El precio de la hoja de coca comenzó a subir nuevamente en la selva central de Perú, lo cual pone en peligro los programas de sustitución de cultivos ilegales apoyados por la comunidad internacional.
El fenómeno podría revertir el éxito obtenido por el gobierno de Alberto Fujimori en su plan de reducción de las plantaciones clandestinas de coca y de lucha contra la exportación de pasta básica para la elaboración de cocaína.
Estados Unidos ha certificado la colaboración de Perú a la política antidrogas, reconociendo que este país redujo de 115.000 a 51.000 hectáreas la extensión de los sembradíos de coca entre 1995 a 1999.
Pero esa área aún representa una producción potencial de 69.200 toneladas de hojas de coca, que permite elaborar 175 toneladas de cocaína.
La Unión Europea también destacó la lucha contra el narcotráfico implementada por el gobierno peruano, en ocasión de la IV Reunión de Alto Nivel en Materia de Drogas entre ese bloque y la Comunidad Andina, realizada a fines de marzo.
El Grupo Consultivo europeo se había reunido en enero en París, donde aprobó 56 millones de dólares para el programa de cultivos alternativos que se desarrolla en el Alto Huallaga, donde se encuentra 40 por ciento de las plantaciones clandestinas de coca del país.
Pero en febrero comenzó a subir el precio de la hoja de coca hasta alcanzar ahora a más de dos dólares el kilogramo, luego de permanecer a 1,20 dólares por varios meses.
Fuentes vinculadas a la gubernamental Comisión de Lucha Contra las Drogas explicaron que el repunte de precios tienta a los campesinos a retornar a las zonas menos accesibles de la selva peruana, donde dejaron abandonadas sus plantaciones tres años atrás.
La coca es un arbusto nativo de las estribaciones selváticas de la cordillera de los Andes, considerada sagrada en la época de los Incas porque su masticación puede mitigar el hambre y la fatiga.
En estos tiempos la hoja de esa planta pasó a ser el insumo principal para la producción de cocaína, droga que se vende en casi todo el mundo en sus dos presentaciones: el clorhidrato, producto refinado y 20 veces más caro que la pasta básica de cocaína, que consumen los adictos de menores recursos.
La pasta básica tiene un efecto rápidamente destructor de las neuronas de los consumidores y, según expresiones locales, "quema el cerebro de los fumones".
La producción de esa pasta es prácticamente artesanal. Las hojas son maceradas en pozos abiertas en el suelo mediante algunos productos químicos fáciles de obtener.
Se calcula que con 126 kilogramos de hojas se puede producir un kilogramo de pasta básica de cocaína.
La mayor parte de este producto básico es exportada a Colombia, donde las bandas internacionales de narcotráfico la transforma en clorhidrato y la remite luego a Estados Unidos y Europa.
La comunidad internacional participa coordinadamente en la represión del tráfico ilegal de drogas y la Organización de las Naciones Unidas y los países del Norte industrializado financian programas de interdicción de su transporte y comercialización.
Pero la persecución a los campesinos que producen el insumo está limitada por las dimensiones sociales que ha alcanzado la actividad.
Un estudio realizado por las autoridades peruanas en 1997, antes de que el gobierno de Fujimori lograra reducir la producción en casi 60 por ciento, reveló que 346.448 campesinos se dedicaban a la producción ilegal de coca.
El informe añadía que unas 800.000 personas participaban, directa o indirectamente, en la economía paralela generada por esa actividad ilegal en Perú.
El gobierno reprime con severidad a quienes participan en la transformación de la hoja de coca en droga, la comercializan o intervienen en el manejo financiero del dinero procedente del narcotráfico.
Pero, a pesar de que los cultivos son ilegales y se destruyen con diversos métodos, incluyendo herbicidas de uso cuestionado internacionalmente, trata con cuidado a los campesinos productores.
El combate contra la participación campesina en la producción de coca se realiza mediante programas de promoción de cultivos alternativos, como el cacao, palmito, piña y otros productos.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tienen el compromiso de adquirir las cosechas obtenidas en esos planes de desarrollo de esas plantaciones.
"La promoción de cultivos alternativos se propone utilizar los alicientes de un mercado legal rentable contra los altos ingresos de la actividad ilegal cargada de riesgo, pero el esquema sólo puede funcionar cuando los precios de la producción legal son atractivos", señaló Raúl Serrano.
"Cuando los precios de la hoja de coca comienzan a subir, el esquema se puede ir al diablo", añadió Serrano, experto de la organización no gubernamental Cedro.
Por su parte, el experto Hugo Cabieses, de la organización no gubernamental Cepes, destacó que, "sorprendentemente, la lucha antidrogas quedó fuera del proceso electoral", que culminará el día 28 con la segunda vuelta para elegir al presidente de Perú.
"Ni Fujimori, que pretende un tercer mandato consecutivo, ni su contrincante, el economista Alejandro Toledo, se han pronunciado sobre un asunto que está vinculado al desarrollo nacional, la descentralización, la pobreza campesina y la institucionalidad democrática", dijo Cabieses. (FIN/IPS/al/dm/ip/00
