El gobierno de Colombia postergó la creación del área desmilitarizada exigida por el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) como condición para el diálogo de paz, al aceptar las demandas de campesinos opuestos a esa decisión.
El bloqueo en cuatro puntos de la carretera Troncal del Magdalena Medio fue levantado este viernes, luego que el gobierno de Andrés Pastrana se comprometiera a discutir con los pobladores la desmilitarización de una zona del nordeste del país, para realizar una convención entre el ELN y la sociedad civil.
Los líderes de la protesta y delegados oficiales se reunirán el día 15 para estudiar los mecanismos de participación ciudadana, que permitan adoptar una decisión sobre la entrada en vigor de la llamada zona de encuentro con el ELN, segunda fuerza guerrillera del país.
Bogotá y el ELN retomaron las negociaciones en octubre de 1999 para crear las condiciones de un diálogo de paz, en que el principal requisito de la guerrilla es el retiro militar y policial de tres municipio del nordeste para instalar una convención nacional.
El presidente Pastrana anunció a fines de mayo un acuerdo primario con los rebeldes para desmilitarizar los municipios de Yondó, Cantagallo, en el curso medio del río Magdalena, y San Pablo, en el departamento de Bolívar.
La información fue seguida de protestas por parte de campesinos de esos lugares que, según algunos analistas polítios, es instigada por paramilitares que se oponen a las negociaciones de paz con la guerrilla.
El ministro de Gobierno (interior), Humberto de la Calle, dijo que en la reunión con los campesinos se definirá "un método de trabajo que permita a todos, sin exclusión, expresarse sobre la desmilitarización" y estudiar la "posibilidad de continuar el proceso de paz que es el objetivo" de toda la sociedad.
De la Calle agregó que el ELN está de acuerdo con generar este "espacio de participación" con el gobierno y la comunidad, "que dará mayor confianza y credibilidad al proceso".
Campesinos del curso medio del río Magdalena, en el nordeste del país, y el sur del departamento de Bolívar, el norte, lugares de influencia de grupos paramilitares de derecha, se oponen a la desmilitarización por considerar que serían víctimas de ataques por parte de la guerrilla izquierdista.
Unos 5.000 campesinos pidieron este viernes la protección de la fuerza pública y apoyo logístico para regresar a sus localidades.
Por su parte, Leonel Uribe, secretario de gobierno de Yondó y uno de los líderes de la protesta, dijo que pedirá asilo político en Estados Unidos, Francia o Canadá, debido a las amenazas que ha recibido.
La comisión facilitadora a cargo de los contactos entre el gobierno y el ELN indicó que con el acuerdo de el jueves el Poder Ejecutivo reconoció el error de no haber consultado a las comunidades la decisión de desmilitarizar la zona.
Luis Salcedo, miembro de esa comisión, dijo a IPS que ese reconocimiento permitirá "corregir el efecto negativo que tuvo en la comunidad el anuncio de Pastrana, de crear la zona de encuentro".
Salcedo opinó que la participación de la comunidad en el diseño de las reglas y condiciones para la llamada zona de encuentro generará confianza entre las partes y evitará el "síndrome del Caguán", en alusión a la zona sin control militar en que se realiza el diálgo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El pasaje a control de las FARC, primera fuerza guerrillera del país, del Caguán y otros cuatro municipios del sudeste colombiano fue criticado por jefes del Ejército, que acusan a los rebeldes de utilizarla para fortalecerse militarmente, planear ataques y llevar a cabo negocios con el narcotráfico.
Nicolás de Zubiría, también miembro de la comisión, indicó que "es saludable que el gobierno tenga en cuenta la opinión de la gente", y que se establezcan reglas claras y una comisión de seguimiento internacional para la zona de encuentro con el ELN.
La ruta Troncal del Magdalena Medio, que fue bloqueada por 21 días, es una vía estratégica que cubre cerca de 450 kilómetros desde la ciudad de Neiva (centro) hasta el municipio de San Alberto (nordeste).
Se estima que el corte de esa carretera ocasionó pérdidas por unos 60 millones de dólares al sector de transporte de carga y cerca de 2,5 millones de dólares diarios a exportadores y comerciantes, por el daño de alimentos y lucro cesante.
En el caso del sector avícola, que debió repartir entre habitantes de la zona huevos y pollos para evitar que se dañaran, el cálculo indica que perdió en esas tres semanas cerca 2,5 millones de dólares. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
