ARGENTINA: Pesca en crisis por descontrol y depredación europea

El caladero de merluza de la costa atlántica Argentina, hasta hace poco uno de los más ricos del mundo, está al borde del colapso por la depredación de buques europeos y la falta de control de las autoridades locales.

La Unión Europea (UE) destina casi 1.500 millones de dólares por año para subsidiar su industria pesquera, señala un estudio realizado en diciembre por la organización conservacionista internacional World Wide Fund (WWF).

Solo para la actividad pesquera en Argentina desembolsó 162 millones de dólares, en el marco de un acuerdo que rigió entre 1994 y 1999.

Este convenio del bloque europeo con Argentina, que establecía cooperación técnica y científica, inversiones, asociaciones mixtas y aumento del empleo, fue considerado por la WWF como "un ejemplo de las catastróficas consecuencias que pueden tener en la naturaleza las subvenciones aplicadas a la pesca".

El informe indica que el caladero argentino, "que fue considerado entre los más productivos del mundo, está ahora al límite de su extinción comercial".

En esa "declinación abrupta" de los recursos en la zona de exclusión económica argentina del océano Atlántico jugó un papel directo el dinero de los contribuyentes destinados por la UE a los subsidios.

Empresas pesqueras europeas recibieron apoyo estatal para descomprimir la pesca en abundancia que agotaba los caladeros en esa región, con el fin de que se trasladaran a la costa argentina y ayudaran a modernizar la flota de este país, reemplazando buques considerados obsoletos por otros nuevos.

Pero los barcos, en especial españoles, que llegaron a la zona eran poco más avanzados que los argentinos, pero tenían una capacidad de captura que duplicaba y triplicaba la de éstos.

Además, se registraron innumerables irregularidades en el compromiso asumido sobre los cupos de pesca.

El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero de Argentina, que hace un seguimiento de los recursos existentes y fija límites a las capturas, advirtió en varias oportunidades de los excesos de la pesca de merluza, que mientras estuvo en vigor el acuerdo superó hasta 50 por ciento el límite impuesto.

Las autoridades fijaron en 1995 un máximo de 398.000 toneladas, pero se sacaron 584.000 toneladas, informó la Subsecretaría de Pesca. En 1996, con el mismo límite vigente, las capturas llegaron a unas 600.000 toneladas.

A raíz de estos incumplimientos se dispuso bajar el límite permitido, por temor al agotamiento del recurso.

Las marcas máximas comenzaron a bajar sin pausa desde 1997, mientras la captura continuaba en aumento, hasta fijarse en 188.000 toneladas el año pasado, cuando la pesca de merluza llegó a las 315.000 toneladas.

Ante este panorama, el convenio con la UE fue denunciado entonces por Argentina, pese a que podía ser renovado.

El Instituto, auditado por organismos internacionales, informó que la biomasa total de merluza (el mínimo que garantiza la reproducción de la especie) se redujo 16 por ciento en los últimos dos años, y la cantidad de ejemplares es 33 por ciento menor.

El gobierno de Fernando de la Rúa y los pescadores tradicionales, ahora sin la presencia europea, enfrentan hoy la grave disyuntiva de suspender la pesca, para dar tiempo a la recuperación del caladero, o mantener la actividad para miles de trabajadores.

El presidente de la Asociación de Embarcaciones Costeras, Cayetano Archidiácono, dijo a IPS que solo en el puerto de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, hay 25.000 personas que viven directamente de la pesca de la merluza, sin contar los empleos indirectos que genera la actividad.

En Argentina, la merluza hubbsi representa 60 por ciento de la riqueza ictícola marítima.

Esta especie, que en muchos países europeos se ofrece solo en los restaurantes más exclusivos, es parte de la dieta básica de los argentinos.

Por otra parte, el gobierno enfrenta también las presiones de los pescadores locales de los llamados buques fresqueros, que llevan sus capturas sin procesar hacia la costa y crean trabajo para miles de personas en tierra.

Los fresqueros se enfrentan a los barcos congeladores o factoría, que procesan el pescado a bordo, utilizan artes de pesca dañinas para otras especies y cuentan con tripulación extranjera. Este es el tipo de embarcación utilizado por las empresas europeas en las costas argentinas.

"Hasta que aparecieron los congeladores nunca habíamos tenido que esperar varios días para llenar las bodegas. Ellos volcaron una potencia enorme en la pesca y ahora parece que nosotros tenemos que pagar las consecuencias", se quejó Archidiácono, debido a las restricciones que ahora debe afrontar el sector.

Es que el gobierno de De la Rúa, que asumió en diciembre, entre sus primeras medidas de "emergencia" impuso un límite máximo de capturas de merluza para el primer trimestre de este año, pero las marcas se superaron apenas finalizado enero.

La veda sobrevino entonces en forma automática y, con ella, los reclamos de los pescadores de buques fresqueros que se ven afectados directamente por la medida, sin haber sido los responsables principales del descalabro.

La organización no gubernamental Centro de Defensa de la Pesca Nacional (Cedepesca), que reconoce la necesidad de recuperar la merluza, advirtió que la llamada parada biológica de un mes y medio, del 15 de febrero al 31 de marzo, no tuvo en cuenta el impacto social de la medida.

"Se debe pensar en un plan de contención social, que cuente con la participación de los protagonistas, y en un programa de producción alternativa", comentó a IPS Ernesto Godelman, de Cedepesca, respecto de la drástica medida gubernamental.

También la organización ambientalista Greenpeace sostuvo que el Estado no debe cortar la actividad sin más, sino que debe cuidar los recursos mediante medidas de control y propuestas de pesca alternativa, con algún subsidio, hasta tanto se recupere la especie amenazada, entre otras razones por la falta de control.

Los pescadores de Mar del Plata propusieron al gobierno suspender la veda el 27 de febrero, en vez del 31 de marzo, y a partir de allí salir a mar abierto con menor frecuencia, bajo estricto control de las autoridades.

"Cada buque que vuelva a la costa deberá permanecer 96 horas en muelle antes de volver a salir", fue uno de los compromisos que mencionó Archidiácono, quien comentó que los fresqueros están dispuestos a aceptar dos vedas programadas al año, una en junio y otra en diciembre.

Esta forma de pesca puede reducir "considerablemente" los niveles de captura sin afectar de manera abrupta e inconsulta la actividad de pequeños y medianos empresarios, que se dedican a la pesca de merluza casi desde comienzos de siglo, señaló.

Entretanto, el Gobierno deberá analizar cuidadosamente los reclamos de la UE para renovar el acuerdo por otros cinco años, y adoptar medidas severas de control.

Hasta ahora, la WWF observó que las autoridades de Argentina fracasaron en el control de la actividad y fue negligente en muchos casos. (FIN/IPS/mv/dm/if ip/00