Birmania, que hace 50 años era el mayor productor y exportador de arroz de Asia al independizarse de Gran Bretaña, tiene ahora uno de los peores índices de desarrollo humano del continente, luego de cuatro décadas sucesivas de dictadura militar.
Un nuevo informe sobre la situación alimentaria de Birmania revela el verdadero alcance de la escasez y del hambre, y explica el papel que tiene la dictadura militar como perpetuadora de la situación.
Es innegable la existencia de un vínculo entre la militarización y la escasez de alimentos en Birmania, destaca el informe publicado a fines de diciembre por la Comisión de Derechos Humanos de Asia, instalada en Bangkok.
"El gobierno militar de Birmania incorporó el saqueo de alimentos a las políticas, la estructura y las operaciones rutinarias del Estado", denuncia el informe, basado en los descubrimientos de un "tribunal popular".
El tribunal popular, "un ejercicio público para descubrir y comunicar pruebas sobre violaciones a los derechos humanos", creado en Tailandia a comienzos del año pasado, se propone dar a conocer el sufrimiento de gente común como agricultores, pescadores tradicionales, empleados públicos, estudiantes e investigadores.
"La esperanza de vida de Birmania es de 60 años al nacer, mientras que en el resto de Asia oriental, el promedio es de 68. La mortalidad infantil es de 79 por mil nacimientos, y en el este del continente, el promedio es de 34 por mil. Es muy alto el grado de desnutrición infantil, la 'emergencia silenciosa' del país", afirma el informe de 1999 del Banco Mundial.
Cerca de 30 por ciento de los niños menores de 10 años están débiles, "lo cual refleja privaciones de larga data", según el informe del Banco Mundial, titulado "Birmania: un estudio económico y social".
Las dos causas principales de la escasez de alimentos son, según el tribunal popular, las políticas militares de aprovisionamiento de arroz y los programas de obras públicas que imponen trabajos obligatorios y sin compensación.
Las medidas sistemáticas que se adoptan contra la insurgencia en las zonas de conflicto también empobrecieron a la población, según el tribunal.
Los militares luchan contra ciertas minorías étnicas como los karen y los karennis, que quieren la independencia y no se someten al control de Rangún.
La destrucción de cosechas, el desplazamiento de civiles y el reasentamiento de pueblos enteros, además de la imposición arbitraria de impuestos y los trabajos forzados, significó una destrucción sistemática de la seguridad alimentaria de la población local, aseguró el tribunal.
La propuesta del tribunal es mostrar el sufrimiento de la gente común a través de 26 testimonios de al menos ocho grupos étnicos diferentes.
Más de 12 grupos étnicos conviven en Birmania, donde viven 48 millones de personas que hablan en más de 100 lenguas y dialectos diferentes.
El tribunal popular entregó sus descubrimientos a un panel de tres conocidas personalidades del movimiento asiático a favor de los derechos humanos.
Dichas figuras son el juez ambientalista H. Suresh, de la Corte Suprema de Justicia de Mumbay (Bombay), India, el profesor Mark Tamthai, director del Centro de Filosofía y Políticas Públicas de la Universidad de Chulalongkorn, en Bangkok, y el doctor Lao Mong Hay, director del Instituto Jemer para la Democracia.
La escasez de alimentos y el hambre aquejan a todo el país, pero hay diferencias grandes entre las zonas de conflicto armado y las que están en paz.
La estrategia de "cuatro cortes" que aplican las Fuerzas Armadas en las zonas donde hay guerra consiste en negarle alimentos, dinero y comunicaciones a la población civil y a los combatientes a fin de aplastar la rebelión.
"Pagamos para trabajar en nuestras propias plantaciones", se quejó Naw Ble, una agricultora de subsistencia de Dawei, en la división sudoccidental de Tenasserim, una zona en conflicto.
"Les damos todo y no tenemos sueldos. Nos roban nuestro arroz, así que tenemos que comprar arroz para subsistir. Se llevan nuestras frutas y hortalizas, nuestros animales y nuestras plantas, y no podemos hacer nada" para impedirlo, expresó.
Los reasentamientos en zonas que no son enteramente controladas por el gobierno son comunes, y los sitios que alguna vez estuvieron poblados son declarados zonas de "fuego libre", donde los soldados tienen permiso para dispararle a cualquier persona que vean.
Por otra parte, los trabajos forzados no dejan tiempo a los agricultores de cultivar sus tierras para sí mismos. El arroz que se confisca y las magras raciones que obtienen a cambio contribuyen a crear la situación de inseguridad alimentaria.
La dictadura militar compra un porcentaje de la producción de todos los arrozales a precios mucho más bajos que los del mercado en ciertas zonas donde no hay guerra civil, y eso obliga a los agricultores a comprar arroz a precios más altos.
La pobreza de la zona rural está muy ligada a la agricultura, ya que la producción agrícola es la principal actividad económica de más de la mitad de los hogares pobres del campo.
Cerca de la cuarta parte de la población vive por debajo de los niveles mínimos de subsistencia, según la línea de pobreza establecida por el gobierno.
Una de las conclusiones más duras del tribunal popular es que la dictadura, que asegura tener entre sus prioridades la de "proteger los intereses del pueblo", en cambio "antepone los intereses militares a la seguridad alimentaria" desde siempre.
El sistema de "pago" de cuotas de arroz se implementó por la fuerza, y su objetivo es suministrar alimento barato al personal militar y a los empleados públicos, además de exportar el cereal para obtener dinero en moneda extranjera.
El ejército birmano es uno de los más grandes del mundo. En 1995-96 duplicó el tamaño que tenía en 1989-90, llegando a tener 350.000 efectivos. Entre 1993 y 1996, el presupuesto para Defensa fue de cerca de 40 por ciento del gasto público total.
Estadísticas publicadas por el gobierno muestran que el gasto por persona en el ejército es nueve veces mayor que el de los servicios de salud y el doble de lo que se invierte en educación. La tendencia ha ido empeorando.
"Suele haber problemas de credibilidad respecto de los informes que se publican en Birmania", indicó Steve Thompson, un activista de Tailandia que trabaja en el tema.
"Pero la profundidad de la investigación y el marco legal utilizados por este tribunal para hacer su trabajo son un desafío importante para el gobierno. Habrá que seguir intentándolo hasta que el pueblo deje de vivir como esclavo", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/tag/js/ceb-mlm/hd-dv/00
