La decisión del gobierno de Brasil de mantener un bajo salario mínimo provocó una intensa batalla política y será, junto con el desempleo, el principal blanco de las protestas el 1 de Mayo.
Las presiones por un aumento sustancial llevaron al presidente Fernando Henrique Cardoso a decretar para el 3 de este mes la corrección anual de esa remuneración legal básica, que tradicionalmente se realiza en mayo.
Pero lo fijó en 84 dólares, el más bajo del Mercado Común del Sur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El salario mínimo brasileño perdió valor real desde su implantación en 1940 y es actualmente uno de los menores del mundo, tanto en términos absolutos como en relación con el producto interno bruto (PIB), según Marcio Pochmann, investigador de Economía del Trabajo de la Universidad de Campinas.
Su valor corresponde a solo 28,6 por ciento del PIB por habitante, lo que refleja la enorme desigualdad de ingresos que afecta a la sociedad brasileña.
La relación salario mínimo-PIB por habitante es muy inferior en Brasil a la de países de igual o menor desarrollo. En Perú llega a 35,4 por ciento, en México a 41,4 por ciento y en Argentina a 42,9 por ciento, comparó Pochmann en uno de sus estudios.
El gobierno arguye que un aumento mayor agravaría el desequilibrio fiscal, al aumentar el déficit del sistema previsional. Pero las autoridades enfrentan dificultades para mantener esa política, porque sectores del oficialismo se sumaron a la oposición en la demanda de un salario mínimo de 100 dólares.
La defección de parlamentarios oficialistas fortalece las posibilidades de modificación en el Poder Legislativo de la decisión del Ejecutivo.
El presidente estableció el nuevo salario mínimo a través de una "medida provisional", decreto con peso de ley de vigencia inmediata pero limitada a 30 días, un periodo en que supuestamente el Congreso legislativo debería votar su ratificación, rechazo o alteración.
La singular legislación de iniciativa presidencial, que sustituyó al decreto-ley considerado autoritario y de amplio uso durante el régimen militar (1964-1985), sólo es provisoria en el nombre.
En la práctica, las medidas provisorias se eternizan a través de reediciones mensuales. Hay algunas revalidadas cada mes desde hace más de cinco años, mecanismo que se aplica al salario mínimo desde 1996.
En este caso, porque a los parlamentarios oficialistas no les interesa asumir la corresponsabilidad por la baja remuneración y porque el gobierno teme que la oposición logre modificar la medida.
Este año, esa táctica enfrenta riesgos, por divisiones en la coalición gubernamental.
El presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, desató hace tres meses una intensa campaña por un "piso" de 100 dólares, uniéndose a la oposición laborista y arrastrando a parte de su conservador Partido del Frente Liberal (PFL).
Así, el gobierno perdió la tranquila mayoría que le permitía evitar enmiendas a la medida provisional.
Además, trabas en el Congreso lo llevaron a firmar un acuerdo con la oposición, aceptando la votación del nuevo salario mínimo a cambio de la aprobación del presupuesto de este año, cuyo retraso hasta principios de este mes amenazaba la gobernabilidad.
El gobierno no cumplió el acuerdo, impidiendo el miércoles la votación mediante la ausencia de sus aliados. No se alcanzó el número reglamentario de asistentes y la sesión debió suspenderse.
Así, el bloque mayoritario practicó la obstrucción, un recurso usualmente empleado por la oposición.
Pero Magalhaes, también presidente del Congreso Nacional, como se conoce a la asamblea conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, convocó una nueva sesión para el 10 de mayo, para decidir la cuestión. La batalla por el salario mínimo tiende entonces a prolongarse.
El diputado Aloizio Mercadante, del opositor Partido de los Trabajadores (PT), anunció para la próxima semana una serie de huelgas en respuesta a la decisión gubernamental de mantener un reducido salario mínimo.
Su colega José Genoino, también del PT, acusó el gobierno de romper el acuerdo, un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria de Brasil que consolida la relación de subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.
Ese cuadro alienta la movilización de trabajadores en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La Central Unica de Trabajadores y Fuerza Sindical, las dos mayores centrales del país, anunciaron actos en Sao Paulo a los que esperan convocar a más de medio millón de personas.
También los camioneros, que exigen la reducción de los peajes y mejores condiciones de trabajo, anunciaron para este lunes el comienzo de una huelga que puede paralizar el principal medio de transporte de carga del país.
El presidente del Movimiento Unión Brasil Camionero, Nelio Botelho, aseguró que un millón de camiones interrumpirán sus actividades el lunes, repitiendo una paralización que afectó el abastecimiento de las ciudades el año pasado, al bloquear las principales carreteras del país.
Setenta por ciento de las cargas son transportadas en camión.
El bloqueo de las carreteras es "inaceptable" y el gobierno empleará los medios legales y policiales para evitarlo, advirtió el ministro de Transportes, Eliseu Padilha.
Los posibles efectos de esa huelga agregan tensión a este 1 de mayo. Así mismo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informó un desempleo abierto de 8,1 por ciento.
Por su parte, un instituto vinculado a los sindicatos aseguró que el desempleo llega a 18 por ciento en Sao Paulo, el principal polo industrial del país. (FIN/IPS/mo/mj/lb if/00
