El juicio a los militares de Ecuador unidos a la sublevación popular de la semana pasada constituye un desafío para las Fuerzas Armadas, que se dividieron ante la crisis institucional.
El nuevo presidente Gustavo Noboa consideró necesario juzgarlos con el fin de imponer disciplina, pero el general Telmo Sandoval, nuevo jefe del Comando Conjunto, bajó el tono y aseguró que los coroneles tendrán un juicio justo y derecho a defenderse "porque son personas de mucha valía".
Sandoval también aseguró que ninguno de los coroneles detenidos estaban literalmente presos sino que mantenían total libertad, pero sin permiso para abandonar el cuartel.
También dijo que no habrá caza de brujas contra los oficiales porque, si bien "cometieron" un error, lo hicieron por su sensibilidad ante la situación de lo ecuatorianos.
El jefe de la Escuela Politécnica de la Armada, coronel Fausto Cobo, líder junto con el coronel Lucio Gutiérrez de la sublevación militar, fue detenido y llevado a la Comandancia del Ejército junto a Gutiérrez.
Los oficiales y soldados de la Escuela consultados aseguraron de forma unánime que su participación en la rebelión fue voluntaria.
Algo similar ocurrió en distintos cuarteles del país donde oficiales y tropa se involucraron en la insurrección, lo que demostraría que los coroneles rebeldes tienen respaldo en parte del ejército y que su juicio podría despertar malestar y contribuir a aumentar la división en las Fuerzas Armadas.
Algunos analistas ven en las declaraciones de Sandoval una forma de aquietar aguas para calmar el malestar interno y hacer que los políticos no se involucren en "un asunto que compete exclusivamente a la justicia militar".
Sandoval aseguró que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas tomó el poder el 21 de enero, forzado por las circunstancias, para evitar que lo hiciera un triunvirato de coroneles e indígenas.
No obstante, señaló que todo el tiempo estuvo en la mente de los generales traspasar el mando al entonces vicepresidente Noboa.
También reveló que permanentemente le comunicaron a Noboa de su acción y le dijeron que esperara en su casa hasta que se produjera un desenlace.
El jefe militar evitó en todo momento tildar de sediciosos o calificar la actitud de los coroneles rebeldes, y aseguró que se debe analizar con profundidad su participación para determinar si hay o no culpabilidad.
En las próximas horas, el juez militar Gonzalo Sangoquiza informará detalladamente sobre la demanda fiscal, con la cual se inició la acción judicial contra los coroneles y oficiales involucrados en la revuelta, pero el juicio no será público.
A él tendrán acceso únicamente acceso el fiscal y la defensa, representantes de las partes,
Cualquier información sobre el desarrollo de la investigación y posteriores acciones judiciales contra los oficiales se dará a conocer mediante boletines de prensa.
La Corte de Justicia Militar impartió órdenes precisas a todas las unidades, repartos e instituciones de las Fuerzas Armadas que prohíben informar de forma separada respecto del desarrollo del proceso de investigación iniciado por el juez Sangoquiza.
El levantamiento protagonizado por el movimiento indígena y los movimientos sociales habría sido apoyado expresamente por 300 oficiales de la Academia de Guerra, la Escuela Politécnica del Ejército, la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales y varias unidades del país, e indirectamente por más de 3.000 soldados.
El diario El Comercio de Quito dio a conocer este viernes otra parte de los entretelones de la relación conflictiva entre el alto mando militar y el presidente Jamil Mahuad en los últimos dos meses, y la presión de distintos sectores de derecha para que asumiera Noboa.
Según El Comercio, el Alto Mando militar le expresó a Mahuad el 27 de diciembre la necesidad de una sucesión presidencial para evitar que el país llegara a un clima de enfrentamiento del que sería muy difícil salir.
El general Carlos Mendoza, entonces jefe del Comando Conjunto, presentó al presidente las tres posibilidades que existían para salir de la crisis, y ninguna contemplaba su permanencia en el cargo.
El ex jefe de Estado, visiblemente descompuesto, contestó con un golpe de puño en la mesa que jamás renunciaría para dar paso a una sucesión constitucional, porque el entonces vicepresidente Noboa encontraría los mismos problemas.
El general Mendoza explicó que Noboa tendría una especie de tregua política que le daría más tiempo para solucionar la crisis, y no aparecía frente a la opinión pública comprometido con los banqueros que financiaron la campaña electoral de Mahuad y luego se declararon en quiebra el Estado asumiera sus deudas.
Los militares también cuestionaron la posibilidad de que el ex presidente Abdalá Bucaram (1986-1987) regresara al país de acuerdo con el código penal apoyado por Mahuad, según el cual los ex presidentes no pueden ser juzgados sin la autorización del Congreso legislativo.
Bucaram fue destituido por el Congreso en febrero de 1997.
Los militares también presentaron otros dos escenarios posibles para salir de la crisis.
Uno era que el Congreso elija un tercero como presidente pero sin salir del marco constitucional, una opción que no contaba con pleno respaldo militar y otra que asumieran el poder las Fuerzas Armadas, que, en cambio, preferían la sucesión.
Mendoza habría dicho a Mahuad que los militares no se harían responsables de su destino si él se mantenía en el cargo con una popularidad de nueve por ciento y con el descontento popular en aumento.
Esto aumento la tensión entre el presidente y los militares, según versiones mencionadas por el diario. El distanciamiento se acentuó el 6 de enero, cuando el entonces canciller Benjamín Ortíz propuso a los mandos que apoyaran un "autogolpe" encabezado por Mahuad.
Al día siguiente, Mendoza volvió a reunirse con Mahuad y le mostró una carta del ex presidente demócratacristiano Osvaldo Hurtado (1980-1984), en la que se formulaba un diagnóstico severo del país y la recomendación de renuncia para Mahuad.
Mahuad se sorprendió por la carta porque demostraba que en filas de su propio partido había gente trabajando para destituirlo u obligarlo a renunciar. Pero él se negó a presentar la renuncia.
A los mandos medios y a la tropa les molestaba mucho la corrupción a todo nivel, especialmente el descalabro financiero causado por los bancos quebrados y el congelamiento de depósitos. Sus representantes lo hicieron saber al alto mando para que actuara o, de lo contrario, lo harían ellos, según esta versión.
Para algunos analistas, habría existido una conspiración en altas esferas del poder. El ex ministro de Defensa general José Gallardo acusó a Sandoval y Mendoza de preparar un golpe hacía meses.
A esto se sumaba el interés en la salida de Mahuad demostrado por el derechista Partido Social Cristiano y el propio Hurtado estaría demostrando una conspiración en las eferas del poder.
La insurrección de indígenas y oficiales, que en un comienzo podía ser el pretexto más directo para que saliera Mahuad, alcanzó tal estado que todos temieron por la posible implantación de un gobierno popular y que todo se les fuera de las manos.
También contribuyó que Mahuad siguiera sin renunciar, lo que impedía la salida constitucional de la sucesión.
Entonces, según estas versiones, los sectores de derecha y el gobierno de Estados Unidos habrían presionaron al alto mando para que diera un golpe de Estado y entregaran el poder a Noboa, como a la postre ocurrió. (FIN/IPS/kl/mj/ip/00
