El presidente de Chile, Eduardo Frei, criticó duramente la actitud de la oposición derechista frente al caso de Augusto Pinochet y dijo que deben ser los tribunales los que determinen si el ex dictador es juzgado en este país.
El mandatario hizo una declaración oficial luego de que el martes el ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, anunciara su propósito de negar la extradición a España de Pinochet por razones humanitarias, debido a su deteriorada salud.
Frei señaló que seguirá actuando en la línea de cumplir el compromiso de "clausurar esta situación", con el regreso de Pinochet a Chile, antes de que finalice su mandato presidencial el 11 de marzo.
Pinochet, arrestado desde el 16 de octubre de 1998 en Londres, podría regresar a Chile a fines de mes, en caso de que Straw desestimara los reparos a su anunciada decisión y de que no se interpusieran otras situaciones legales.
El ministro británico fijó un plazo de siete días para recibir las objeciones que el juez español Baltasar Garzón, Amnistía Internacional y otros grupos humanitarios podrían hacer ante su propósito de negar la extradición de Pinochet a España.
Resta igualmente clarificar situaciones legales, como la eventual obligación de la propia justicia británica de juzgar a Pinochet según la Convención contra la Tortura, así como las implicaciones de los procesos abiertos contra el ex dictador en otros países europeos, como Francia, Bélgica y Suiza.
El ex dictador (1973-1990) y actual senador vitalicio de 84 años no está en condiciones físicas de soportar un juicio en España, según habría establecido un equipo de médicos británicos a través de los exámenes en que Straw fundamentó su anuncio.
Las incógnitas sobre el futuro procesal de Pinochet incluyen así mismo más de 50 querellas criminales presentadas en su contra en Chile desde febrero de 1998 y cuya investigación está a cargo del magistrado Juan Guzmán.
Tanto la causa llevada en España por el juez Garzón, como las decenas de querellas en Chile, se basan en crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Pinochet, bajo la cual se registraron 3.190 desapariciones forzadas y asesinatos políticos.
"Son los tribunales de justicia de nuestro país los que deben pronunciarse frente a las responsabilidades penales que le corresponden al senador Pinochet en las causas actualmente en trámite. Los jueces tienen la independencia y las facultades para llevar adelante su tarea", señaló Frei.
Guzmán dijo que su primera medida si el ex dictador regresa a Chile, será pedir que el Instituto Médico Legal determine su estado de salud físico y mental. Recordó que en Chile no existe, como en Europa, el recurso de las razones humanitarias para interrumpir un juicio.
El magistrado agregó que continúa analizando la posibilidad de pedir que Pinochet sea despojado de su fuero o inmunidad parlamentaria, requisito indispensable para someterlo a proceso, de acuerdo con las leyes chilenas.
Frei subrayó que su gobierno mantuvo en el caso "una consistente política de Estado", sobre la base de la defensa de principios y no de personas, y elogió la madurez del país, que permitió llevar una posible crisis por "cauces moderados y pacíficos".
"Actuamos con transparencia y de cara al país", dijo. "Nuestra actitud contrasta fuertemente con la de aquellos que hasta hace pocos meses exigían incluso la ruptura de relaciones con Gran Bretaña y que hoy, en cambio, ocultan su adhesión a Pinochet y guardan absoluto silencio".
Esas palabras fueron una velada alusión a la oposición derechista y a su candidato presidencial Joaquín Lavín, que se desentendieron de la situación del ex dictador durante la campaña electoral.
Lavín obtuvo en la votación del 12 de diciembre un virtual empate con el candidato oficialista Ricardo Lagos y este domingo ambos tienen que enfrentarse en una segunda vuelta para dirimir quién será el sucesor de Frei.
Lavín señaló que la justicia debe determinar si Pinochet tiene que ser juzgado en Chile, en tanto Lagos sostuvo que si llegaba a la Presidencia, habrá plenas garantías para que los tribunales lleven a cabo su labor con independencia.
Hasta hace dos días se descartaba un pronunciamiento de Straw sobre el caso Pinochet antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aunque ambos candidatos estimaron que el nuevo escenario no tendrá repercusiones este domingo.
La cautela que se mantiene en torno de la suerte del ex dictador quedó graficada en un breve comunicado del Ejército, el cual anunció que seguirá apoyando por todos los medios "un digno regreso" del ex gobernante a Chile.
"Estando de por medio la vida del ex comandante en jefe del Ejército, la institución espera que esta situación se tome con prudencia y que no sea aprovechada con otros fines", agregó el comunicado castrense.
Marco Antonio Pinochet, hijo del ex dictador, señaló que la familia recibió el anuncio de Straw "con calma y optimismo moderado". Añadió que "puede haber sopresas" en los próximos siete días, y que no estará tranquilo hasta que el general vuelva a Chile, ya que "puede pasar cualquier cosa" debido a su estado de salud.
Organizaciones políticas y humanitarias protestaron frente al palacio presidencial de La Moneda, señalando que los esfuerzos del gobierno por sustraer a Pinochet de la justicia española apuntan a garantizar la impunidad del ex dictador.
Genaro Cuadra, dirigente juvenil del cogobernante Partido Socialista, dijo que las autoridades deben exigir el juzgamiento de Pinochet en Chile con la misma vehemencia con que se opusieron a su arresto en Londres y a su extradición a España.
El joven comunista Alvaro Cabrera, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, expresó el temor de que el mismo argumento humanitario invocado en Gran Bretaña se use en Chile para impedir que Pinochet sea sometido a los tribunales. (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/00
