El gobierno de la ciudad de México, que soporta el tránsito diario de unos cuatro millones de vehículos, comenzó a controlar a los desenfrenados conductores de taxis, autobuses y transportes de carga, que la han convertido en la capital del caos automotor.
A comienzos de este mes entró en vigor un nuevo reglamento de tránsito, que establece la aplicación de pruebas de alcoholemia y de consumo de drogas a conductores y de fuertes sanciones a quien obstruya la circulación, entre otras medidas.
El gobierno municipal del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el poder desde 1997, impulsó las reformas con vista a ordenar el servicio público de pasajeros y garantizar la seguridad de los peatones.
En sus 1.300 kilómetros cuadrados de superficie, la megalópolis mexicana es escenario cada día de unos 40 millones de recorridos de sus habitantes por los más variados medios de transporte, según estadísticas oficiales.
Cada viaje entre el domicilio y el lugar de trabajo o estudio de los habitantes de la capital de este país alcanza una distancia promedio de entre 30 y 40 kilómetros, a una velocidad de solo siete kilómetros por hora en los momentos de mayor tránsito.
Unos 33 millones de viajes diarios se efectúan utilizando el transporte público de pasajeros que recorre 1.662 barrios de una de las urbes más grandes y pobladas del mundo, que alberga a 20 millones de personas.
Tras décadas de circular bajo sus propias reglas, los conductores de 230.000 autobuses son considerados los principales promotores del desorden vial en la ciudad.
La mayor parte de estos transportes ya cumplieron su vida útil, lo cual convirtió a esas unidades en una importante fuente de contaminación.
Estudios gubernamentales reportan que por la emisión de contaminantes, en especial los generados por la flota vehícular, la calidad del aire en la capital mexicana puede considerarse satisfactoria menos de 20 por ciento de los días del año.
Entre enero y septiembre de 1999 los autobuses registraron un promedio de 33 accidentes al día, con saldo de 12 personas muertas y más de 7.400 lesionados.
Las páginas policiales de la prensa capitalina incluyen a diario crónicas sobre accidentes de autobuses que cumplen el transporte público.
El nuevo reglamento observa sanciones más drásticas para los conductores que sean sorprendidos trabajando en estado de ebriedad o utilizando la vía pública como pista de carreras, algo que sucede con regularidad.
Las autoridades municipales, encabezadas por primera vez en la historia de la ciudad por una mujer, Rosario Robles, dispusieron medidas para simplificar el pago de multas y ofrecieron descuentos de hasta 50 por ciento para quienes las paguen de inmediato.
Los agentes de control del tránsito aplican cada día unas 2.000 infracciones a conductores de todo tipo de vehículos.
La reforma a la norma de tránsito aumentó de 18 a 21 años la edad mínima para manejar autobuses y obligó a los conductores a tomar cursos de capacitación.
Aunque no existen estadísticas sobre el problema, el reglamento apunta a evitar que los conductores trabajen bajo los efectos de drogas, para lo cual deberán someterse a exámenes de contralor al momento de tramitar o renovar las licencias para trabajar.
Por cerrar u obstruir la circulación en vías públicas mediante bloqueos de personas, vehículos, colocación de rejas o cualquier otro objeto, se aplicarán multas de hasta 30 salarios mínimos, que equivalen a unos 90 dólares.
Estudiantes de la Universidad Nacional, que llevan adelante una huelga que paraliza esa casa de estudios desde el 20 de abril, desquiciaron el tránsito por varias horas en noviembre al instalarse en pleno "periférico", una vía rápida que rodea la ciudad.
El gobierno capitalino comenzó a implementar desde el mes pasado una operación de control sobre la documentación reglamentaria de los conductores de autobuses de pasajeros.
En medio de airadas protestas por el retiro de decenas de unidades que inclumplían la obligación de portar licencias y pólizas de seguro, conductores e inspectores de líneas de transportes se quejan de lo que llaman una campaña de desprestigio por parte del gobierno.
"Nada más hablan mal de nosotros, pero nadie dice que más de la mitad de la gente se mueve en la ciudad gracias a nosotros", se quejó un conductor, al tiempo que un compañero lamentó que "como siempre pasa, todos pagamos por lo que hacen otros".
Expertos destacan las buenas intenciones del gobierno al implementar las reformas al reglamento de tránsito, pero sostienen que no es la solución al problema de desorden vial que campea en la capital.
Para aliviar el caos del tránsito, el metro capitalino, que en 30 años extendió sus vías a lo largo de 178 kilómetros, las incrementará hasta los 250 kilómetros en la próxima década. Por ese medio de transporte se mueven cada día 4,3 millones de personas. (FIN/IPS/pf/dm/ip pr/99
