El gobierno de Perú dio un giro en su enfrentamiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al anunciar que el día 25 comparecerá para responder acusaciones en su contra.
El juez brasileño Antonio Cançado, presidente de la CIDH Interamericana, dijo que el Estado peruano confirmó su presencia en la audiencia pública a la que fue citada en la capital de Costa Rica.
"Esto es un desarrollo muy positivo y nos muestra un panorama muy alentador", declaró Cançado.
Perú es acusado en la CIDH de violar los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en el proceso conocido como Caso Cesti Hurtado.
Gustavo Cesti Hurtado, cuyo caso se elevó a la CIDH en enero de 1998, es un ciudadano peruano detenido y condenado a pena de cárcel por un tribunal militar, a pesar de un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial de Perú que ordenaba el traslado inmediato de su caso al fuero común.
La CIDH hará una interpretación de fondo de la sentencia que emitió el 29 de setiembre de 1999, en la que declara al Estado peruano culpable de violación de derechos humanos y lo obliga a indemnizar a Cesti Hurtado.
Los representantes de Perú acreditados ante el tribunal internacional que viajarán de Lima a San José serán los especialistas en derecho Alberto Cortez y Rolando Ezaguirre.
"Va a ser una audiencia muy interesante", anticipó Cançado, quien recordó que esta comparecencia es una instancia de los cinco casos principales que se ventilarán en la primera sesión ordinaria del año que realiza la Corte que preside, que comenzará el día 24 y concluirá el 4 de febrero.
La pugna entre el Estado peruano y la CIDH estalló el 9 de julio de 1999, cuando el presidente Alberto Fujimori anunció el distanciamiento de su país de la competencia del tribunal por razones de seguridad nacional.
La decisión del gobierno peruano se produjo después de que este tribunal falló a favor de cuatro chilenos condenados a cadena perpetua por terrorismo por un tribunal militar secreto.
La CIDH ordenó que se juzgara de nuevo a Jaime Castillo, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Concepción Pincheira, pero en una corte civil.
Si un país desea retirarse de la jurisdicción de la CIDH debe realizar el trámite de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y esperar un año para que el plazo del trámite se cumpla.
Sin embargo, el gobierno de Perú no había denunciado hasta este viernes el tratado. Su decisión de abandonar la jurisdicción de la CIDH sin dar el preaviso ha sido rechazada por los siete jueces del tribunal, quienes la han declarado una "pretensión inadmisible".
Este enfrentamiento entre la CIDH y el Estado peruano llevó al gobierno de Fujimori a no enviar sus representantes a la celebración continental que el 22 de noviembre de 1999 realizó en San José el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En esa ocasión se conmemoraron el 30 aniversario de la Convención Americana de Derechos Humanos, los 20 años de la Corte y los 40 años de existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la inminente comparecencia de Perú por el Caso Cesti Hurtado ha renovado en los funcionarios de la Corte Interamericana esperanzas de que la pugna llegue a su fin.
Los fallos contra Perú en la CIDH se refieren a la falta de garantías para los acusados de terrorismo, amenazas contra periodistas opositores y la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional que se oponen a la segunda reelección consecutiva de Fujimori.
Perú decidió salirse de la jurisdicción de la CIDH cuando ésta se aprestaba a a tratar dos casos importantes y polémicos. El primero de ellos es el retiro de la nacionalidad peruana y de la propiedad de un canal de televisión al empresario de origen israelí Baruch Ivcher.
Este canal había denunciado a través de sus programas casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos atribuidos a funcionarios del gobierno de Fujimori.
El otro caso que precipitó el retiro de Perú de la CIDH fue la destitución de tres integrantes del Tribunal Constitucional (Delia Revoredo, Manuel Aguirre y Guillermo Rey Terry) que habían votado contra la posibilidad de que Fujimori fuera reelecto.
Ante estos dos casos, el tribunal interamericano reivindicó, de manera inflexible y clara, su competencia para actuar, y anunció que continuará adelante con los procesos.
La CIDH continúa estudiando el caso de Norberto Durand y Gabriel Ugarte, apresados por acusaciones de terrorismo en 1986 y desaparecidos después de un motín en la cárcel San Juan Bautista (El Frontón), quienes luego fueron absueltos.
Otro caso aún pendiente es el de Luis Alberto Cantoral, un joven que, al parecer, fue privado de manera ilegal de su libertad, sometido a tratos crueles y degradantes y juzgado dos veces por el mismo delito.
En su primera sesión ordinaria del año, la CIDH también atenderá otros tres casos en los que se acusa a los estados de Bolivia, Colombia, Nicaragua y Panamá.
Los funcionarios de la Corte esperan que la audiencia por el caso panameño sea una de las más grandes en la historia del tribunal, debido a la cantidad de asistentes, peritos y testigos que declararán en el proceso conocido como caso Baena Ricardo.
Unas 100 personas anunciaron que viajarán en autobús desde Panamá para asistir al juicio en que se acusa al Estado panameño de destituir, en forma supuestamente arbitraria, a 270 funcionarios públicos que habían participado en una huelga por reclamos laborales.
Entre los testigos que declararán figurará el ex presidente de Panamá Guillermo Endara (1989-1994). (FIN/IPS/nms/mj/ip hd/99
