Un comité especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU observó a los gobiernos los efectos negativos que las medidas de ajuste económico estructural y la liberalización del comercio pueden acarrear sobre los derechos humanos.
En una recomendación al gobierno de Bulgaria, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU previno que en sus negociaciones con las instituciones financieras internacionales debe tener en cuenta su obligación de respetar, proteger y cumplir esos derechos.
El comité manifestó también preocupación por la pérdida de la jurisdicción fiscalizadora de los estados transferida al sector empresarial, como en el ejemplo de la privatización de los sistemas de control e inspección laboral en Argentina.
Pero la resolución más saliente aprobada por el organismo en su último período anual de sesiones, concluido la semana pasada, consistió en una declaración dirigida a la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se reunió en esos mismos días en Seattle, Estados Unidos.
El Comité reconoció el potencial de la libre comercio para generar riqueza, pero se declaró también consciente de que la liberalización del comercio, las inversiones y las finanzas no crea ni conduce necesariamente a un entorno favorable para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
La oleada de reestructuraciones económicas y empresariales que responden a un mercado mundial cada vez más competitivo, y el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, han generado desempleo, inseguridad laboral y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, dando lugar a violaciones de los derechos económicos y sociales fundamentales, dijo.
El comité, integrado por 18 expertos independientes, tiene la misión de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Durante la última sesión examinó los casos de Bulgaria, Argentina, Armenia, Camerún, México e Islas Salomón.
Con respecto a Bulgaria, el organismo de la ONU manifestó profunda preocupación, porque persiste un alarmantemente elevado nivel de pobreza y un deterioro de la protección social en perjuicio especialmente de los grupos más vulnerables.
En la elaboración de las reformas, el gobierno búlgaro deberá tener en cuenta sus efectos sobre la pobreza, recomendó el Comité.
En Bulgaria existe también discriminación de la minoría gitana en muchos aspectos, como la educación, el trabajo, los beneficios sociales y el acceso a la tierra, lamentó
En el caso de Argentina, el Comité llegó a la conclusión de que la aplicación del programa de ajuste estructural ha impedido el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial para los grupos más desventajados de la sociedad.
El dictamen del organismo expuso preocupación por la alta tasa de desempleo en Argentina, casi 15 por ciento, y en particular, por el gran número de "nuevos pobres" que tradicionalmente proceden de las clases medias, afirmó.
Otro motivo de inquietud fue la cantidad de trabajadores expulsados hacia el sector informal de la economía. Alrededor de 37 por ciento de los trabajadores urbanos de Argentina no están registrados, lo que implica que unos tres millones de obreros carecen de seguridad social.
El Comité manifestó preocupación por la privatización de los sistemas de inspección y control laborales y advirtió que las campañas de difusión no son un substituto adecuado de las inspecciones eficaces realizadas por las autoridades públicas.
El examen de la situación en Camerún partió del reconocimiento de los problemas del pago de la deuda externa de ese país africano, que absorbe alrededor de dos tercios de las exportaciones e impide al gobierno destinar recursos suficientes al sector social.
Pero el dictamen expuso que en Camerún persisten ciertas tradiciones, costumbres y prácticas culturales que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esas prácticas incluyen la poligamia, los casamientos forzados a edad temprana y las leyes discriminatorias, que excluyen a las mujeres de la herencia de propiedades rurales.
El Comité lamentó que el gobierno de Camerún adoptara medidas inadecuadas para combatir, especialmente mediante programas educativos, la práctica persistente de la mutilación de genitales femeninos, que es sufrida por mujeres jóvenes en las provincias del norte y del suroeste del país.
El organismo expresó contrariedad también por la ausencia de medidas para eliminar la violencia doméstica contra las mujeres, que todavía es estimada como culturalmente aceptable por ciertos sectores de la sociedad camerunesa.
Las autoridades del país africano tampoco han impulsado leyes para prohibir el acoso sexual en los lugares de trabajo, una práctica extendida en Camerún, según informes recibidos por el organismo.
En el examen de la situación en México, el organismo de la ONU declaró que ese país realizó esfuerzos insuficientes para cumplir con las observaciones y recomendaciones que el organismo le dirigió después de la evaluación anterior.
México obtuvo progresos muy escasos en la reducción de la pobreza y el estado adopta un enfoque desigual para abordar los distintos problemas económicos y sociales de las regiones, que se aprecian entre los sectores vulnerables y olvidados de la sociedad mexicana, dijo el organismo.
El Comité se manifestó también preocupado por la persistencia de la situación apremiante de los pueblos indígenas, en especial en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.
La evaluación de la ONU dijo que en México, el problema de la corrupción tiene consecuencias negativas en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales.
El organismo declaró que no se está satisfecho con la información suministrada por el estado mexicano sobre las medidas adoptadas para combatir el serio problema de la corrupción con relación a los derechos protegidos por el Pacto. (FIN/IPS/pc/ff/hd/99
