El juez Juan Guzmán dio inicio hoy en Chile a los trámites procesales que podrían llevar a revocar la inmunidad parlamentaria al ex dictador y senador vitalicio Augusto Pinochet y juzgarlo por los crímenes cometidos en 1973 por la llamada "caravana de la muerte".
La decisión del juez, que acumula 66 querellas penales contra el ex gobernante de facto, se produjo mientras se intensifica la polémica en torno del recibimiento con honores militares que las Fuerzas Armadas le tributaron el viernes, cuando regresó a Chile luego de 503 días de arresto en Londres.
Guzmán elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago los antecedentes del juicio sobre 19 desapariciones forzadas atribuidas a la "caravana de la muerte", misión especial del Ejército que tuvo como fin "agilizar" procesos contra presos políticos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Si el tribunal acoge la solicitud del magistrado abriría los cauces legales para procesar al ex dictador, pero el trámite de desafuero (cese de la inmunidad legislativa) contempla apelaciones que llevarían el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, como última instancia de fallo judicial.
Pinochet fue liberado el día 2 por el ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, quien aplicó razones de clemencia al anciano general de 84 años.
Straw invocó exámenes médicos según los cuales Pinochet no podía sobrevivir el largo juicio de extradición a España que se le abrió el 8 de octubre de 1999 en Londres.
La decisión de Straw fue criticada por los gobiernos de Bélgica, Francia y Suiza e impugnada en sus fundamentos por organizaciones humanitarias, que estimaron poco confiables los informes de los médicos británicos y pidieron nuevos exámenes para verificar el real estado de salud de Pinochet.
El ex dictador, recibido con honores militares el viernes en la principal base aérea de Santiago, se mostró sonriente e hizo gala de un estado físico que desmentía las conclusiones de los médicos ingleses, que incluso le habían diagnosticado síntomas de demencia senil.
Tanto el estado de Pinochet como el despliegue de las Fuerzas Armadas y los partidarios del ex dictador provocaron molestia en el gobierno de Eduardo Frei, quien el sábado próximo entregará el gobierno al mandatario electo Ricardo Lagos, en un traspaso dentro de la oficialista Concertación por la Democracia.
Partidos de la gobernante coalición de centroizquierda y organizaciones de víctimas de la represión consideraron una provocación los honores militares al ex dictador.
Pinochet regresó al país gracias a razones humanitarias sin que pudiera demostrar inocencia en los crímenes contra la humanidad que se le imputan, recordaron.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos señaló que la buena salud mostrada por Pinochet demuestra que su liberación fue fruto de "presiones" políticas del gobierno de Frei sobre Gran Bretaña y España, para que se interrumpiera el proceso de extradición del ex dictador a Madrid.
La tormenta política desatada por el retorno de Pinochet tiene al borde del fracaso a la Mesa de Diálogo civico-militar sobre derechos humanos, instalada en agosto de 1999 por iniciativa del ministro de Defensa, Edmundo Pérez.
El objetivo de esa instancia es buscar fórmulas que permitan esclarecer la suerte de unos 1.200 desaparecidos bajo la dictadura.
Luego de varios meses de difícil diálogo entre altos oficiales castrenses y algunos abogados defensores de derechos humanos, el jueves de la semana pasada se pudo redactar un documento con un conjunto de acuerdos básicos para establecer un mecanismo de recolección de informes de militares sobre los desaparecidos.
Los abogados Héctor Salazar y Roberto Garretón, integrantes de la mesa, advirtieron que la recepción militar al ex dictador implicaba "una vuelta al pasado", que anulaba los avances en el diálogo.
La ceremonia implicaba, además, volver a identificar a las Fuerzas Armadas con un ex dictador que se niega e reconocer las violaciones de derechos humanos, agregaron.
Los abogados señalaron que se requiere ahora de otras garantías sobre el papel de los militares en la Mesa de Diálogo, entre ellas un apoyo explícito a la labor de los tribunales en la investigación de crímenes represivos, incluyendo las querellas contra Pinochet que instruye el juez Guzmán.
La mesa se volvió a reunir este lunes, en un largo debate, como parte de los esfuerzos para salvar esta iniciativa del ministro Pérez, quien admitió que se requiere "una nueva discusión", luego del impacto del retorno de Pinochet que "no ayuda a la reconciliación que todos estamos buscando".
Mientras el ministro de Defensa llevaba a cabo la virtual "maniobra de salvataje" del diálogo, el juez Guzmán presentaba a la Corte de Apelaciones, horas antes de que se presentaran otras cinco querellas contra el ex dictador, que aumentaron a 66 el número total de demandas desde enero de 1998.
El abogado Hugo Gutiérrez, uno de los siete defensores de derechos humanos que iniciaron la semana pasada el requerimiento de desafuero, dijo que la decisión del juez Guzmán demuestra que el magistrado estableció la existencia de antecedentes suficientes para establecer la culpabilidad de Pinochet.
Los siete juristas sostienen que el ex dictador puede ser acusado como autor inductor de los 19 secuestros atribuidos a la "caravana de la muerte", el grupo que recorrió varias ciudades de Chile entre septiembre y noviembre de 1973 bajo el mando directo del general Sergio Arellano Stark.
En junio de 1999 Guzmán ordenó la detención de Arellano Strak y otros cuatro oficiales y suboficiales del grupo, todos ellos ya retirados del servicio activo, bajo cargos de secuestro, en tanto las 19 víctimas continúan desaparecidas.
De esta manera, el juez eludió la aplicación a esos militares de los beneficios de la ley de amnistía de 1978, en tanto el secuestro constituye un delito permanente mientras no aparezca la víctima, viva o muerta. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/99
