Parlamentarios estadounidenses promueven medidas en defensa de los derechos de trabajadores domésticos extranjeros, la mayoría mujeres, contratados por funcionarios internacionales y diplomáticos que se ubican, en los hechos, por encima de la ley.
Un proyecto ya aprobado por una comisión de la Cámara de Representantes estadounidense establece garantías de asistencia legal y servicios sociales a trabajadores domésticos inmigrantes, y protección contra la deportación si renuncian a su empleo y querellan a sus patrones por tratos abusivos.
La legislación vigente conlleva para muchos trabajadores domésticos inmigrantes el riesgo de deportación en caso de renuncia, porque sus visas fueron patrocinadas por sus empleadores, diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales con oficinas en Estados Unidos.
Entre esas instituciones figuran la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ante la falta de protección legal, los empleados domésticos que dejan a sus patrones deben atenerse a la caridad o ineficiencia de la sobrecargada burocracia de inmigración.
Por su parte, los empleadores, obligados a acatar las leyes laborales estadounidenses, esquivan el castigo invocando inmunidad diplomática o pidiendo a sus jefes que los transfieran a otros países.
El Departamento de Estado (cancillería) extiende unas 4.000 visas anuales para trabajadores domésticos inmigrantes, la mayoría de ellos para el área de Washington, según Martha Honey, directora del Programa de Paz y Seguridad en el Instituto de Estudios Políticos.
Juana Condori, una mujer de 32 años de hablar suave con un hijo a cargo, aseguró que al final de su viaje en avión desde Bolivia fue obligada a trabajar más de 12 horas diarias a cambio de un salario equivalente a menos de un dólar por hora.
Condori sostuvo que fue violada por un amigo de la familia. Al pedirle ayuda a su empleador, un abogado experto en derechos humanos que trabaja en la OEA, éste se negó a llevarla al médico o a brindarle cualquier otro tipo de ayuda.
"He sufrido más abusos de los que soy capaz de explicar", dijo a través de un intérprete en febrero a legisladores y reporteros en el Capitolio, sede del Congreso legislativo estadounidense, mientras otras ex trabajadoras domésticas lloraban en silencio.
Dora Mortey, de 28 años, procedente de Ghana, aseguró que, a su llegada a Washington en mayo pasado, se vio obligada a trabajar muchas horas con un sueldo inferior al pactado por su empleador, Amarquaye Armar, funcionario del Banco Mundial que niega la acusación.
Mortey afirmó que se le negó alimentación adecuada. "Debí lavar mi ropa con detergentes usados para limpiar baños y los pisos. Yo no dejé un trabajo de profesora en Ghana para venir a Estados Unidos y ser tratada como un perro o una esclava", afirmó.
La ecuatoriana Elizabeth Iguago afirmó que fue traida a Washington por un funcionario del FMI sólo "para ser prestada como un objeto" a una pareja estadounidense que la recargó de trabajo y le pagó un salario miserable.
"Estoy buscando justicia de este Congreso para que dé los pasos necesarios y termine con esos abusos. Se dice que este país es la patria de la libertad, pero desgraciadamente descubrimos que aquí se cometen más abusos que en nuestros propios países", afirmó Iguago.
Casi todos los que sufren tratos abusivos son mujeres que "llegan aquí con sueños y aspiraciones de mejorar y de enviar dinero a sus hogares para mantener a sus familias", señaló Honey, quien también participa en la Campaña por los Derechos de los Trabajadores Domésticos Migrantes, iniciada dos años atrás.
"Desgraciadamente, muchos terminaron padeciendo sus peores pesadillas", se lamentó la activista.
Muchos empleadores niegan las acusaciones de sus servidores. Xiomara Salgado, psicoterapeuta que hace nueve años trabaja en una agencia del gobierno de asistencia a víctimas de agresiones sexuales, afirmó haber visto casos que son "tristemente verdaderos".
"Los síntomas y reacciones que los trabajadores domésticos explotados son similares a los experimentados por prisioneros de guerra o víctimas de violencia hogareña", apuntó.
Entre las perturbaciones figuran "pensamientos recurrentes e invasores con imágenes de la experiencia traumática, pesadillas, pantallazos retrospectivos, intensa tensión psicológica, insomnio e hipervigilancia", dijo Salgado.
"Pero es común que esos trabajadores domésticos experimenten culpa por lo que les ocurre. Tienen miedo de hablar o sufrir todavía más abusos, de ser enviados de vuelta o deportados a sus países", agregó.
Volver a tener confianza en un empleador no es fácil para mujeres que han sido traicionadas por patrones que, además, son compatriotas suyos y que, en algunos casos, ofrecieron un empleo en un país extranjero a través de familiares de la víctima, explicó Salgado.
Mark Poletunow, fraile franciscano que dirige el Centro Católico Español que manejó al menos 1.000 casos desde su fundación en 1967, admitió que los abogados de los trabajadores no hicieron un buen trabajo.
Los gobiernos extranjeros se resisten a los intentos de regular la conducta de sus representantes en Estados Unidos, "pero la inmunidad diplomática nunca estuvo destinada a ser un pase libre para empleadores abusivos", apuntó el abogado Peter Flanagan, de Washington.
Además, la inmunidad en la forma que se aplica a funcionarios civiles internacionales, incluyendo los de la ONU, el FMI y el Banco Mundial, cubre únicamente las funciones desempeñadas en el marco de sus tareas oficiales.
Flanagan advirtió que "sería difícil argumentar que la retención o los tratos abusivos contra trabajadores domésticos caben dentro de las funciones y la conducta de un servidor público internacional". (FIN/IPS/tra-eng/aa/ks/ego/lb hd/00
