La negociación de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entró en una decisiva fase, al acordarse como primer punto de la agenda la definición del modelo económico.
La elección de los temas económicos, contenidos en los puntos tres y cinco de la agenda común definida por las partes el 6 de mayo, fue bien recibida por analistas y representantes empresariales, que la consideraron el paso más importante del proceso de paz en los últimos 14 meses.
Los negociadores del gobierno y de las FARC, el mayor grupo guerrillero del país, anunciaron en una declaración conjunta el 29 de enero que buscarán "un modelo económico construido en el estilo que los colombianos quieren, en el contexto de un mundo globalizado, dejando de lado los modelos radicales".
Luis Villegas, presidente de la Asociacion Nacional de Industriales (ANDI), y Sabas Pretelt, de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), subrayaron que la declaración revela una posición abierta por parte de la guerrilla en los temas más polémicos del proceso de negociación.
Los presidentes Fenalco y de ANDI, que reúne a los 30 principales sectores de la producción, coincidieron en señalar la importancia de definir el modelo económico antes de abordar otros temas, como la reforma política o el sistema democrático.
El Consejo Gremial Nacional, en el que participan los 13 principales sectores económicos, había pedido que el tema del modelo económico fuera el primero en abordarse en esta etapa de las negociaciones.
Su presidente, Jorge Visbal, dijo que "la mayor polarización por los temas conceptuales que se dará en la mesa de negociaciones se presentará por los asuntos relacionados con el modelo económico", por lo que considera favorable para el proceso que se aborden en el inicio.
Analistas evaluaron en forma positiva la posición del Consejo Gremial Nacional, porque lleva implícito el reconocimiento del origen económico de los problemas del país y de las distintas formas de violencia.
El ex canciller Augusto Ramírez, miembro del Consejo Nacional de Paz (CNP), dijo a IPS que haber articulado en un solo tema los dos puntos de la agenda que tratan los temas económicos "significa un gran avance en la negociación".
"Ya hay un plano bien definido" a nivel conceptual, en el que se establece que ni el capitalismo salvaje ni el colectivismo socialista, añadió Ramírez, quien fue representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en el proceso de paz de El Salvador.
En su opinión, en el mundo se ha desechado a los dos modelos extremos "ante el fracaso tanto del modelo comunista como el del capitalismo salvaje" y se está buscando una solución mucho más pragmática, "una economía globalizada, que exige adicionalmente la acción del Estado".
No obstante, Ramírez lamentó que no se haya convenido analizar el tema del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
Los negociadores acordaron iniciar la negociación con los puntos tres y cinco de la agenda, que comprenden la revisión del modelo económico, políticas de distribución del ingreso, ampliación de mercados externo e interno, estímulos a la producción y apoyo a la economía solidaria.
También discutirán el estímulo a la inversión externa, que beneficie a la nación, una reforma agraria integral, la participación de organizaciones sociales en la planificación y la inversión en bienestar social, educación e investigación científica.
Estos temas fueron acordados conjuntamente en la agenda y, según algunos analistas, existen posiciones divergentes que harán difícil el proceso de negociación.
El presidente Andrés Pastrana ha manifestado su propósito de redefinir el campo de la acción del Estado, para que el gobierno no exceda su papel regulador de políticas sanas que permitan la estabilidad macroeconómica.
Esto implicaría que se lleve a cabo un proceso de privatización en el que se encuentran en primera fila las empresas de servicios públicos estratégicos como energía, acueducto, teléfonos.
Las FARC, por su parte, han manifestado que el Estado debe ser el principal propietario y administrador de estos sectores estratégicos y pide políticas proteccionistas para los mismos.
Otro tema polémico será el de la reforma agraria, que ha estado ligado al conflicto social que vive Colombia desde hace cerca de cuatro décadas, cuando se fundaron las FARC.
Desde sus inicios, la organización guerrillera ha insistido en reclamar tierra para quien la trabaje, limitar las propiedades rurales, que se concentran en manos de un cinco por ciento de la población, y expropiar la tierra improductiva.
No obstante, algunos analistas consideran que esto sólo será posible mediante una fuerte intervención del Estado y de una revisión de la apertura económica que en la década del 90 llevó al sector agropecuario a su peor crisis, y no hay propuestas claras del gobierno en este campo. (FIN/IPS/yf/ag/ip if/00
