La capital de Venezuela comenzó el año 2000 desafiada por una de las peores catástrofes de su historia, que volvió a poner en la mesa del debate urbanístico el tema del crecimiento de la marginalidad en zonas de alto riesgo.
La tragedia es aprovechada por autoridades con jurisdicción sobre Caracas para desalojar cientos de viviendas ofreciendo a sus habitantes la posibilidad de reubicarse en otros puntos del país, pero aún no está claro si la estrategia funcionará.
Tractores apoyados por la presencia policial y por autoridades que despliegan estrategias de persuasión, llevan tres semanas frecuentando algunas de las peligrosas laderas donde las lluvias provocaron destrucción y muerte, para pedirle a los habitantes que abandonen sus precarias casas.
"No podemos permitir que miles de familias sigan pendiendo de un hilo", comentó el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Los expertos municipales estimaron que sería necesario demoler 3.500 viviendas.
El gobernador de Caracas, Hernán Gruber, quien es representante del gobierno central, planteó que quienes habitan en zonas de riesgo "deberán mudarse", y advirtió que si es necesario se usará la fuerza.
"Preferimos tener entre 5.000 y 10.000 disgustados, antes que 10.000 víctimas más si se produjeran nuevos deslizamientos", aseguró el jefe de defensa civil, Angel Rangel, al justificar el operativo de desalojo.
Las lluvias atípicas para esa época del año, atribuidas al fenómeno climatológico de La Niña, fueron inclementes la madrugada del 16 de diciembre y provocaron inundaciones y deslizamientos en tierra en numerosas localidades del norte de Venezuela.
El resultado fue la peor catástrofe natural en la historia del país, especialmente por las consecuencias sobre el estado costero de Vargas, 40 kilómetros al norte de la capital, semidestruido por avalanchas de lodo y piedras.
Las vertientes de una verde cadena montañosa que separa a Vargas de Caracas se transformaron en furiosos ríos a causa de las lluvias, y la capital también resultó seriamente afectada.
Durante el jueves 16 de diciembre algunas calles de Caracas se transformaron en torrentes de agua, lodo y desperdicios que arrastraron casas, automóviles y personas. Aún no se conoce el número exacto de muertos que hubo en la capital, pero se estima que pasa del centenar.
Tampoco se conoce el número total de víctimas en todo el país, aunque algunos especialistas estimaron que podrían ser hasta 30.000, a juzgar por la destrucción urbana en Vargas.
En Caracas, las zonas más perjudicadas fueron algunos "barrios", como se denomina en Venezuela a los asentamientos marginales, que estaban ubicados en escarpadas laderas o al borde de las quebradas.
Algunos de esos asentamientos habitados por los más pobres de la capital fueron borrados del mapa urbano. Muchos de los que se salvaron vieron como sus casas eran arrastradas por el temporal, y se estima que en Caracas quedaron más de 15.000 damnificados.
Si bien la tragedia en esta ocasión contó con el aporte de precipitaciones pocas veces igualadas en la historia, capaces de debilitar el sedimento de la montaña El Avila, que está considerada como un tesoro de la capital, el problema de los deslizamientos es recurrente.
Todos los años hay algunos casos de casas arrastradas por el agua, que invariablemente se producen en esos barrios asentados sobre laderas y compuestos por "ranchos", como se denomina en Venezuela a las viviendas precarias de los más pobres.
El gobierno de Hugo Chávez aseguró que no permitiría el surgimiento de nuevos barrios en zonas ilegales, y anunció un plan para reubicar a damnificados y desalojados en nuevos núcleos habitacionales, en especial en el despoblado sur del país.
De esa forma se iniciaría un ambicioso proyecto de ordenación territorial que busca desconcentrar la franja norte de Venezuela, donde 80 por ciento de la población habita en ciudades.
Sin embargo, otros intentos por desconcentrar la ciudad han tropezado en el pasado con la insistencia de las personas por vivir en torno a las ciudades donde están las mejores oportunidades de empleo.
Marcos Negrón, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, sembró la duda sobre la efectividad de los proyectos de migración hacia el campo, que considera parte de un "antiurbanismo retórico".
Los problemas deben resolverse con desarrollo urbano adecuado, argumentó Negrón, para quien el trato de las ciudades ha sido irresponsable, sin entender que la mejor solución es una buena planificación.
Negrón consideró que muchos damnificados están seducidos por los planes de reubicación del gobierno por el choque ocasionado por la tragedia, pero se pregunta cuánto tiempo resistirán antes de volver a la ciudad si no consiguen empleo o si su nueva vida resulta frustrante. (FIN/IPS/lc/ag/dv-pr/00
