Los paramilitares de Colombia aumentaron su actividad en busca de un lugar en las negociaciones de paz con el gobierno y este fin de semana en tres ataques asesinaron a seis personas, otras dos están desaparecidas, y arrasaron una localidad.
Las autoridades locales informaron que un grupo de hombres armados llegó hasta San Luis Beltrán, zona rural del municipio de Yondó (departamento de Antioquia) al noroeste del país, y dieron muerte este domingo a seis personas, entre ellas un menor, tras acusarlas de colaborar con la guerrilla.
El alcalde de Yondó, Eliseo Gaona, afirmó que otros dos campesinos se encuentran desaparecidos.
Por su parte, los habitantes del lugar dijeron que los atacantes, que sumaban unos 100 hombres, portaban brazaletes de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las víctimas formaban parte de las 30 familias que aún quedan en el lugar, ya que 100 restantes abandonaron sus viviendas para escapar de las amenazas de que eran objeto por parte de las AUC
También se informó que en Monte Cristo, localidad rural del departamento de Bolivar, en el norte de Colombia, continuaban este lunes y por cuarto día consecutivo los combates entre las AUC y las insurgentes Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), que originaron el desplazamiento de muchos campesinos.
A su vez, en Filogringo, localidad del departamento de Norte de Santander (nordeste), 91 familias abandonaron sus hogares este fin de semana tras otro ataque de las AUC, que incendiaron 10 viviendas y dejaron semidestruidas otras 62.
Este lunes, el Ejército colombiano afirmó que retomó el control de esa localidad para garantizar el retorno de sus habitantes.
Rosa León, una de las habitantes de Filogringo, afirmó que "ellos (los paramilitares) permanecieron cuatro días, durante los cuales saquearon viviendas, se llevaron lo que les servía y las incendiaron", pero no asesinaron a nadie porque "todos obedecieron y abandonaron el lugar".
La familia de León, integrada por su esposo y seis hijos, fue la única que quedó en el lugar pese a las amenazas.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que los pobladores de esta localidad, que era habitada por 116 familias, fueron abandonando el lugar desde enero, tras haberse cometido cerca de 26 masacres en la región.
La nueva escalada paramilitar se produjo pocos días después de que el jefe de las AUC, Carlos Castaño, en una entrevista por televisión, reconoció sus nexos con el narcotráfico, ser autor de las masacres de campesinos acusados de colaborar con la guerrilla y pidió ser tenido en cuenta en las negociaciones de paz.
Castaño habló en el programa Cara a Cara, del canal privado Caracol, la misma semana en que dos informes acusaron a las AUC de violar los derechos humanos y de tener vínculos con los militares, lo cual fue interpretado por algunos expertos como "una estrategia para alcanzar reconocimiento político".
El Departamento de Estado de Estados Unidos y la organización no gubernamental Human Rigts Watch (HWR) afirmaron en dos informes divulgados por separado la semana pasada que los paramilitares son los principales violadores de los derechos básicos en Colombia.
El sacerdote católico Javier Sanín, decano de la facultad de Ciencia Política de la privada Universidad Javeriana, dijo a IPS que Castaño buscó con sus declaraciones "reconocimiento político", lo cual se evidenció cuando anunció que pediría amnistía para los 11.200 combatientes que dice tener.
Sanín agregó que Castaño quiere adquirir condición política "para intervenir en las negociaciones de paz con el gobierno y mostrar que la desmovilización de los paramilitares es un asunto político".
No obstante, en opinión del ex canciller Augusto Ramírez, el jefe paramilitar sólo podría situarse políticamente "si adquiere un compromiso para respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Los grupos paramilitares fueron creados por hacendados y comerciantes a comienzos de la década de los años 80, con apoyo del Ejército, para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero en 1989 el gobierno los declaró ilegales por sus vínculos con el narcotráfico y violar los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo afirma que las AUC fueron responsables en 1999 del asesinato de 902 personas en 155 masacres contra civiles a los que acusaron de tener vínculos con la guerrilla. (FIN/IPS/yf/dm/hd ip/00
