El acuerdo sobre derechos humanos entre el gobierno, civiles y las fuerzas armadas de Chile posibilitará la búsqueda de los restos de unos 1.200 desaparecidos, pero a la vez puede facilitar la aplicación de la amnistía que la dictadura de Augusto Pinochet expidió en 1978.
Así lo señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, una de las más firmes detractoras de la mesa de diálogo cívico-militar que redactó el acuerdo firmado el martes.
El texto de cuatro páginas estableció en lo fundamental un plazo de seis meses, renovable por una vez, para que las fuerzas armadas reconstruyan la información sobre el destino que dieron a los restos de los detenidos políticos que hicieron desaparecer luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La mesa de diálogo fue instalada a fines de agosto de 1999 por el entonces presidente Eduardo Frei, con la participación de abogados de derechos humanos, oficiales en representación del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía de Carabineros, y personalidades religiosas, científicas y culturales.
Abogados y militares, protagonistas centrales de la mesa, tuvieron durante nueve meses un virtual diálogo de sordos, pues mientras los primeros los exhortaban a informar sobre el destino de las personas desaparecidas, los segundos afirmaban no contar con antecedentes claros al respecto.
La abogada Pamela Pereira, hija de un detenido-desaparecido, propuso la fórmula de los seis meses de plazo que finalmente permitió superar el "impasse" y suscribir el acuerdo, descrito por algunos sectores como el pacto más importante de la transición iniciada en 1990 tras el restablecimiento de la democracia.
El documento significó un giro en la actitud que hasta ahora mantuvieron las fuerzas armadas, que por primera vez rubrican un texto donde reconocen "las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluida la práctica de desapariciones, asesinatos y tortura en que incurrieron organismos y agentes del Estado durante el régimen militar (1973-1990)".
Bajo la tuición de Pinochet, los militares negaron sistemáticamente sus violaciones de los derechos humanos y sostuvieron que no hubo desapariciones forzadas, sino muertes en enfrentamientos con "subversivos" que fueron sepultados por sus propios compañeros.
La detención del ex dictador en Londres en octubre de 1998, donde permaneció arrestado hasta el 2 de marzo de este año, creó el marco para la instalación de la mesa de diálogo, ya que facilitó una apertura del ejército, comandado por el general Ricardo Izurieta.
Los militares reaccionaron con preocupación ante la jurisprudencia que desde junio de 1998 estableció una renovada Corte Suprema de Justicia, que respaldó fallos de jueces que tipificaron como secuestros los delitos de desaparición en que no aparece la víctima, viva o muerta.
Este criterio permite mantener bajo proceso a unos 50 uniformados, la mayoría en retiro de sus instituciones, incluyendo a seis generales.
Bajo esta misma interpretación legal, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que Pinochet es imputable por 19 secuestros de la llamada "caravana de la muerte" en 1973 y lo despojó de su inmunidad como senador vitalicio, en un fallo emitido el 5 de este mes.
La defensa del ex dictador apeló ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que en el pasado traspasaba sistemáticamente los procesos por desapariciones y otros crímenes contra los derechos humanos a la justicia militar, que absolvía a los implicados invocando la ley de amnistía de 1978.
Durante la ceremonia en que recibió el acuerdo de la mesa de diálogo, el presidente Ricardo Lagos puntualizó que no habrá en Chile una "ley de punto final" sobre derechos humanos y que tampoco habrá interferencias en la labor de los tribunales.
"No me cabe duda que llegado el momento se podrá establecer la data precisa de su muerte (de los desaparecidos), y cuando ello ocurra el Poder Judicial hará lo que corresponde conforme a derecho", dijo el mandatario.
Para Viviana Díaz, ello significa que, una vez que se establezcan las responsabilidades sobre las desapariciones, los delitos serán tipificados como homicidio y se les aplicará la amnistía.
Esa ley cubre las violaciones de derechos humanos cometidas entre marzo de 1973 y marzo de 1978, período en que se produjeron prácticamente todas las desapariciones forzadas en Chile.
El acuerdo de la mesa de diálogo establece igualmente un mecanismo para que integrantes de las fuerzas armadas, en servicio activo o en retiro, entreguen información sobre el destino de desaparecidos bajo reserva y con resguardos legales.
Para estos efectos, el gobierno de Lagos tendrá que proponer al parlamento una ley que extienda a los uniformados el beneficio del "secreto profesional" y que, en estos casos, los exima de las sanciones que los códigos militares imponen a quienes en conocimiento de un ilícito no lo hayan denunciado oportunamente a sus superiores.
La AFDD y otros detractores del acuerdo consideran que estas fórmulas implicaron una suerte de legitimación oblicua de los métodos de terrorismo de Estado que aplicó la dictadura por la vía de facilitar las condiciones para que los tribunales amnistíen los casos de violaciones de derechos humanos. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/00
