El capítulo en Estados Unidos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y el grupo ambientalista Sierra Club anunciaron hoy que sumarán sus fuerzas para proteger en todo el mundo a los defensores del ambiente perseguidos por gobiernos e intereses empresariales.
"No debe ser peligroso defender la Tierra en el mundo de hoy: hablar en contra de la destrucción ambiental, protestar cuando las compañías madereras o petroleras ponen en riesgo la salud de la gente, escribir sobre los peligros asociados con la construcción de una represa", dijo la presidenta de AI Julianne Taylor.
"En demasiados países, este tipo de activismo significa arriesgar -y perder- la libertad, la salud, incluso la vida", aseguró.
Con más de un millón de voluntarios en todo Estados Unidos, los dos grupos trabajaron en conjunto en campañas anteriores para proteger a ambientalistas de Camboya, Nigeria y Rusia.
La campaña lanzada este jueves, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, confirma esa sociedad, según Michael Dorsey, uno de los directores de Sierra Club.
En su primer acto, el nuevo grupo, denominado "En defensa de aquellos que le dan voz a la Tierra", divulgó un informe sobre 10 de los casos más urgentes de persecución sufrida por activistas del ambiente en todo el mundo.
"Los gobiernos de países industrializados y en desarrollo se confabulan con las compañías trasnacionales para proteger sus ganancias a costa del ambiente, la democracia y los derechos humanos", dijo Taylor.
La campaña tiene dos metas, informó. Presionar en los casos de ambientalistas presos o detenidos, y trabajar para desarrollar políticas gubernamentales y empresariales que aseguren la protección a largo plazo de los derechos humanos y el ambiente.
El informe del nuevo grupo, "Ambientalistas bajo fuego", se refiere a casos en Birmania, Camboya, Camerún, Chad, China, Ecuador, India, Kenia, México, Nigeria y Rusia.
La abogada mexicana Digna Ochoa y Plácido dijo a la prensa en Washington que sus clientes, los activistas contra la tala de los bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron detenidos en mayo por soldados mexicanos en el pueblo de Pizotla, estado de Guerrero, por supuestos vínculos con guerrilleros.
Ambos, que luego fueron golpeados y torturados para que confesaran, pertenecían a una organización ambientalista mexicana que exigía la prohibición de la tala de bosques cercanos.
"Compañías madereras estadounidenses como Boise Cascade abandonaron Estados Unidos para venir a México donde destruyen nuestros bosques", sostuvo Ochoa y Plácido, quien agregó que el gobierno mexicano aún no comenzó la investigación sobre el tratamiento dado por el ejército a los dos activistas.
Julia Tchernova relató cómo su padre, el ingeniero nuclear Aleksandr Nikitin, fue acusado de espionaje por el gobierno ruso después de publicar un libro que documentó los problemas de la contaminación radiactiva provocada por los submarinos nucleares de la Flota Septentrional de Rusia.
Cuatro años de acoso y persecución constantes por la FSB, la agencia de seguridad interna rusa, provocaron la separación de la familia, según Tchernova, así como la pérdida de beneficios civiles y sociales.
"Toda mi familia está separada. La última vez que vi a mi padre fue hace un año y medio", dijo Tchernova, al borde de las lágrimas.
Otro caso destacado en el informe es la expulsión de integrantes de minorías en Birmania, donde las petroleras Unocal y Total cooperan con la dictadura militar para construir un gasoducto.
El informe también denuncia la militarización de la zona de Oriente, en Ecuador, donde las comunidades indígenas defienden su territorio contra las actividades antiecológicas de las petroleras estadounidenses.
En forma similar, la represión de las fuerzas del gobierno de Nigeria que protegen intereses de compañías petroleras instaladas en el delta del Níger ha sido notoria, incluso antes de la ejecución en noviembre de 1995 de Ken Saro Wiwa y ocho activistas más pertenecientes a la etnia ogoni.
Aunque este año Nigeria eligió un gobierno democrático, la violencia parece haberse agravado, especialmente en las últimas semanas.
En Chad, al menos 200 civiles habrían sido asesinados en la zona petrolera de Doba, y el único legislador que se opuso a un proyecto de oleoducto, dirigido por Exxon, Shell y Elf, fue preso durante 10 meses por acusar a otro legislador de aceptar sobornos de las tres compañías.
En la vecina Camerún, donde el mismo proyecto de oleoducto amenaza al bosque del litoral del Atlántico, activistas que se pronunciaron contra el mismo recibieron amenazas anónimas, según el informe.
En China, activistas contrarios a grandes proyectos de infraestructura son acosados y perseguidos. En un caso, Dai Quing, escritor de un libro que critica a la enorme Represa de Tres Gargantas, fue preso durante 10 meses y se le prohibió publicar nuevamente.
En India, manifestantes contrarios a la construcción de la represa de Narmada siguen padeciendo represión, incluso arrestos, golpizas y otras formas de intimidación por las fuerzas de seguridad, según el informe conjunto.
Activistas en Kenia, que procuraban que los bosques públicos del país no fueran comercializados, fueron atacados, arrestados y golpeados, agregó.
En Camboya, AI y Sierra Club ganaron una importante victoria cuando lograron que el gobierno retirara las acusaciones contra dos activistas que fueron detenidos por presuntamente haber incitado disturbios contra la importación y el desecho de residuos tóxicos de Taiwan.(FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/en-hd/99
