La capital de Chile se acerca nuevamente a períodos ambientales críticos, que pondrán a prueba las medidas de descontaminación del nuevo gobierno de Ricardo Lagos, apoyadas por los ecologistas, pero rechazadas por sectores políticos, municipios y automovilistas.
Los informes meteorológicos registran un progresivo deterioro de las condiciones atmosféricas, lo cual podría posibilitar en los próximos días una alta concentración de sustancias tóxicas en la atmósfera de esta ciudad de cinco millones de habitantes, una de las más contaminadas de América Latina.
Si persiste la ausencia de lluvias, con el consiguiente deterioro de la calidad del aire, las autoridades de la Región Metropolitana tendrán que decreta el estado de preemergencia ambiental, que contemplará ahora mayores restricciones para la circulación de automóviles.
Por primera vez se incluiría a los vehículos equipados con convertidor catalítico en el llamado régimen de restricción vehícular y se aplicaría la prohibición absoluta al tránsito de automóviles particulares en las principales avenidas de Santiago, en otro mecanismo inédito en los programas de prevención ambiental.
Lagos, quien asumió como presidente el 11 de marzo, lanzó hace una semana un nuevo plan de descontaminación de Santiago, con 14 medidas básicas que fueron recibidas con escepticismo por la población y calificadas por la prensa como repetitivas respecto de los numerosos programas anteriores.
El plan de Lagos insiste en propuestas de pavimentación de calles en los suburbios de la capital para disminuir el polvo en suspensión, en reforestar masivamente Santiago y sus alrededores y en promover el desplazamiento de establecimientos industriales a otras regiones de Chile.
Del mismo modo replantea la racionalización de los sistemas de transporte, mediante cobros de peajes en futuras autopistas urbanas, para desalentar el uso de automóviles particulares, mejoramientos en el sistema de autobuses con introducción de unidades no contaminantes y ampliación del Metro (ferrocarril metropolitano).
Con ligeras variables, las mismas medidas fueron incorporadas en el programa de descontaminación de Santiago implementado por el presidente Patricio Aylwin (1990-94) y de los dos planes que se lanzaron bajo la administración de Eduardo Frei (1994-2000), antecesor de Lagos.
Desde antes del lanzamiento de este último plan se había instalado un factor nuevo, con el anuncio de Sergio Galilea, intendente (representante gubernamental) de la Región Metropolitana, de incluir los vehículos con convertidor catalítico, para el uso de gasolina sin plomo, en los regímenes de restricción bajo estados de alerta ambiental.
En 1986, en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 90), se comenzó a aplicar la restricción vehícular en los meses de otoño e invierno (abril a septiembre), que consiste en reducir cada día, de lunes a viernes, en 20 por ciento la circulación de automotores.
Desde sus orígenes, este mecanismo excluyó a los vehículos catalíticos, mientras la restricción a los automóviles convencionales fue ampliándose sucesivamente y abarca hoy desde marzo a noviembre.
En virtud del primer plan de descontaminación de Santiago, se estableció también que a partir de 1992 sólo se autorizaría en la capital, mediante las respectivas patentes o permisos de circulación, la venta de vehículos nuevos con catalizador.
Resultado: en estos ocho años el parque de automóviles particulares a gasolina sin plomo se multiplicó, sobre todo en los municipios de altos ingresos, lo cual agravó los problemas de congestión vial, incluso en los episodios de preemergencia, cuando la restricción a los automóviles no catalíticos aumenta a 40 por ciento.
La idea de ampliar la restricción a los automóviles catalíticos fue rechazada por algunos parlamentarios, por considerarla contradictoria con las políticas que estimularon desde 1992 la introducción de estos vehículos, que generan 80 por ciento menos de contaminantes que un automotor convencional.
Legisladores de derecha amenazaron con bloquear la medida a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo cual obligó al gobierno de Lagos a suspenderla para realizar un acabado estudio jurídico y aplicarla posiblemente a partir del 2001.
No obstante este traspié, el mandatario planea incluir el tema de la restricción a los vehículos con sistema catalíticos en una consulta ciudadana ambiental que se llevaría a cabo en mayo, con participación voluntaria de los habitantes de Santiago.
Mientras se continuaba cuestionando lo "rutinario" del nuevo plan de descontaminación, el lunes último el Ministerio de Transporte, la Intendencia Metropolitana y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) hicieron un inesperado y polémico anuncio.
Se trata de la prohibición absoluta del desplazamiento de automóviles particulares, catalíticos y convencionales, en los seis ejes viales fundamentales de Santiago durante los días de emergencia ambiental.
Los automovilistas tendrán que usar calles secundarias o sumarse al objetivo de fondo de esta resolución y dejar su vehículo en casa para desplazarse en los autobuses del transporte urbano, cuya velocidad de desplazamiento en las calles menos congestionadas aumentará entre 30 y 40 por ciento, según los estudios oficiales.
Estos cálculos fueron objetados por políticos de derecha, que cuestionan también las facultades de los organismos del gobierno central para reglamentar el uso de las calles, porque consideran que es privativo de los municipios.
Algunos gobernantes municipales reclamaron también contra la medida, al igual que residentes en barrios ricos de la periferia de Santiago, los cuales se quejan de que la ciudad carece de una infraestructura de estacionamientos públicos en los cuales dejar encargados sus vehículos para continuar desplazándose en autobuses o en el Metro.
Los empresarios del transporte público de pasajeros aplaudieron, en cambio, el anuncio y manifestaron, incluso, su disposición a rebajar las tarifas, que equivalen a 50 centavos de dólar, en los días de emergencia ambiental.
Las organizaciones ecologistas dieron un entusiasta apoyo a esta medida, que responde a sus viejas demandas de desalentar el uso del automóvil y privilegiar un transporte público "amigable con el ambiente".
El Instituto de Ecología Política destacó que un autobús, con capacidad para transportar 40 pasajeros, ocupa el mismo espacio vial que tres automóviles particulares, que se desplazan en Santiago llevando un promedio de 1,5 personas.
No obstante, la organización ambientalista insistió en que un programa integral de descontaminación de Santiago debe privilegiar los medios de transporte alternativos, con la construcción de ciclovías, para bicicletas, y la construcción de trenes eléctricos livianos de superficie. (FIN/IPS/ggr/dm/en/00
