Colombia quedó en la mira de una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que iniciará este lunes una investigación por presuntas violaciones de los derechos humanos y libertades sindicales.
Las denuncias, que podrían costarle una sanción moral al país, reseñan 192 casos que van desde detenciones, desapariciones y torturas hasta homicidios, impunidad y violaciones de la legislación por parte de 52 empresas estatales y privadas.
Los delegados de los trabajadores colombianos, que denunciaron al gobierno en la conferencia general de la OIT realizada en Ginebra en 1998 por presunto incumplimiento de los convenios internacionales sobre la libertad sindical, recibieron el apoyo de representantes de 25 países.
Las estatales Empresas Varias de Medellín, prestadora de servicios de acueducto y energía, es una de las denunciadas, por el despido de 209 trabajadores durante una huelga de 12 días, que fue declarada ilegal por el Ministerio del Trabajo.
La decisión fue demandada por los trabajadores ante la Corte Constitucional, que falló a favor de los demandantes ordenando su restitución y el pago de los salarios que habían dejado de recibir durante el tiempo que duró el proceso.
Otros casos denunciados se relacionan con el costo en vidas humanas de la lucha sindical. En los últimos 13 años murieron la 3.000 dirigentes y activistas.
La situación llevó a que en agosto las tres centrales sindicales colombianas pidieran al gobierno que cumpliera los acuerdos en materia de protección y seguridad.
Wilson Borja, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenaltrase), dijo a IPS que "ser sindicalista en Colombia no es una tarea fácil, a causa de la intolerancia y la falta de cultura sindical que existe en numerosos sectores de la economía y la sociedad".
En Colombia "es más fácil organizar un frente guerrillero que un sindicato", aseguró el dirigente sindical, y subrayó que pese a ser un derecho mundialmente reconocido, constituir un sindicato "es mal visto y puede incluso pagarse con la vida".
Jesús González, responsable de Derechos Humanos de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo a IPS que la visita de la comisión de la OIT es de "mucho valor en la búsqueda de acciones que lleven a que se respete en el país el derecho a la vida y a las libertades sindicales".
Sólo en el occidental departamento del Valle del Cauca han sido asesinados, desde agosto, cerca de 90 dirigentes sindicales, activistas y campesinos, víctimas de la violencia.
El último asesinado fue Orlando Crespo, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Buga, la segunda ciudad del departamento, quien fue baleado por presuntos paramilitares de derecha el 31 de agosto, cuando llevaba alimentos a un grupo de campesinos desplazados por la violencia.
El presidente de la CUT, Luis Garzón, aseguró que Colombia es "uno de los países con más violaciones de las libertades sindicales en el mundo después de Nigeria y Paquistán".
Si la comisión de la OIT comprueba la veracidad de las denuncias, el país podría recibir sanciones de orden moral y comercial.
La ministra de Trabajo, Gina Riaño, declaró que el gobierno está preparado para recibir la visita de los comisionados de la OIT, e indicó que Colombia "está cumpliendo con los convenios internacionales y sus compromisos con la promoción y protección a los derechos humanos de los trabajadores".
Riaño admitió la posibilidad de que se hayan presentado casos de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores, pero aclaró que no constituyen "una política de Estado".
Algunos analistas consideran que si la comisión de la OIT comprueba las denuncias de los sindicalistas, a Colombia se le podría aplicar la sanción moral conocida como la Comisión de Encuesta.
Esta sanción, que ya ha sido aplicada a Sudán y Nigeria, le implicaría al país también la aplicación de sanciones comerciales, como la pérdida de preferencias arancelarias. (FIN/IPS/yf/ag/hd/00
