Un fuerte impacto político causó en Chile el anuncio formulado por el ministro del Interior británico, Jack Straw, sobre una inminente liberación del ex dictador Augusto Pinochet por razones humanitarias.
La inesperada decisión de Straw fue anunciada el martes, a solo cinco días de la trascendental segunda vuelta de la elección presidencial de este domingo, en que el candidato oficialista Ricardo Lagos se enfrenta a Joaquín Lavín, de la oposición de derecha.
La noticia provocó de inmediato diversos pronunciamientos de sectores políticos, militares y activistas de los derechos humanos.
Straw declaró su disposición a liberar a Pinochet, arrestado desde el 16 de octubre de 1998 en Londres, con base en informes de los médicos que hace 15 días examinaron al ex dictador y determinaron que no está en condiciones de soportar un juicio en España.
El ministro dijo que negará la solicitud para extraditar a Pinochet a Madrid, donde se le acusa de crímenes contra la humanidad, pero admitió la posibilidad de que tanto el gobierno español como Amnistía Internacional interpongan recursos contra la medida en un plazo de siete días.
El anuncio de Straw sorprendió a los chilenos, ya que si bien no se descartaba la liberación de Pinochet por razones de clemencia, se esperaba que el gobierno británico pospondría cualquier decisión para después de las elecciones de este domingo.
Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), dijo que el ex dictador está en condiciones de soportar un juicio de extradición a España y que su organización agotará los recursos judiciales para conseguir que así sea.
Según la dirigenta, Straw "ha buscado un subterfugio" para interrumpir el juicio. Agregó que "las presiones y angustias del gobierno chileno han dado resultado, pero nosotras no perdemos la confianza".
La abogada Julia Urquieta, presidenta de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, lamentó también el anuncio británico y se declaró "bastante sorprendida". "Es una decisión grave, ya que la gran mayoría de Chile quiere verdad y justicia", dijo.
Urquieta y García coincidieron en que los crímenes represivos atribuidos a la dictadura de Pinochet (1973-1990) no pueden quedar impunes y señalaron que si regresa a Chile deberá ser juzgado por unas 50 querellas presentadas en su contra.
El senador Sergio Romero, del derechista Partido Renovación Nacional, dijo que "el país debe alegrarse" porque termina "el calvario" de un hombre de 84 años. "Es una situación de humanidad, de la cual no deben sacarse dividendos políticos", expresó.
Romero salió así el paso de los comentarios que hizo el senador socialista Ricardo Núñez, para quien "la gente de la derecha es la que debe estar más preocupada" por el efecto electoral de un eventual retorno de Pinochet.
Lavín mantuvo "un extraño silencio" y tuvo "una súbita amnesia" con respecto a Pinochet durante la campaña electoral, lo cual le reportó dividendos en las urnas, señaló el parlamentario socialista.
Núñez indicó que la "dimensión humanitaria" estuvo siempre presente en este caso, y por ello el gobierno de Frei apeló a la deteriorada salud del ex dictador y actual senador vitalicio para conseguir su retorno a Chile e impedir su extradición a España.
"Esperamos que (Pinochet) se retire una vez que vuelva a Chile, que deje de ser un factor que interfiere en la vida democrática. Seríamos el país hazmerreir del mundo si Pinochet reasume como senador vitalicio", apuntó Núñez.
El general retirado Jorge Villarroel, ex vicecomandante en jefe del Ejército, sostuvo que el inminente retorno de Pinochet "es muy positivo para el país" y dijo que no venían al caso los comentarios "apuntados al tema eleccionario", como el de Núñez. (FIN/IPS/ggr/dm/ip/00
