un escenario donde una empresa preexistente es dominante. Según han anticipado los técnicos de Conatel, se requerirá la aprobación de más de una decena de reglamentos.

Esos reglamentos deberán abordar aspectos específicos del desarrollo de las telecomunicaciones, como los de convergencia tecnológica, facturación única para servicios de multiportador, radiodifusión y el de interconexión, este último uno de los más complejos.

También se ha anunciado un reglamento para Internet. El jefe de Conatel, Diosdado Cabello, asegurá que con las nuevas reglas en materia de telecomunicaciones aumentan las posibilidades ampliar las conexiones a la red de redes.

La aprobación de la ley fue precedida por la publicación del decreto presidencial 825, del 10 de mayo, que declara el acceso y uso de Internet "como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político" de Venezuela.

Ese decreto obliga a las dependencias estatales a diseñar sus estrategias de Internet, a más tardar a mediados de este año, y exige la implementación de políticas que permitan conectar a las escuelas.

La nueva ley prevé que algunos de los tributos de las nuevas empresas de telecomunicaciones sean destinados a las investigaciones en el sector, mientras que otros recursos serán invertidos para subsidiar el desarrollo de las telecomunicaciones en zonas rurales.

Cabello planteó que uno de los propósitos de la ley es el de estimular el denominado "servicio universal" de telecomunicaciones en la Venezuela del futuro. (FIN/IPS/lc/dm/if cr/00