Una conferencia diplomática internacional abordará en diciembre el diferendo que separa a los intérpretes de los grandes productores respecto de los derechos de propiedad intelectual de las obras audiovisuales.
Transnacionales del espectáculo pretenden que la conferencia intergubernamental confirme la tendencia de las últimas décadas a concentrar los derechos en los productores en perjuicio de intérpretes y ejecutantes de audiovisuales, dijo Carlos Bracho, de la Asociación Nacional de Intérpretes de México.
La conferencia, convocada por los estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se celebrará del 7 al 20 de diciembre. Jamaica considera la posibilidad de ofrecerse como sede.
La oficina internacional de la OMPI recibió el encargo de preparar las propuestas de un instrumento multilateral que condense las distintas posiciones para que sea discutido por los estados entre septiembre y noviembre.
La primera diferencia entre los estados surge en torno de la naturaleza del instrumento que deberá regir los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales.
La Unión Europea y una mayoría de países miembros prefieren que ese instrumento se cristalice como un protocolo anexo al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas concertado en diciembre de 1996.
En cambio, Estados Unidos sostiene que debe tomar la forma de un tratado aparte, aunque acepta que su naturaleza definitiva deberá determinarse sólo después de establecerse el contenido.
Entre europeos y estadounidenses surgieron diferencias profundas en los debates de la semana pasada en Ginebra, en los que intervinieron representantes de 74 estados miembros y de la Comunidad Europea, reunidos con el auspicio del Comité Permanente de la OMPI de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
También participaron de la reunión representantes de empresas productoras, de sindicatos, de sociedades de gestión y de otras organizaciones no gubernamentales.
Las divergencias tienen relación con la importancia creciente del mercado derivado de los derechos de autor. Un informe de la OMPI dijo que en un año se publican alrededor de un millón de libros/títulos y unas 5.000 obras cinematográficas. El número de copias de fonogramas vendidos por año supera los 3.000 millones.
Uno de los problemas políticos principales se relaciona con la cuestión del trato nacional, un principio que excluye la posibilidad de discriminación contra extranjeros.
En los derechos de autor, que tienen por objeto las obras literarias y artísticas, el trato nacional se aplica prácticamente sin excepciones. Ese principio contempla la aplicación a las obras extranjeras del mismo trato que reciben las de origen nacional.
En cambio, en los derechos conexos, que abarcan entre otros a las obras audiovisuales, los niveles de protección han sido diferentes de un país a otro.
El pago de derechos por la difusión de discos compactos no es reconocido por todos los países, ejemplificó un funcionario de la OMPI. Esas diferencias causan grandes distorsiones en los flujos monetarios transfronterizos, explicó.
Estados Unidos aboga al respecto por una aplicación extendida del principio de trato nacional. En contraste, los países que otorgan mayor protección a los intérpretes nacionales, propician que ese principio sólo garantice los derechos mínimos reconocidos por los acuerdos internacionales.
La Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes manifestó su oposición a la propuesta de Estados Unidos en relación con el trato nacional.
Otras divergencias se refieren a la cuestión de la cesión de derechos, un debate suscitado por otra propuesta de Estados Unidos para que que se establezca la presunción de que los derechos de los intérpretes deben ser cedidos a los productores.
La pretensión estadounidense refleja la realidad jurídica y comercial de ese país y de otros más, explicó una fuente de la OMPI. Nadie va a invertir decenas de millones de dólares en una película si no tiene la seguridad de disponer de todos los derechos sobre la obra, argumentó.
Pero el criterio es diferente en otras naciones. En Europa, por ejemplo, existe una tendencia creciente a que la gestión de esos derechos se realice de forma colectiva.
Los derechos permanecen en poder de los intérpretes, en el entendimiento de que esos ejecutantes son miembros de organizaciones a las que han transferido sus derechos.
La industria cinematográfica establecida en Estados Unidos pretende que, a través de esa presunción de cesión de derechos, se elimine la necesidad de adaptar los mecanismos de comercialización internacional a las legislaciones vigentes en cada país.
De lo contrario, explicó la fuente, cada vez que se redacta un contrato de distribución de una película tendrían que tener en cuenta centenares de legislaciones nacionales diferentes.
La Unión Europea y otras regiones tienen otra opinión. Para los europeos se trata de una cuestión política interna, porque esos derechos ya han sido garantizados a un grupo determinado, los intérpretes. Una modificación puede tener un costo político.
Los países africanos también se oponen a la presunción, dijo la fuente. La posición de los intérpretes de Africa con relación a la industria "es tan débil, que aceptar la presunción les privaría de las bases de negociar condiciones con ese sector empresarial".
Bracho comentó que en las discusiones de la semana pasada, los países europeos mostraron una posición "un poco más sensible a la protección de los derechos, a diferencia de Estados Unidos".
Los estadounidenses pretenden que el productor sea el dueño para que pueda determinar el destino de la obra.
Washington pretende modificar todas las leyes que protegen al intérprete y transferir los derechos a transnacionales de la producción audiovisual como Time Warner Entertainment, Sony Music y Columbia Pictures, insistió Bracho.
El actor mexicano relacionó el comienzo del proceso de mundialización de la economía con la pérdida de derechos que afecta a intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales.
"A partir de entonces, los gobiernos comenzaron a quitar los beneficios que teníamos los trabajadores y se los empiezan a dar al productor", dijo.
Antes de ese fenómeno, México colocaba sus películas en el mercado internacional y "los intérpretes obteníamos regalías de todo el mundo", recordó.
Ahora, las transnacionales que manejan la mundialización son las dueñas de esas películas y deciden cuando pagan regalías porque las leyes reformadas se los permiten, lamentó.
En el proceso previo a la conferencia diplomática de diciembre, los sindicatos de intérpretes, las sociedades de gestión y las organizaciones no gubernamentales "trataremos de convencer a los gobiernos de formar un frente común", adelantó Bracho. (FIN/IPS/pc/mj/if cr/00
