Grupos ecologistas elogiaron aspectos del primer tratado internacional que reglamentará la compra y venta de los organismos modificados genéticamente (OMG), criticaron el alcance del acuerdo y manifestaron la inquietud de que pueda ser tergiversado por poderosos intereses comerciales.
Representantes de más de 130 países reunidos en la ciudad canadiense de Montreal adoptaron el sábado 29 de enero el convenio y sentaron el marco futuro para el debate sobre los alimentos alterados genéticamente.
Conocido como el Protocolo de la Bioseguridad, también es el primer tratado en reconocer el "principio de precaución" que permite a los países rechazar importaciones de alimentos si existe la evidencia, aunque no necesariamente la prueba científica, de que representan un peligro para la salud.
"Este protocolo es histórico porque el derecho internacional reconoció finalmente que los OMG son singulares e inherentemente diferentes… y que el principio de la precaución es la mejor manera de abordarlos", declaró Chee Yoke Ling, abogada de la Red del Tercer Mundo, con sede en Malasia.
Pero la representante de la organización no gubernamental (ONG) agregó que la partida aún no se ganó. "Debemos estar atentos para darle vida a este protocolo", afirmó.
Según el tratado, los gobiernos podrán indicar si están dispuestos o no a aceptar importaciones de productos agrícolas que incluyan OGM, como las semillas, comunicando su decisión a través de la Internet.
Los cargamentos que contengan OMG también deben estar claramente identificados, según el tratado, cuyo nombre oficial es el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y que surge de la ciudad colombiana donde fracasaron las últimas negociaciones sobre el tema en febrero de 1999.
Este artículo obligará a las compañías de semillas y a los granjeros a separar las simientes con OMG de las variedades tradicionales.
Las negociaciones de Cartagena fracasaron cuando los países exportadores de productos agrícolas reunidos en el Grupo de Miami (Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay) se negaron a firmar el tratado.
El protocolo surge de la Convención de Diversidad Biológica adoptada durante la Cumbre de la Tierra que se celebró en 1992 en Río de Janeiro.
Una vez que 50 países ratifiquen el pacto y el protocolo entre en vigencia, lo cual podría llevar entre dos y tres años, comenzará una nueva ronda de negociaciones sobre requisitos más específicos de identificación de los OMG.
Los ambientalistas se alegraron porque esta vez las negociaciones no fracasaron, aunque quedaron decepcionados porque el Grupo de Miami bloqueó las gestiones para exigir etiquetas de identificación en los alimentos OMG.
"Contra todo lo esperado, conseguimos el protocolo de precaución, pero por el camino se sacrificó el derecho a la opción de los consumidores", dijo Liana Stupples, de la ONG Amigos de la Tierra.
La identificación de los OMG por medio de etiquetas era uno de los pilares del protocolo, según Matthew Stilwell, abogado del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, con sede en Ginebra.
"Pero en las últimas etapas de la negociación, el protocolo se debilitó y ya no protege a los países que quieren distinguir y etiquetar a los cultivos (de OMG)", dijo Stilwell.
La oposición del Grupo de Miami a las etiquetas "niega a los consumidores el derecho básico de saber qué contienen los alimentos", agregó Silvia Ribeiro, de la Fundación Internacional para el Progreso Rural, radicada en Canadá.
Los delegados europeos, acicateados por el creciente temor del público a la nueva tecnología, apoyaron las etiquetas e incluso propusieron retrasar la aprobación de los alimentos OMG.
Cerca de mitad de la soja y un tercio del maíz cultivado en Estados Unidos el año pasado contenía genes modificados que los hacen resistentes a los herbicidas o los insectos. La oposición a este tipo de cultivos en Europa, México y Japón les costó a los granjeros estadounidenses millones de dólares.
Los grupos activistas temen que los poderosos intereses de las trasnacionales agrícolas socaven la autoridad del tratado al recurrir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para protestar por las restricciones a la importación de un país determinado.
"El jurado aún no decidió si, en la práctica, la protección del ambiente precede al libre comercio", dijo Stupples.
El protocolo incluye una cláusula que pone énfasis en que el nuevo tratado no pasa por encima de los derechos y obligaciones de otros acuerdos internacionales, incluso la OMC.
Como la OMC no acepta el principio de la precaución, países como Estados Unidos podrían protestar la negativa de un país a aceptar los OMG con el argumento de que la decisión no se basó en los reglamentos del organismo con sede en Ginebra, que sí exigen pruebas científicas.
Si los países exportadores de OMG plantean el caso ante la OMC, esta podría ignorar el protocolo, advirtieron activistas por el ambiente. (FIN/IPS/tra-en/dk/ks/aq/en-if/00
