La organización de derechos humanos Amnistía Internacional lamentó hoy, en su último informe anual, la impunidad en América Latina de los responsables de violaciones en la materia y el aumento de los casos de tortura.
El informe reconoce importantes esfuerzos para procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos en el pasado, como el ex dictador chileno Augusto Pinochet, pero, de todas formas, advierte que "la impunidad siguió reinando en la mayoría de los países del continente americano".
Amnistía Internacional dio a conocer este miércoles en 180 países su informe sobre la situación de los derechos humanos en 1999, titulado "El olvido está lleno de memoria".
La organización destacó que en Chile se realizaron varias actuaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos en el pasado, entre ellos contra cinco oficiales del ejército detenidos y acusados de secuestro calificado por la operación denominada "Caravana de la Muerte", en 1973.
También mencionó el caso de Argentina, donde la justicia ordenó a Emilio Massera, ex miembro de la junta militar, pagar una indemnización de 120.000 dólares a familiares de desaparecidos, y la detención preventiva del ex dictador Jorge Videla por secuestro de menores.
Sin embargo, lamentó que los países en los que se registraron desapariciones forzadas, como Argentina, Chile y Uruguay, "no han dado una respuesta ni a las víctimas ni a la sociedad".
En relación al caso Pinochet, al que en el informe se dedica un capítulo especial, Amnistía Internacional sostuvo que "los crímenes contra la humanidad cometidos en Chile desde 1973 son un asunto de jurisdicción internacional".
Para la organización, "los responsables de crímenes de lesa humanidad deben comparecer ante tribunales competentes. Delitos como las desapariciones forzadas, la tortura y la ejecución extrajudicial son crímenes contra la humanidad. Es imprescindible que la comunidad internacional asuma su responsabilidad".
Por otra parte, la organización reveló que en 1999 se registró un importamente aumento de casos de tortura y maltrato a manos de policías y militares. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela figuran en la lista de abusos policiales.
El peor panorama de los derechos humanos de América Latina se registra en Colombia y Perú, según se desprende del informe.
En Colombia el año pasado aumentó notoriamente el número de violaciones de derechos humanos. "Más de 3.500 personas fueron objeto de actos violentos cometidos por motivos políticos, varias decenas 'desaparecieron' y unas 250.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares", señala el informe.
La tortura siguió constituyendo una práctica generalizada en ese país, "a menudo acompañada de mutilaciones y casi siempre como preludio del asesinato cuando los autores eran grupos paramilitares".
Tanto los grupos guerrilleros como las fuerzas armadas y los paramilitares son cuestionados en el informe. Según Amnistía Internacional, cientos de civiles fueron asesinados en 1999 ya sea por asonadas paramilitares, "ejecuciones sumarias" de la guerrilla o ataques indiscriminados del ejército.
Para esta organización, la situación de los derechos humanos en Perú entró en 1999 "en su fase más crítica".
La organización condenó el retiro de ese país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la multiplicación de juicios militares a civiles, y la existencia de "centenares" de presos de conciencia.
"Miles de mujeres y hombres acusados de delitos relacionados con el terrorismo se enfrentaban a la posibilidad de ser detenidos. Se dictaron órdenes de detención en su contra, aunque, según informes, la mayoría de ellos no había tenido ninguna relación con grupos alzados en armas", denuncia el informe.
Amnistía Internacional también hizo notar el trato "cruel, inhumano y degradante" en las cárceles peruanas, situación que motivó la huelga de hambre, en septiembre, de tres dirigentes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
En Brasil, la brutalidad policial es habitual, según Amnistía Internacional. "La policía y los escuadrones de la muerte vinculados con las fuerzas de seguridad continuaron matando a civiles, niños incluidos, en circunstancias que sugerían que habían sido ejecutados extrajudicialmente", señala el informe.
Amnistía Internacional también denunció que "los activistas pro reforma agraria de varios estados fueron víctimas de hostigamiento, agresiones y asesinatos a mano de pistoleros a sueldo contratados por terratenientes locales, con el aparente consentimiento de la policía y las autoridades".
Las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia en las cárceles fueron también graves en Bolivia, Ecuador, México y Venezuela. En este último país, por lo menos 400 presos murieron en casos de violencia en 1999.
El crímen político también caracterizó a América Latina, según la organización, que mencionó el asesinato del vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, el 23 de marzo de 1999 en Asunción, y el del parlamentario ecuatoriano Jaime Hurtado González, el 17 de febrero.
El informe señala que en Cuba se registró un aumento en la ejecución de la pena de muerte, especialmente tras la introducción en marzo de una nueva ley que prevé la máxima condena para casos de narcotráfico, corrupción de menores y robo a mano armada.
En Cuba también se recibieron informes sobre palizas a presos políticos a manos de guardias penitenciarios, así como interrogatorios a sospechosos de actividades contra el gobierno de Fidel Castro.
En relación a Guatemala, Amnistía Internacional destacó el resultado de una comisión investigadora sobre violaciones de derechos humanos en el pasado, que responsabilizó a las fuerzas del gobierno de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la guerra civil.
El informe señala que en 1999 la pena de muerte en Guatemala fue impuesta a 32 personas, a pesar de que algunas de ellas que habían sido declaradas mentalmente incapaces.
La organización internacional señaló que la violaciones de derechos humanos graves no se cometen solo en zonas de conflicto como Chechenia, Timor Oriental y Kosovo.
Amnistía Internacional condenó la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos donde, según el informe, 1999 fue el año en que más personas fueron ejecutadas desde 1951. También denunció hechos de brutalidad policial y exhortó a Washington a ratificar los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El informe señala, por otra parte, que miles de personas fueron arbitrariamente detenidas en China por ejercer pacíficamente sus derechos de libertad de expresión, asociación o religión.
"La tortura y los malos tratos de prisioneros aumentaron. Miles de personas fueron sentenciadas a muerte y ejecutadas. En las regiones autónmas de Tibet y Xinjiang, aquellos sospechosos de actividades nacionalistas siguieron siendo víctimas de una cruel represión", agrega.
En lo positivo, Amnistía Internacional destacó que 73 países abolieron en 1999 la pena de muerte para todos los delitos, mientras el número de países donde se registraron homicidios políticos disminuyó de 47 en 1998 a 38 en 1999.
También constató una disminución en el número de presos de conciencia a nivel mundial.
La consideración fundamental de Amnistía Internacional frente a las violaciones de derechos humanos en 1999, es que éstas "podrían haberse evitado si la comunidad internacional hubiese tenido el tema de derechos humanos como uno de sus puntos principales en el orden del día". (FIN/IPS/rp/mj/hd/00
