La justicia de Senegal decidirá si tiene competencia para juzgar a un ex dictador de Chad, y el caso sentará otro precedente para acciones judiciales como la entablada por España contra el chileno Augusto Pinochet.
Un tribunal senegalés de tres integrantes decidirá el 15 de junio si acepta una apelación presentada por los abogados de Hissen Habré, quien fue dictador de Chad entre 1982 y 1990, y vive en Senegal desde que fuera derrocado.
La justicia senegalesa inició en febrero un juicio contra Habré, por asesinatos políticos, desapariciones forzosas y torturas en el período en el cual gobernó Chad.
Los defensores de Habrè pidieron el archivo del caso con el alegato de que Senegal carece de jurisdicción sobre los crímenes denunciados.
"Confiamos en ganar", declaró Reed Brody, director legal de la organización no gubernamental humanitaria Human Rights Watch (HRW).
A comienzos de este año, un fiscal senegalés allanó el camino para que un tribunal de Dakar comenzara a escuchar testimonios de integrantes de la Asociación Chadiana de Víctimas de Represión Política y Crímenes, la cual presentó la denuncia contra Habrè junto con varios grupos humanitarios.
La denuncia incluyó 97 casos de asesinatos políticos, 100 de desapriciones forzosas y 142 casos de tortura.
La acusación, que tuvo como consecuencia el arresto domiciliario de Habrè, forma parte de una estrategia internacional de grupos humanitarios contra ex dictadores acusados de diversos crímenes y rsidentes fuera de sus países.
Esa estrategia recibió un fuerte impulso cuando Augusto Pinochet, ex dictador de Chile, fue detenido durante una visita a Londres en octubre de 1998, por una orden de arresto de la justicia de España, que quería juzgarlo como responsable de crímenes de lesa humanidad durante sus 17 años de gobierno.
Tras un complejo proceso judicial, la justicia británica dictaminó que Pinochet podía ser extraditado a España, pero Londres decidió liberar al ex dictador por "razones humanitarias" vinculadas con su presunto estado de salud.
"El caso de Pinochet ratificó el principio que un país puede juzgar torturas sin que importe dónde fueron cometidas, y que los ex jefes de Estado no tienen inmunidad", comentó HRW.
La organización se basó en ese precedente para instar a los grupos de víctimas de violaciones de los derechos humanos a presentar denuncias contra otros ex gobernantes fuera de sus países.
El juicio a Habré en Senegal, consecuencia de aquel llamamiento, no tiene precedentes en Africa.
Activistas humanitarios sienten ahora que las normas internacionales están de su parte, porque establecen la "jurisdicción universal" en relación con graves violaciones de los derechos humanos.
HRW sostuvo en un informe que el "precedente Pinochet" establece que los responsables de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra pueden ser procesados en cualquier país.
"Una razón pragmática fundamental para que las normas internacionales establezcan la jurisdicción universal es la necesidad de evitar que existan en el mundo 'refugios seguros' para los responsables de crímenes gravísimos", expresó.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984 y ratificada por 118 estados, estableció que la tortura es un crimen para el cual existe jurisdicción universal.
En esa convención se definió a la tortura como todo acto que causa sufrimiento físico o mental a una persona, realizado con diversas intenciones, entre ellas las de lograr información o una confesión, castigarla por actos supuestos o reales, o intimidarla o presionarla por criterios discriminatorios de cualquier tipo.
También se indicó que la responsabilidad de la tortura corresponde a las personas involucradas como autores directos o cómplices que sean funcionarios o actúen con autoridad otorgada por el gobierno.
"Esa convención y los tribunales internacionales de Ruanda y La Haya han señalado a los ex dictadores que los crímenes contra la humanidad cometidos durante sus mandatos no gozan de impunidad", comentó Waliur Rahman, director del Instituto Legal y de Asuntos Internacionales de Bangladesh.
La lista de acusados de terrorismo de Estado exiliados e impunes incluye a Mengistu Haile Miriam, de Etiopía, Jean Claude Duvalier, Raoul Cedras, Philippe Biamby y Emmanuel Constant, de Haití, Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Milton Obote e Idi Amin, de Uganda.
Zimbabwe alberga a Mengistu, Francia a Duvalier, Panamá a Cedras y Biamby, Estados Unidos a Constant, Brasil a Stroessner, y Arabia Saudita a Amin. Los esfuerzos de activistas humanitarios para buscar justicia en esos países han sido infructuosos.
Un embajador saudita dijo a HRW que cualquier intento de procesar a Amin violaría las tradiciones de hospitalidad beduina, las cuales indican: "Si das la bienvenida a un huésped en tu tienda, no debes echarlo luego".
En noviembre de 1999, cuando HRW instó a Panamá a presentar cargos contra Cedras y Biamby, la cancillería de ese país declaró que "podría ser un precedente peligroso conceder el derecho de asilo para resolver problemas políticos en países vecinos y luego negarlo a los beneficiarios".
Esos fracasos no han desanimado a quienes buscan "notificar a los tiranos" que sus días en libertad están contados.
"Hasta hace poco parecía que si alguien asesinaba a una persona iba a la cárcel, pero si masacraba a miles quedaba impune. Los tiempos han cambiado", aseguró Brody.
"Los casos de Pinochet y Habrè nos han mostrado que nada es imposible, y quedonde hubo impunidad puede haber justicia", añadió. (FIN/IPS/tra-eng/mmm/da/ego/mp/hd ip/00
