La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el martes examinar una demanda de firmas multinacionales contra autoridades locales de este país que emplean criterios de carácter ético para decidir con qué compañías hacen contratos.
Los nueve miembros de la Corte deberán dictaminar si las autoridades locales tienen potestades para ejercer presión en el terreno de la política internacional, mediante la discriminación de firmas que hagan negocios en países extranjeros cuyos gobiernos son considerados represivos.
El caso específico, "Natsios contra el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), deriva del desafío de una coalición de cientos de compañías multinacionales a una ley del estado nororiental de Massachusetts, aprobada en 1996. El fallo tendrá validez en relación con decisiones de otros gobiernos locales.
Esa ley impuso un descuento de 10 por ciento del puntaje en las licitaciones para contratos estatales de Massachusetts a las firmas que hagan negocios en Birmania.
Massachusetts realiza cada año licitaciones por valor de unos 2.000 millones de dólares.
Hay leyes de este tipo en cuatro estados y unas 33 ciudades estadounidenses, para obligar a las empresas a optar entre el acceso a contratos gubernamentales, a menudo muy lucrativos, y los negocios en países cuyos gobiernos son desaprobados por las autoridades locales.
Esas normas, llamadas "leyes de compra selectiva", fueron un poderoso instrumento para los activistas humanitarios locales desde que el movimiento contra el régimen racista sudafricano del apartheid comenzó a impulsarlas a fines de los años 70.
Durante los años 80 muchas autoridades locales aprobaron leyes que impidieron a compañías con inversiones en Sudáfrica realizar contratos con el sector público. Esto contribuyó en gran medida a que empresas estadounidenses, incluyendo gigantes como Coca-Cola, IBM y General Motors, abandonaran Sudáfrica.
Normas aprobadas por el estado noriental de Nueva York, el sudoccidental de California, el oriental de Pennsylvania y otros estados y ciudades obligaron el año pasado a bancos suizos y compañías de seguros a llegar a un acuerdo con víctimas del holocausto nazi y sus familias.
Otras autoridades locales aprobaron leyes que discriminan a las compañías que hacen negocios con China, Cuba y Nigeria.
Hasta hace poco tiempo las compañías evitaron presentar demandas contra las normas de "compra selectiva", en parte porque temían la publicidad negativa que podrían generar al defender sus operaciones en determinados países.
La estrategia cambió el año pasado, cuando dos de las coaliciones de negocios más poderosas del país, la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Manufacturas, decidieron que esas leyes eran demasiado costosas para sus integrantes.
Ambas coaliciones ayudaron a fundar el NFTC, que reúne a 580 compañías y presentó una demanda contra el estado de Massachusetts.
El NFTC invoca el precepto constitucional en el cual se establece que la ley federal es suprema en materia de comercio internacional y asuntos exteriores, e invalida en forma automática cualquier ley local que se le oponga.
La posición de las firmas demandantes fue respaldada por la Unión Europea (UE), cuyas compañías también se han visto afectadas por las normas de "compra selectiva".
La UE y Japón alegaron ante la Organización Mundial del Comercio que la ley de de "compra selectiva" de Massachusetts viola un acuerdo internacional que prohíbe el uso de criterios no económicos en la concesión de contratos gubernamentales.
La posición de Massachusetts es apoyada por más de dos docenas de miembros del Congreso de los dos grandes partidos de Estados Unidos (el Demócrata y el Republicano), una gran cantidad de grupos humanitarios y laborales, y las autoridades de 11 estados (incluyendo a los tres mayores: Nueva York, California y el meridional de Texas) y más de una docena de ciudades.
Todos arguyeron que sólo el Congreso tiene la potestad de impugnar una norma estatal o local relacionada con países extranjeros, y que la ley de Massachusetts, que no fue impugnada, recibió un respaldo tácito.
También alegaron que normas internacionales sobre derechos humanos ratificadas por Estados Unidos habilitan la acción de las autoridades locales contra determinados abusos en el terreno internacional.
En el caso "Natsios contra el NFTC", dos tribunales federales ya dieron la razón a las compañías demandantes.
"La ley de Massachusetts sobre Birmania fue redactada con el propósito de cambiar la política doméstica de ese país. Los intereses estatales, por nobles que sean, no deben interferir con el exclusivo poder del gobierno federal en los asuntos exteriores", afirmó el juez de distrito Joseph Tauro, en noviembre de 1998.
En junio, un tribunal federal de apelaciones integrado por tres magistrados confirmó el dictamen de Tauro en una decisión aun más contundente contra las autoridades de Massacusetts.
"La conducta en asuntos exteriores de esta nación no puede ser administrada de modo eficaz y en nombre de todos sus ciudadanos, si cada uno de sus muchos estados y gobiernos locales tiene su propia política exterior", se afirmó en el fallo en segunda instancia.
Ese fallo sólo tiene validez en los estados de la región nororiental de Nueva Inglaterra (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont) que constituyen la jurisdicción del tribunal federal de apelaciones.
El veredicto de la Corte Suprema tendrá fuerza legal en todo el país.
La Corte considerará el caso a comienzos del año próximo 2000, y es probable que no llegue a una decisión antes del próximo verano (boreal).
Si la Corte Suprema respalda los fallos anteriores, puede barrer con las normas de "compra selectiva", que también son aplicadas por universidades y otras instituciones públicas locales.
Esto sería una gran victoria para los firmas multinacionales, que ya no tendrían que preocuparse por las eventuales consecuencias económicas en Estados Unidos de sus controvertidas inversiones en el exterior.
El resultado sería privar "a las ciudades y estados del poder de emplear criterios morales para elegir a sus socios, cuando el uso de esas normas afecte el comercio exterior", declaró Bob Stumberg, un profesor del Centro Legal de Georgetown.
Si la Corte, que en recientes dictámenes ha tendido a respladar la autoridad de los gobiernos locales, no acepta el fallo del tribunal federal de apelaciones, las leyes de "compra selectiva" podrían proliferar, comentó Peter Spiro, un profesor de derecho de la Universidad Hofstra, en Nueva York.
"En el contexto de la globalización económica, esto podría ser muy significativo", indicó Spiro.
El gobierno del presidente Bill Clinton evitó en forma deliberada fijar una posición en el caso.
Las instituciones públicas vinculadas con los negocios, como los departamentos del Tesoro y de Comercio, respaldaron al NFTC en discusiones internas, pero el Consejo Nacional de Seguridad argumentó contra las firmas demandantes, y las posiciones dentro del Departamento de Estado se dividieron en partes iguales. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ego/mp/hd if ip/99)
