Organizaciones humanitarias de Argentina manifestaron preocupación ante el respaldo del gobierno a expresiones de inquietud militar por procesos para esclarecer la verdad sobre los desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).
María Guemba, del Centro de Estudios Legales y Sociales, un centro humanitario fundado por el padre de una desaparecida, sostuvo que es "muy preocupante" la actitud de "sublevación" de los militares desde que asumió el presidente Fernando de la Rúa en diciembre.
Guemba señaló a IPS que no observa en las autoridades disposición a actuar con firmeza frente a los militares, "que deberían subordinarse a la justicia como cualquier ciudadano".
Los procedimientos en curso no persiguen el castigo de los involucrados en las desapariciones, sino información acerca del destino de las víctimas.
El derecho a la verdad fue reconocido por el Estado en 1995, en una causa humanitaria que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Corte Suprema de Argentina lo negara a una mujer que pretendía saber qué pasó con su hija desaparecida y dónde está su cuerpo.
El Estado se comprometió entonces, mediante un acuerdo legal, a dar curso a los procesos para aclarar el destino final de los desaparecidos, independientemente de que la justicia no pueda sancionar a los involucrados, que fueron beneficiados con las leyes de amnistía y con el indulto.
Tribunales y juzgados investigan casos en varios puntos del país, un hecho que mantiene en vilo a las Fuerzas Armadas, debido a que los oficiales citados por la justicia tienen que declarar como testigos, jurar decir la verdad y reportar lo que saben, aunque eso pueda poner en evidencia su inconducta en el pasado.
"El gobierno está preocupado por la falta de unificación de los criterios ante estos procesos, y quisiera contar con una ley o con un fallo de la Corte Suprema que le permitiera tener más controlado el proceso, y si fuera posible, en el ámbito (del derecho) civil, no penal", explicó Guemba.
Agregó que el poder político "está cediendo espacio a los militares". Durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999) "los militares estaban más acallados que ahora", observó.
El general Martín Balza, jefe del ejército en la era de Menem, fue autor de una histórica autocrítica por la represión ilegal perpetrada por los uniformados durante el último régimen militar.
La crítica a este nuevo protagonismo militar había comenzado a manifestarse lentamente, pero este último fin de semana fue muy explícita, tras la posición tomada por el gobierno y la cúpula del ejército ante la detención de oficiales que se habían negado a colaborar con la Justicia.
El jefe del ejército, general Ricardo Brinzoni, transmitió la inquietud y la preocupación de sus subordinados y recibió el respaldo del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy.
Antes de ese episodio, Brinzoni había negado la existencia de "un plan sistemático" de las Fuerzas Armadas durante la dictadura para el secuestro de niñas y niños, un hecho que es investigado por la Justicia y que ha determinado el procesamiento de militares.
Luego, avaló el pedido del tribunal de justicia militar para intervenir en esas causas.
Aquella declaración de Brinzoni, negando conocer instrucciones para proceder con los niños y los recién nacidos durante la represión, dio contexto de una polémica surgida a poco de la instalación del gobierno de De la Rúa, cuando ordenó hacer "limpieza de armarios" y tirar documentos, cuando la justicia buscaba pruebas del supuesto plan sistemático.
De la Rúa se limitó a pedir el lunes a los uniformados "subordinación y valor", además de "lealtad a la Constitución y al pueblo argentino".
El ministro de Justicia, el ex magistrado Ricardo Gil Lavedra, que a mediados de los años 80 juzgó a los comandantes de la dictadura, fue el único miembro del gabinete que admitió su molestia por una cierta actitud corporativa de los militares ante los procesos que buscan aclarar el paradero de los desaparecidos.
Entre el puñado de militares detenidos en la última semana por negarse a colaborar con la justicia se cuenta el ex general retirado Luciano Benjamín Menéndez, condenado en los años 80 —y luego indultado— por 47 homicidios, 77 casos de tormentos y la apropiación de cuatro recién nacidos.
Esos delitos fueron perpetrados mientras Menéndez se desempeñaba como jefe del III Cuerpo del Ejército, con sede en la central provincia de Córdoba.
El III Cuerpo del Ejército mantenía el centro ilegal de detención conocido como "La Perla", por el que habrían pasado unos 3.000 prisioneros, casi todos desaparecidos. Sólo hubo 17 sobrevivientes de ese campo en los años 70, y Menéndez tenía jurisdicción entonces sobre cuarteles, unidades penitenciarias y comisarías policiales.
Junto con otros jefes militares, Menéndez fue indultado por Menem en 1989, pero ahora ha sido citado para que aclare qué ocurrió en 1976 con 30 presos políticos recluidos en una cárcel de Córdoba y que, según aseguraron militares y civiles, fueron fusilados,
Se trata de un proceso iniciado por familiares de las víctimas para conocer la verdad, y es similar a otros que comenzaron en 1995 en la capital y en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Salta y Córdoba.
Pero es el único radicado en un juzgado de primera instancia, y también se diferencia de los anteriores en que ha dado lugar a detenciones.
Menéndez se negó a declarar ante la jueza de primera instancia Cristina Garzón y, como prevé el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba, quedó detenido durante 48 horas "para reflexionar".
Cumplido el plazo y obtenida la misma respuesta negativa, Garzón halló a Menéndez incurso en el delito de desacato y derivó su caso a un juez federal, que deberá resolver si hay lugar a su excarcelación.
La detención de Menéndez y de otros siete militares -algunos de ellos en servicio activo- además de causar inquietud en las Fuerzas Armadas, puso en evidencia los límites de la teórica voluntad manifestada por los uniformados para contribuir a aclarar el destino de los desaparecidos.
"Arrestar a los militares no contribuye a la búsqueda de la verdad", advirtió el jefe del ejército, y se quejó del "método" de detenciones que, a su juicio, "no llevará a buenos resultados sobre el destino de los desaparecidos".
La actitud aparentemente corporativa de Brinzoni fue seguida de hechos que causaron estupor entre dirigentes humanitarios.
El ministro del Interior, Federico Storani, se vio obligado a asegurar que no hay condiciones objetivas para una rebelión militar como las que estallaron a fines de los años 80 y principios de los 90 para poner fin a las causas penales por derechos Humanos.
De acuerdo con la versión de un oficial, Brinzoni se comunicó telefónicamente el viernes con Menéndez para preguntarle "qué necesitaba", y dos días antes había enviado a Córdoba al secretario del ejército, general Eduardo Alfonso, para que observara la situación de los detenidos por orden judicial, a fin de informar a los familiares de éstos.
Para preocupación de las organizaciones humanitarias, la misión del secretario del ejército tuvo el aval del ministro de Defensa, López Murphy, quien también expresó que en las Fuerzas Armadas existe inquietud ante los procesos de esclarecimiento de la verdad que derivaban en detenciones.
Este reconocimiento le valió al ministro este martes la presentación de una querella por "apología del delito", en el que están involucrados también Brinzoni y el secretario castrense enviado para realizar el informe de situación.
Brinzoni confirmó haberse comunicado con Menéndez, aunque puntualizó que lo hizo un día antes de la detención del ex general y no para transmitirle apoyo sino para pedirle que acate la citación judicial y que no hiciera nada que pudiera perjudicar al ejército.
Una justificación del mismo tenor se dió para explicar las razones de la visita del general Eduardo Ferrario a Menéndez, durante su detención. Ferrario es actualmente el segundo jefe del III Cuerpo del Ejército, y aparentemente habría visitado al detenido como parte de "un trámite, por su jerarquía".
La preocupación de los grupos humanitarios creció además con las declaraciones de la secretaria del área de derechos humanos del gobierno, Diana Conti, a quien habían respaldado en el momento en que fue designada, en diciembre.
Conti, aunque luego se rectificó parcialmente, dijo que le daba "risa" la pretendida eficacia de las detenciones que estaba ordenando la jueza de Córdoba. "Nadie está obligado a declarar en su contra, y este proceso pone al imputado ante la contradicción de mentir o autoincriminarse", señaló.
Entre tanto, Menéndez, que a mediados de los años 80 intentó amedrentar a los periodistas exhibiendo un cuchillo, desconoció la competencia de la jueza Garzón para tomarle testimonio, y aseguró que "todo esto es una nueva maniobra de la izquierda". (FIN/IPS/mv/ff/hd/00
