El destino del ex general Lino Oviedo depende ahora de la justicia de Brasil, que ordenó su prisión, concretada el domingo, y decidirá sobre la extradición pedida por el gobierno del Paraguay.
La decisión será favorable y saldrá en diez días, dijo el ministro de Justicia, José Gregori, explicando que el Superior Tribunal Federal (STF) emitirá su fallo tras consultar a las cancillerías de ambos países.
El gobierno de Paraguay acusa a Oviedo de participar en el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, perpetrado el 23 de marzo de 1999.
También le endilga la responsabilidad por la tentativa de golpe militar del 19 mayo, pero el ex general ha respondido que se trata de acusaciones falsas, lanzadas por sus enemigos políticos.
"El general Oviedo permanecerá preso" mientras el STF aguarda "que el gobierno de Paraguay presente la documentación necesaria para el juicio de la extradición", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Detenido en la tarde del domingo por la Policía Federal en Foz de Iguazú, una ciudad brasileña en la frontera con Paraguay, Oviedo fue llevado este lunes a Brasilia, donde aguardará el fallo judicial.
En su poder, en un apartamento alquilado por un amigo, fueron encontrados un revolver calibre 38, cerca de 3.000 dólares y diez teléfonos celulares, probablemente usados en sus comunicaciones con sus partidarios en Paraguay.
Sus abogados brasileños, Joaquim Alves Bastos e Inemar Pena Marinho, dijeron que intentarán liberarlo con un pedido de habeas corpus.
La policía lo acusó de uso de un documento falso y de porte ilegal de arma, pero la orden de prisión no se refiere a esos cargos, sino que fue librada por el STF en respuesta al pedido de la justicia paraguaya y como paso preventivo del proceso de extradición.
Oviedo fué condenado a diez años de prisión en Paraguay, por un intento de golpe en 1996, contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy. Esa circunstancia le impidió disputar la Presidencia en 1998, aunque su popularidad aseguró el triunfo de su aliado Raúl Cubas, que una vez en el poder decretó su libertad.
El asesinato de Argaña provocó una crisis institucional que llevó el ex general a asilarse en Argentina, mientras Cubas renunciaba a la Presidencia y se refugiaba en Brasil. El presidente del Congreso, Luis González Macchi, asumió el gobierno.
Tanto Oviendo y Cubas como González Macchi, Wasmosy y el asesinado Argaña pertenecían al Partido Colorado, gobernante de modo ininterrumpido desde 1948 y cuyas fricciones internas han sido causa de todas las crisis políticas de Paraguay desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en febrero de 1989.
La enemistad de Oviedo y Argaña, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el régimen de Stroessner, se arrastraba al menos desde 1992.
El militar, que estaba al frente de la primera división del ejército, insinuó ese año que se opondría con las armas al eventual triunfo de Argaña en la lucha por la candidatura presidencial del Partido Colorado.
El recuento de votos de las elecciones internas fue suspendido cuando favorecía a Argaña. Reanudado después de una crisis en la que intervino incluso la embajada de Estados Unidos, la victoria fue para Wasmosy.
El 9 de diciembre, un día antes del cambio de gobierno en Argentina, Oviedo pasó a la clandestinidad, supuestamente en el interior de Paraguay. Concedió algunas entrevistas a medios de comunicación en una hacienda paraguaya, afirmando disponer de apoyo popular y político suficiente para asumir el poder cuando lo considerase conveniente.
Las autoridades paraguayas, sin embargo, informaron hace algunas semanas que Oviedo se hallaba probablemente en Brasil. La búsqueda al ex militar se intensificó tras la tentativa de golpe de sus partidarios, en mayo.
Brasil desea neutralizar la amenaza que Oviedo representa para la estabilidad política de Paraguay.
El gobierno brasileño respondió a las dos tentativas de golpe de Oviedo advirtiendo que la ruptura del orden institucional determinaría la exclusión automátiva de Paraguay del Mercado Común del Sur, según la cláusula democrática aceptada por los países miembros del bloque.
Preso en Paraguay, el popular ex general puede constituir un peligro más grave para un frágil sistema democrático. Pero la decisión no está en manos del gobierno brasileño ni depende de sus consideraciones políticas, sino del examen jurídico del STF.
Brasil ya tiene como asilados políticos a Cubas y a Stroessner. (FIN/IPS/mo/ff/ip/00
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