La exigencia de descontaminación de las antiguas bases estadounidenses en Panamá tomó fuerza con la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright.
Ricardo Arias, ex canciller de Panamá, consideró este lunes como un "paso positivo" el hecho de que Albright haya prometido "tomar cartas" en la limpieza de polígonos y áreas de entrenamiento del ejército de Estados Unidos, que constituye un punto crítico sin solución definitiva.
Sin embargo, opinó que es necesario "presionar" a Estados Unidos para que cumpla sus obligaciones de sanear las áreas que fueron contaminadas durante la prolongada presencia de las tropas estadounidenses en este país.
La secretaria de Estado (canciller) estadounidense llegó a Panamá el sábado procedente de Colombia, y fue recibida en el palacio presidencial por la presidenta Mireya Moscoso, con quien se reunió a puertas cerradas.
Al final de su entrevista con Albright, Moscoso indicó que Estados Unidos aceptó estudiar la situación en los antiguos polígonos del ejército estadounidense, donde existen millares de municiones sin detonar.
Albright "dice que su gobierno entiende y que va a enviar una comisión para conversar con Panamá y ver estos polígonos, con el fin de llegar a un acuerdo", dijo Moscoso sobre la remoción de esos artefactos explosivos.
El Centro de Capacitación Social (CSS), de orientación cristiana, envió una carta a Moscoso previo a la llegada de Albright para plantear "mal manejo" del ejército estadounidense respecto de la contaminación de bases y polígonos de tiro, informó a IPS la directora de la organización, Celia Sanjur.
Una evaluación realizada por dos grupos de expertos contratados por la firma consultora Arnold and Porter confirmó que existen unas 105.000 municiones sin detonar abandonadas en tres antiguos polígonos en las riberas del canal interoceánico.
Sanjur señaló a la mandataria que Estados Unidos negó la entrega de información a Panamá sobre las pruebas hechas por el Centro de Pruebas Tropicales, se rehusó a establecer cercas alrededor de los polígonos, y se negó a hacer una evaluación ambiental de los planes de limpieza de largo plazo.
En julio de 1999, el coronel estadounidense David Hunt, a cargo de las unidades responsables de la remoción de explosivos, manifestó que los cálculos de los panameños sobres extensas áreas contaminadas se circunscribían a apreciaciones teóricas, no demostradas.
No obstante, el informe de Arnold and Porter alertó al gobierno de Moscoso sobre la gravedad del problema y la necesidad de insistir para que Estados Unidos acepte su responsabilidad en la remoción de todo material peligroso.
Estudios realizados por el Instituto del Canal de la Universidad de Panamá advirtieron que de las 34.000 hectáreas que constituyeron los sitios de defensa y áreas de coordinación militar en la antigua Zona del Canal, 21.929 fueron utilizadas para entrenamiento militar.
De ellas, 14.0590 hectáreas corresponden a campos de tiro y áreas de bombardeo aéreo, naval y terrestre.
Las tropas estadounidenses, que abandonaron Panamá el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los Tratados del Canal firmados en 1977, dejaron unas 3.250 hectáreas sin ningún tipo de saneamiento, ya que consideran esa operación "imposible" de realizar, a causa de la complicada topografía.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro, sostuvo a fines de 1999 que Washington consideraba el asunto de la limpieza de los polígonos como un "capítulo cerrado", que se completaba con la evacuación de tropas.
Sin embargo, grupos ecologistas denunciaron entonces que las labores de los técnicos en explosivos se había limitado a la remoción municiones de artillería liviana en la superficie en antiguos centros de práctica y entrenamiento.
Ferro precisó que la limpieza de las áreas contaminadas restantes implicaría la deforestación de la cuenca hidrográfica del canal, ya que en su opinión no existe la tecnología para garantizar 100 por ciento del saneamiento en zonas selváticas.
Sin embargo, Sanjur refutó ese argumento y sostuvo que en los últimos años fueron utilizadas avanzadas tecnologías en la recuperación y reconversión de antiguas bases en el territorio de Estados Unidos que ahora funcionan como parques industriales.
A su vez, Nils Castro, miembro del opositor Partido Revolucionario Democrático, manifestó a IPS que Panamá debe iniciar negociaciones al más alto nivel con Estados Unidos, para lograr la plena descontaminación de armas y materiales con poder destructivo.
Según organizaciones ambientalistas, las sustancias contaminantes abandonadas por el ejército de Estados Unidos en Panamá incluyen depósitos de combustible enterrados, residuos de plutonio empobrecido, agente naranja y dioxinas, así como armas químicas sin detonar.
Castro indicó que es necesario recurrir al derecho internacional y hacer que la causa de la limpieza de los polígonos sea tomada por los grupos ecologistas en Estados Unidos, para propiciar un clima de discusión seria sobre un problema que atañe al futuro de Panamá y a su población. (FIN/IPS/dc/mj/ip en/00
