La industria farmacéutica de Brasil, dominada por transnacionales, afronta denuncias de alza abusiva de precios y formación de cartel, además de investigaciones de una comisión parlamentaria y presiones del Minsterio de Salud.
La Secretaria de Derecho Económico del Ministerio de Justicia abrió este jueves un proceso administrativo contra 46 empresas acusadas de imponer precios demasiado elevados.
La iniciativa responde a un pedido de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), tras comprobarse que el costo de 301 medicamentos subió muy por encima de la inflación de 84 por ciento desde julio de 1994, en algunos casos más de 300 por ciento.
La situación de los laboratorios, en especial los de capital extranjero, que controlan 85 por ciento del mercado brasileño, se agravó ante la divulgación de un informe del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, que registra discrepancias extremas para el precio de materias primas importadas.
La Shering Plough, por ejemplo, importó sulfato de gentamicina a 610,87 dólares por kilogramo el año pasado, mientras la Sanphar Chemocil obtuvo la misma cantidad de la sustancia a 21,45 dólares, un precio de 28,4 veces menor.
Eso despertó la sospecha de que el sobreprecio en las importaciones constituya un mecanismo usado para enviar remesas ilegales de dinero al exterior.
José Eduardo Bandeira de Mello, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Farmacéutica (Abifarma), que congrega 59 laboratorios, la mayoría transnacionales, intentó este jueves neutralizar las denuncias ante la CPI de la Cámara de Diputados, en actividad desde diciembre.
Bandeira De Mello negó abusos y la actuación en cartel, y aseguró que los precios del sector responden a los costos de producción, sobre los cuales las empresas prestan informaciones a la Secretaría de Derecho Económico con regularidad.
La devaluación del real, en enero de 1999, les impuso a los laboratorios el año pasado aumentos por encima de la inflación, ya que la mayoría de los insumos son importados.
Bandeira De Mello se defendió criticando al gobierno por "omisión en la regulación de los precios de medicamentos" y de no prestar a la población la asistencia adecuada en esa área.
La producción o compra gubernamental de productos farmacéuticos para su distribución entre las capas más pobres de la población sería una solución.
Pero Bandeira de Mello afirmó no creer en la capacidad del gobierno para mantener su propia industria, por carencia de "eficacia tecnológica y de recursos".
El presidente de la CPI, Nelson Marchezan, admitió la validez de las críticas al gobierno, pero acusó las empresas asociadas en Abifarma de buscar ganancias ilimitadas, incumpliendo las reglas económicas y poniendo sus productos "fuera del alcance de la mitad de la población".
La industria farmacéutica extranjera impone en Brasil precios superiores a los de Estados Unidos y poco aportan al país en términos tecnológicos, evaluó Sara Kanter, directora de la Asociación de Laboratorios Nacionales, representativa de empresas de capital brasileño.
Uno de los mecanismos de encarecimiento es el uso de envases y componentes sofisticados, según Kanter, que espera un estímulo al desarrollo de la industria nacional con la liberación de medicamentos "genéricos", o sea aquellos cuya composición se limita al principio activo.
El Ministerio de Salud autorizó la producción de seis de esos productos, que aseguran la misma eficacia de sus similares, pero son 36 a 56 por ciento más baratos que los de marcas conocidas.
El ministro de Salud, José Serra, informó que los hospitales públicos serán obligados a adquirir los genéricos, ya que "no se justifica el gasto adicional con productos de idéntica calidad".
En el caso de otros 170 medicamentos genéricos, todos propuestos por empresas nacionales, se espera el análisis de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para su liberación, de acuerdo con una ley aprobada el año pasado por el parlamento.
Con esa nueva producción, el ministro Serra espera contrarrestar los abusos de precios que, en su evaluación, son practicados por los grandes laboratorios transnacionales, los cuales se resisten por esa razón a fabricar medicamentos genéricos.
Planes de "boicotear" la aplicación de la Ley de los Genéricos, a través de represalias contra distribuidores que acepten vender los nuevos medicamentos, fueron denunciados a la CPI por ex funcionarios de una empresa.
La ofensiva contra las empresas que dominan un mercado de 7.600 millones de dólares puede conducir a otras acciones prácticas. Un ejemplo es la prohibición de que ofrezcan muestras gratis y otras ventajas, como regalos, para persuadir a los médicos a prescribir sus productos. (FIN/IPS/mo/mj/if he/00
