Una organización de abogados y activistas de derechos humanos radicada en Washington denunció ante la ONU que el sistema de la justicia penal de Estados Unidos viola los principios humanitarios porque actúa con discriminación y prejuicio raciales.
El Grupo Jurídico Internacional de Derechos Humanos (Law Group) pidió el apoyo de la ONU porque "cuando el país más rico del mundo desconoce en forma sistemática la humanidad de los negros, ofende la dignidad de los ciudadanos del mundo", sostuvo el abogado estadounidense William B. Moffitt.
Todas las formas de esclavitud y de segregación han sido erradicadas, pero la discriminación racial sigue prosperando de manera perniciosa en los Estados Unidos, dijeron los profesionales.
El Law Group pidió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, el máximo cuerpo en esa especialidad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que realiza su sesión anual en Ginebra.
Moffitt explicó a IPS que presentaron el problema ante la comunidad internacional porque en Estados Unidos no existe una disposición favorable para encararlo, pese a que las estadísticas y el propio gobierno reconocen que persiste el trato desigual en perjuicio de los ciudadanos descendientes de africanos.
El perfil racial, es decir, el empleo de la raza como una presunción de culpabilidad sin pruebas de conducta delictiva se ha vuelto endémico en todo el territorio de Estados Unidos, dijo la presentación del Law Group a la ONU.
Entre 1989 y 1994 se registró un aumento de 78 por ciento en el número de negras encarceladas, citó. Pero más explícito aun es el hecho de que 33 por ciento de la población negra masculina estadounidense entre 20 y 29 años se encuentran presos o en procesos de apelación.
En su exposición ante la Comisión de Derechos Humanos, Moffitt mencionó que hace 50 años el número de varones negros equivalía a cinco por ciento de los habitantes de Estados Unidos, en tanto que ascendía a 30 por ciento de la población carcelaria del país.
En la actualidad, los varones negros constituyen seis por ciento de la población mientras que los integrantes de ese sector encarcelados se elevan a un asombroso 50 por ciento.
Las desigualdades se observan con mayor claridad en los procesos por delitos vinculados con las drogas, advirtió Moffitt ante los representantes de los 53 estados del país norteamericano.
Cada año, a las minorías corresponde menos de 20 por ciento de los detenidos por casos de drogas, más de 30 por ciento de los procesados, casi 50 por ciento de los convictos y más de 70 por ciento de los enviados entre rejas por esos delitos.
La denominada "guerra contra la droga" que se libra en Estados Unidos es básicamente "una guerra contra las minorías de la población", sostuvo el abogado.
En Estados Unidos se acuñó, en el pasado, un prejuicio que asociaba el opio con la población de origen chino, la marihuana con los mexicanos y la cocaína con los negros. Esa discriminación racial y étnica "sigue viva", describió Moffitt, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penalistas.
El abogado refirió que el régimen de justicia federal de su país está basado en un sistema de pautas para dictar sentencias y de penas mínimas obligatorias. En el caso de los delitos por drogas, rige un sistema establecido según una orientación matemática que se basa en el peso de los narcóticos secuestrados.
Esas normas, dictadas por el Congreso legislativo de Estados Unidos, determinan la existencia de un tipo de cocaína, el crack, diferente de otros, aunque no brinda definición científica de ninguno, explicó Moffitt.
En esas pautas, los legisladores establecieron que a los efectos de la pena, un gramo de crack equivale a 100 gramos de otro tipo de cocaína. "Nos opusimos a esa norma", dijo el abogado, pero los tribunales respondieron que "ellos son legisladores y pueden dictarlas".
Pero el crack es la más barata de las variedades de la cocaína. Por lo tanto, los más afectados por esta desigualdad, de ciento contra uno, son los que ocupan el peldaño inferior de la escala económica, que tienden a ser, primero, los pobres, y luego, los integrantes de minorías, comentó Moffitt.
Por esta causa, muchachos que perciben unos 100 dólares para llevar más de 15 gramos de Nueva York a Washington sufren la pena mínima obligatoria de 10 años y a veces hasta una condena a perpetuidad, lamentó.
En consecuencia, una mayoría aplastante, 85 por ciento de las personas procesadas por la aplicación de esas leyes, pertenecen a las comunidades negra o latinoamericanas.
Los hijos de los negros van a la cárcel por más tiempo y reciben un tratamiento mucho más duro, protestó el abogado.
La presentación de los abogados estadounidenses sostuvo también que pruebas abrumadoras demuestran que el empleo de la pena de muerte en el sistema de justicia penal de su país está viciado por la discriminación de razas y de clases sociales, "lo que es arbitrario e injusto".
George H. Kendall, asesor de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penalistas, dijo que si la víctima es blanca, cualquiera sea el acusado tiene cuatro veces más posibilidades de recibir una condena a la ejecución que si la víctima no es blanco.
Eso demuestra que, históricamente, el sistema ha valorizado mucho más la vida del blanco que la de otros, afirmó Kendall. En Estados Unidos, sobreproteger a los blancos y subestimar a los demás es una vieja práctica en la administración de la pena de muerte, dijo.
Nunca se habían visto en la historia estadounidense tasas de encarcelamiento como las actuales, que están a punto de superar a las de Rusia, comentó el letrado. Y el aumento no se registra entre los blancos, sino entre los presos negros.
Tampoco había antecedentes del número de mujeres presas en la actualidad, que básicamente son negras, afirmó Kendall.
En 1980, la población carcelaria de todo Estados Unidos ascendía a 200.000 personas. Ahora suman dos millones, citó. Solo en California hay actualmente 200.000 presos y en Texas suman unos 160.000.
En la mayoría de los estados del país, la persona detenida por un delito pierde su derecho al voto. En consecuencia, 1.400.000 miembros de minorías no pueden votar en las elecciones.
Ese aspecto reviste importancia especial, comentó Moffitt, porque a esa gente se le priva de su poder político y de su capacidad para cambiar el sistema. Esos ciudadanos reciben un trato inhumano y se los despoja de su capital más valioso.
El Law Group pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que examine las violaciones por discriminación racial y prejuicio racista en el sistema de justicia penal de Estados Unidos y que estudie la posibilidad de enviar al país algunos de los relatores especiales sobre aspectos temáticos de los derechos humanos. (FIN/IPS/pc/mj/hd/00
