La transferencia de la base estadounidense de Clayton a Panamá transcurrió con normalidad, pero al mismo tiempo surgen motivos de incertidumbre sobre el futuro del canal interoceánico, advirtieron hoy políticos, expertos y líderes comunitarios.
El complejo militar, que llegó a albergar hasta 10.000 soldados del Ejército Sur de Estados Unidos, fue recibido el martes por la presidenta panameña, Mireya Moscoso, en una ceremonia de entrega de llaves y de cambio de banderas y estandartes.
La mandataria enfatizó que Estados Unidos y Panamá mantienen negociaciones para llegar a un acuerdo de seguridad que sería sometido a referendo popular.
"Tenemos que ir reformulando nuestras relaciones con Estados Unidos y no buscando crear conflictos donde no existen", dijo Moscoso en un intento por disipar la dudas y protestas por el inicio de la negociación de un plan estratégico de seguridad nacional con apoyo de Washington.
Las declaraciones de Moscoso se produjeron mientras policías panameños en uniforme de gala ocupaban las instalaciones de Clayton, en cuyas 872 hectáreas existen escuelas, un motel, barracas, 1.392 viviendas, 39.000 metros cuadrados de depósitos, piscinas y campos de recreo, entre otras instalaciones.
Sin embargo, la investigadora en demografía Carmen Miró manifestó que "el futuro de las áreas del canal está en duda", debido al hermetismo que prevalece en las negociaciones sobre seguridad.
Esas conversaciones apuntan al uso militar disimulado de algunas áreas, ya que "Estados Unidos se resiste a abandonar Panamá", y podría ejercer presiones para mediatizar la entrega de bases, según Miró.
La experta se refirió a la aprobación el martes, por parte de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), de una solicitud del Ministerio de Gobierno y Justicia y del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Nacional para la utilización de las instalaciones transferidas este año a la jurisdicción de Panamá.
La petición incluye dos hangares en la base aérea de Howard, sobre el océano Pacífico, para uso del Servicio Aéreo Nacional, un edificio en el centro de comunicaciones de Corozal, un muelle en la antigua base de Sherman, en el litoral Caribe, y otro edificio en Quarry Highs, donde opera hoy la cancillería.
El ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, explicó que el plan de seguridad elaborado en colaboración con Estados Unidos tiene el objetivo de proteger al país, incluidas sus fronteras, y garantizar la inversión extranjera.
No obstante, Miró comentó que "algo huele a podrido" en los intentos del gobierno de reservar edificios de la base de Howard con fines de seguridad, lo que afectaría los planes de la ARI para el desarrollo de parques industriales, un centro multinodal para el transporte de carga aérea y proyectos turísticos.
Las inquietudes sobre el aprovechamiento de áreas del canal se acentuaron luego que unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) acordonaron la sede de la Autoridad Marítima Nacional, cuyo director Rubén Reyna, se niega a abandonar el cargo tras ser destituido.
Natasha Sucre, presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes y Raíces, opinó, por su parte, que "existe incertidumbre" en este mercado, porque no se sabe el destino que tendrán algunos sitios de costoso mantenimiento en las riberas del canal que iban a ser sometidos a licitaciones públicas.
Mitchell Doens, miembro de opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), señaló que el gobierno de Moscoso "muestra una gran incompetencia" para conducir las negociaciones con Estados Unidos y "teme abordar el tema en forma pública", a través de un debate con los partidos políticos.
Arguyó que Estados Unidos trata de reeditar las cláusulas intervencionistas del proyecto original del Centro Multilateral Antidrogas (CMA), que fracasó en el periodo anterior debido al rechazo del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares.
Doens estimó que los últimos conflictos en la frontera con Colombia pueden estar vinculados a los intentos de culminar un proceso de negociaciones aceleradas, que han provocado protestas sindicales y estudiantiles.
El PRD divulgó en octubre de este año el borrador de un proyecto sobre acopio combinado e intercambio de información e inteligencia marítima, que permitiría a Estados Unidos dirigir una fuerza de despliegue táctico desde Panamá.
Al respecto, Oydén Ortega, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, recalcó que el contenido del Tratado de Neutralidad del Canal no puede ser disminuido por ningún pacto de seguridad.
Recordó que la Constitución aprobada en 1972 y las reformas de 1983 establecieron que todo acuerdo sobre el canal y sus zonas adyacentes debe ser discutido en la Asamblea Nacional Legislativa (parlamento) y luego ser sometido a un referendo convocado por el Poder Ejecutivo.
Carlos López, ex negociador de los Tratados del Canal firmados por los presidentes Omar Torrijos, de Panamá, y James Carter, de Estados Unidos, estimó que la mejor defensa de la vía interoceánica no reside en la creación de fuerzas militares, sino en el concepto de neutralidad vigente.
También consideró necesaria la existencia de un clima de tranquilidad que propicie las inversiones.
López expreso su júbilo por la clausura de la última de las 14 bases de la llamada Zona del Canal, con una superficie de 1.432 kilómetros cuadrados, e insistió que las mismas deben ser incorporadas al desarrollo económico y social para lograr los objetivos de la independencia y plena soberanía nacional. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
