Costa Rica, caracterizado hasta ahora por la paz social, está a las puertas de un grave conflicto agrario impulsado por sindicatos y campesinos que se oponen a un proyecto de reformas, que entienden haría reaparecer los latifundios en el país.
El Congreso tiene para su estudio una reforma de la agricultura a través de un conjunto de 12 proyectos, denominados el "combo agrícola", que organizaciones campesinas y sindicales dicen significará la sentencia de muerte para miles de pequeños productores en caso de ser aprobadas.
"Esto favorecerá el renacimiento de los terratenientes y de los latifundios", denunció Walter Quesada, representante de la Unión de Empleados del Instituto de Desarrollo Agrario.
En Costa Rica, con una población de 3,5 millones de personas, se estima que existen alrededor de 150.000 agricultores.
Los líderes de los sindicatos más fuertes del país ya expresaron su oposición al combo agrícola y anuncian protestas callejeras para el momento en que el parlamento comience a evaluar detalles de los proyectos.
Quesada explicó que el estatal Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) tiene asentamientos campesinos en todo el país, lo cual ha posibilitado la entrega de tierras a unos 35.000 agricultores.
Las leyes en vigor obligan a los agricultores costarricenses a tener un vínculo con el IDA durante 15 años, lapso en el cual no pueden vender sus parcelas. Sin embargo, la nueva propuesta legislativa permite que los campesinos vendan sus terrenos después de sólo tres años.
Los líderes sindicales entienden que el problema radica en que alrededor de los territorios adjudicados por el Estado abundan grandes propietarios, que a mediano plazo estarán habilitados para comprar esos terrenos.
"Esta ley también logrará que las empresas hoteleras puedan acaparar las mejores tierras", afirmó Quesada.
Para los críticos del combo agrícola, uno de los problemas centrales es que en muchas de las iniciativas se intenta dar participación a los sectores privados en la definición de las políticas agropecuarias y comerciales.
Pero esa no es una tarea del sector privado sino del gobierno, sostienen sindicalistas y economistas locales.
Expertos explican que la iniciativa que genera mayor polémica es la de ordenamiento de negociaciones comerciales, que crea un consejo consultivo integrado en forma mayoritaria por delegados empresariales y encargado de definir y ejecutar las políticas comerciales, una labor que hoy realiza el Ministerio de Comercio Exterior.
El 2000 parece constituirse en el año de nacimiento de la convulsión social en Costa Rica, ya que desde hace un mes se realizan multitudinarias protestas callejeras en contra de un proyecto que pretende la apertura a privados de las telecomunicaciones, actualmente en monopolio estatal.
Otros economistas, sin embargo, sostienen que el sector agrícola costarricense requiere de reformas inmediatas para superar la severa crisis que lo afecta, debido a "un proteccionismo mal dirigido".
"No es viable más proteccionismo a la agricultura. Es claro que a los agricultores no podemos dejarlos tirados porque se morirían de hambre, pero hay que promover un cambio ordenado a la siembra de otros productos", comentó el ex ministro de Comercio Exterior Francisco Chacón (1994-98).
Cientos de pequeños agricultores de Costa Rica se dedican al cultivo de productos, como papa y cebolla, que en el mercado local resultan más caros que los importados de otros países de América Central, pese a los altos aranceles.
La importación de papa está gravada en 45 por ciento y la cebolla en 49 por ciento.
"No podemos seguir engañándonos, ya que continuar produciendo así no es sostenible", afirmó Chacón.
Sin embargo, las organizaciones campesinas refutan estos argumentos y sostienen que la falta de competitividad es por causas ajenas a ellos.
"Es muy fácil decir que no somos competitivos, pero la razón es que los agricultores tenemos que lidiar en este país con altas cargas sociales", explicó a IPS Basileo Rodríguez, secretario general de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Costarricenses (UPA Nacional) que agrupa a 19.000 campesinos.
Rodríguez agregó que la carga tributaria de la producción agrícola ronda 42 por ciento.
Además, en países otros países, como Canadá, los intereses para préstamos a los agricultores rondan ocho por ciento, mientras que en Costa Rica no bajan de 24 por ciento.
"Ninguno de los proyectos del combo agrícola le da una respuesta a los problemas que tenemos", señaló Rodríguez, quien sostiene que la nueva legislación en estudio es un "parche" que apenas cubre algunas de las emergencias que afronta el sector.
UPA Nacional propone una reforma estructural que ponga a disposición de los campesinos las investigaciones que realizan científicos nacionales.
También propone la eliminación de factores que elevan los precios de los insumos agrícolas, así como la erradicación de buena parte de los trámites exigidos para obtener créditos bancarios. (FIN/IPS/nms/dm/if/00
