El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, enfrentó hoy la primera gran protesta callejera desde que asumió en diciembre, convocada por sindicatos que se oponen a una reforma laboral recomendada por organismos multilaterales.
Cerca de 20.000 personas manifestaron en Plaza de Mayo, el paseo situado frente a la sede del gobierno, mientras otras 3.000 lo hicieron en los alrededores del Congreso, donde se discutió un proyecto de cambios en las leyes de trabajo.
Los grandes empresarios tampoco están totalmente de acuerdo, aunque por razones distintas a los sindicatos, con la iniciativa presentada por el gobierno de la Alianza, conformada por la centrista Unión Cívica Radical y el centroizquierdista Frente del País Solidario.
Portavoces industriales señalaron que, de ser aprobada, la ley sería apenas un avance hacia la modernización de las relaciones laborales, pero aseguraron que por sí sola no creará empleo, como aducen quienes la defienden.
Los pequeños y medianos empresarios son más contundentes al afirmar que no habrá más trabajo ni aun bajando a cero los salarios.
"Tenemos problemas de competitividad, de acceso al crédito, costos altísimos de peajes, combustible, energía y teléfonos… Ni con salarios deprimidos podemos seguir operando, si no se atienden los demás problemas", comentó el secretario general de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren.
En tanto, en las dos protestas se escucharon severas críticas al sector llamado "dialoguista" de la Confederación General del Trabajo (CGT) por haber avalado el proyecto oficial, tras una larga negociación que concluyó el martes con la suspensión de un paro general dispuesto por esa central sindical para este jueves.
Los disidentes consideraron que ese sector, que no participó de las movilizaciones, "traicionó" los intereses de los trabajadores "por un puñado de dólares", en referencia a la garantía dada por el gobierno de que se mantendrán los aportes obligatorios de trabajadores y empresarios a los sindicatos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial reclaman a Argentina desde hace al menos dos años flexibilizar las normas de contratación laboral y la descentralización de la negociación entre empresarios y trabajadores, una norma que había sido resistida en casi todos los frentes.
El proyecto enviado al parlamento por el gobierno de De la Rúa es casi un calco de las recomendaciones hechas por los organismos multilaterales, y las resistencias de los sindicalistas opositores también fueron las previstas.
El Ministerio de Trabajo consiguió el respaldo justo en el Congreso para aprobar el proyecto.
Así, con consenso relativo y muchas críticas va camino a ser aprobada, aún cuando todos, inclusos sus impulsores, aseguran que no servirá para reducir el alto desempleo sino apenas para abaratar la contratación y el despido de trabajadores.
El líder de los sindicalistas disidentes es el dirigente de los camioneros Hugo Moyano, quien aclaró al hablar en la protesta de Plaza de Mayo que no luchan contra el gobierno sino contra el FMI y el Banco Mundial, que presionaron a De la Rúa para que apruebe esta reforma, según dijo.
Moyano aseguró que "esta ley no tiene ningún consenso parlamentario, ya que hay 92 votos a favor y 97 en contra", en una Cámara de Diputados de 257 miembros.
"¿Dónde está el consenso que el gobierno decía tener para esta ley?", preguntó el dirigente, que es candidato a ocupar a partir de mediados de marzo la secretaría general de la CGT, central creada a mediados del siglo XX como columna vertebral del Partido Justicialista (peronismo).
Paralelamente a la protesta ante la sede gubernamental, a la que asistieron trabajadores del transporte, la construcción, metalúrgicos y mecánicos, se realizó otra manifestación frente a la sede del parlamento.
Esta protesta fue convocada por el llamado Congreso de los Trabajadores Argentinos, que nuclea a maestros, médicos y trabajadores de la administración pública.
El dirigente Víctor de Genaro también sostuvo, ante unas 3.000 personas, que se necesita un movimiento de trabajadores, empresarios, estudiantes, artistas y representantes de la Iglesia Católica, a fin de discutir de qué manera el país puede crecer sin que sea reduciendo el costo salarial.
"¿Dónde está el consenso?, preguntó De Genaro, al igual que su colega en Plaza de Mayo.
Por su parte, el diputado Enrique Martínez, uno de los que está en contra de la reforma a pesar de pertenecer al bloque oficialista, dijo que "nadie se anima a decir que este proyecto no sirve para crear trabajo sino que busca generar condiciones para que se puedan bajar los salarios legalmente".
El debate parlamentario fue el más encendido de los que se produjeron desde la asunción de De la Rúa, quien sucedió en diciembre al justicialista Carlos Menem (1989-99).
De la Rúa se manifestó tranquilo respecto de la aprobación de esta norma, y para mostrar su calma caminó por Plaza de Mayo, poco antes de que comenzara la movilización. (FIN/IPS/mv/dm/ip/00)
