Manifestantes saquearon e incendiaron hoy oficinas públicas en la provincia argentina de Salta, limítrofe con Bolivia, luego de que las autoridades reprimieran una protesta de desempleados que desde hacía 10 días mantenían cortada una carretera nacional.
El epicentro del conflicto es General Mosconi, una localidad que comenzó su larga crisis en 1995 con el cierre de refinerías de petróleo por la privatización de la petrolera YPF. Pero también abarca la localidad de Tartagal. Entre una y otra población se halla la ruta 34, que fue bloqueada por los manifestantes.
La Gendarmería (policía de fronteras) desalojó la carretera en la madrugada de este viernes y durante la represión, que siguió en los barrios de viviendas aledaños a la ruta, hubo 10 heridos por gases lacrimógenos y balas.
Un camionero que no podía cruzar la ruta desde hace días, murió de un paro cardíaco.
Manifestantes desalojados de la carretera incendiaron entonces la sede del gobierno municipal de General Mosconi y otras oficinas, enardecidos contra el gobierno nacional y el provincial y contra el alcalde de esa localidad, cuya residencia también estuvo a punto de ser quemada.
Primero rompieron los vidrios de la sede municipal, a la que ingresaron violentamente, y después arrojaron al suelo y destrozaron teléfonos, aparatos de fax, escritorios, lámparas y computadoras. Por último, pusieron fuego a la oficina completa y lo mismo hicieron con la Dirección General de Rentas de la localidad.
Paralelamente, una multitud de vecinos, en apoyo a los manifestantes expulsados de la carretera, realizaron una procesión encabezada por la imagen de la Virgen María. Unos 10.000 peregrinos llegaron hasta la ruta y la cortaron pacíficamente, pero nuevamente fueron desalojados con gas lacrimógeno.
A esta nueva manifestación, mayor que la primera, se sumaron pobladores de otras localidades, entre ellas Tartagal y Cornejo, todas del mismo departamento, que está afectado gravemente por la desocupación que causaron la privatización de YPF y la falta de empleos alternativos.
La crisis se gestó hace poco más de una semana, cuando unas 300 personas atravesaron camiones en la ruta para impedir el paso y reclamaron el pago de subsidios de desempleo atrasados, que esa ayuda se prorrogue dos años y el aumento de su monto de 160 a 200 dólares por mes.
Los programas de subsidio de desempleo habían postergado el conflicto social desde 1997. El gobierno anterior, de Carlos Menem (1989-1999), otorgó la subvención con fondos nacionales y adelantaba a Salta dinero de la recaudación impositiva para que financiara sus propios planes de asistencia.
Pero el desequilibrio fiscal que se presentó en las cuentas nacionales en 1999 decidió al gobierno de Menem suspender todos los planes de subsidio de desempleo en el nuevo presupuesto. Menem cedió el poder al nuevo presidente, Fernando de la Rúa, quien fue el encargado de anunciar el recorte.
El desempleo llegó en Argentina a 18,4 por ciento a mediados de los años 90 y bajó a 13,4 por ciento este año. Sin embargo, la caída del indicador no es un dato necesariamente positivo, pues muchas personas renunciaron a buscar trabajo y el empleo en la administración pública es en muchos casos un subsidio encubiertos.
De la Rúa redujo a 37.000 los 200.000 puestos de trabajo que creó Menem con esos programas, y los primeros efectos del recorte comenzaron a verse en abril en la provincia de Santa Fe, al noroeste de la capital, donde también se produjo un corte de carreteras y cuyas autoridades señalaron el agravamiento de la tensión social.
Los manifestantes reclamaron en Santa Fe la prórroga de los planes de ayuda a los desempleados, que consisten en la limpieza de calles, plazas y hospitales y en otras tareas de tipo comunitario, pues la paga obtenida, aunque magra, es el único ingreso de miles de familias.
Lo mismo ocurre en Salta. En Argentina, una familia de dos adultos y dos niños necesita un ingreso cercano a los 1.300 dólares para subsistir, pero los planes de empleo que se reclaman con desesperación sólo contemplan un pago entre 100 y 200 dólares al mes.
Cerca de 2.000 trabajadores desempleados percibían en Salta el subsidio de 160 dólares por mes. En diciembre, el gobierno anunció que debería eliminar esa ayuda y se produjo entonces un bloqueo de carreteras. Mediante negociaciones para extender el programa por algunos meses más, se levantó la medida de fuerza.
Pero ahora, los desempleados denuncian que llegado mayo se les deben los meses de marzo y abril, y que los programas se interrumpirán luego, sin que nada los reemplace.
Por eso, piden que sean prorrogados por dos años y que la retribución aumente a 200 dólares al mes, menos de la mitad del salario mínimo nacional, de 500 dólares.
La petición de los manifestantes no fue aceptada por el Comité de Crisis creado al comenzar el bloqueo de la ruta, y entonces, el juez federal ordenó a la Gendarmería que despejara la vía en la madrugada de este viernes, cuando se presumía que no habría niños entre quienes la ocupaban.
El gobierno nacional acusó al gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, de no administrar sus cuentas eficientemente, y, en un principio, aseguró que el problema se debía al fin de los programas provinciales de subsidio y no de los que se pagan con recursos federales. Pero luego se conoció que estos últimos también están a punto de extinguirse.
De la Rúa, pese a insistir en que se trata de un problema provincial, envió este viernes a Salta una delegación de funcionarios, a fin de encontrar una solución a la crisis, y pidió a los obispos católicos de la provincia Salta que intercedan para evitar la violencia.
Los hechos en Salta no son la primera manifestación de la crisis social de Argentina, donde al alto desempleo se suma la creciente pobreza. Más de 37 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, de acuerdo con cifras oficiales.
Desde la instalación en diciembre del gobierno de De la Rúa se registraron disturbios en la nororiental provincia de Corrientes, donde cinco personas murieron al intervenir la policía para acabar con el bloqueo de un puente.
También hubo incidentes en Santa Fe, en las provincias de Neuquén (oeste) y Tierra del Fuego (extremo sur), y en la capital, ante el Congreso Nacional.
Frente al parlamento, en abril, la policía reprimió brutalmente a manifestantes que se oponían a un proyecto de ley del gobierno – finalmente aprobado- para flexibilizar las condiciones de contratación de los trabajadores y legitimar la precarización del empleo. (FIN/IPS/mv/ff/lb/00
