Una expedición peruana integrada por expertos civiles y militares llegó a la Antártida a bordo del buque de investigación científica "Humboldt", para sumarse al grupo de investigadores radicados permanentemente en la base Machu Picchu.
La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, una extensión similar a la suma de los territorios de Estados Unidos, Argentina y México, en la que sólo habitan de modo permanente unas 7.000 personas, en su mayor parte científicos e investigadores, diseminados en unas cien bases.
El territorio cuenta con petróleo, gas, minerales y una riqueza marina cuyas dimensiones apenas se vislumbran, pero que no pueden ser explotadas porque se desconoce el impacto que provocaría en el delicado equilibrio ecológico del planeta.
La expedición, que llegó el 23 de enero, es la número 11 desde que Perú firmó el Tratado Antártico y está formada por 109 personas, 39 científicos peruanos, seis expertos extranjeros invitados (de la República Checa, Dinamarca, India, Israel y Ecuador), 55 militares y personal de servicio.
"Aunque el intercambio de expertos e informes es habitual en la cuestión antártica, es la primera vez que científicos extranjeros participan en una expedición peruana", comentó Fernando Jiménez, especialista designado por la Universidad Católica de Lima para participar en la expedición.
"Hemos decidido investigar este año de temas de relevancia en la comunidad internacional y establecimos alianzas estratégicas con otros países, como Israel, que carece de bases en la Antártida, o Dinamarca, que tiene mucha experiencia en el Artico", añadió.
El experto indicó que los dos temas más importantes son una evaluación del impacto ambiental en las zonas antárticas en donde hay presencia humana, y un estudio sobre el cambio climático y su relación con el deshielo en los glaciares peruanos.
La expedición peruana abordará otros 12 programas de investigación científica, entre ellos estudios oceanográficos, de biodiversidad, mediciones de la capa de ozono, metereología, biología humana, ambiente, energía y estudio del krill.
La incorporación a la expedición del director de Desarrollo Fronterizo y Límites, Carlos Pareja, revela que el interés peruano en el continente austral no es sólo científico, sino también geopolítico y territorial.
Varios países, entre ellos Perú, tienen aspiraciones de propiedad territorial soberana sobre alguna porción del sexto continente del planeta, pero sus pretensiones están suspendidas por un tratado internacional suscrito en 1959 en Washington, que entró en vigencia en 1991.
El Tratado fue firmado para evitar que la disputa por la posesión de la Antártida, o por la explotación de sus recursos naturales, desencadenara una guerra, en tiempos de la guerra fría, pues entre los interesados figuraban Estados Unidos y la ex Unión Soviética.
Doce naciones firmaron el documento original del Tratado Antártico, entre ellos seis países que por cercanía geográfica o presunto descubrimiento reclamaban propiedad soberana de una parte del territorio: Argentina, Australia, Chile, Francia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.
Perú no es adyacente a la Antártida, ni tampoco figura entre los países descubridores ni primeros expedicionarios, pero considera tener derecho a una porción, comprendida entre los meridianos 81 y 75, en virtud de la "Teoría del Sector".
Según esta teoría, formulada por el canadiense Pascal Painser, debe tomarse en cuenta la proyección del territorio de los países vecinos, argumento que favorece a Argentina, Brasil, Chile y Perú en relación con el territorio más próximo a América del Sur.
Doce países firmaron en 1959 el documento, a los cuales se sumaron otros 15 (entre ellos Perú) en los años posteriores, y otros 17 son considerados "adherentes", pero sin derecho a voto en las sesiones consultivas del Tratado Antártico.
Los firmantes y adherentes se comprometen a suspender sus expectativas de soberanía territorial o de explotación económica.
El plazo original de 30 años se cumplió en 1991 y ningún país propuso una modificación de la situación, por lo que se mantiene el compromiso de no tomar posesión ni iniciar explotación alguna.
El Tratado fue complementado por un Protocolo Adicional, firmado en 1988, suspendiendo por 50 años la explotación minera en la Antártida, por los graves riesgos de contaminación que provocaría dicha actividad.
El convenio autoriza a los países suscriptores a realizar expediciones científicas, con la aclaración de que éstas no originan derecho ni precedente. También se comprometen a compartir los resultados de sus investigaciones, consideración que hasta ahora ha sido escrupulosamente respetada.
"Es de interés de la comunidad internacional evitar que se convierta en foco de conflicto, el Tratado seguirá vigente en tanto ningún país firmante anuncie que se retira, porque entonces no tendría sentido que los demás mantengan su compromiso", dijo el diplomático peruano Ricardo Salamanca. (FIN/IPS/al/ag/ip sc/00
