La demanda de nuevas leyes creció en Brasil, superando la capacidad del Congreso Nacional, aunque se considera que hay un exceso de normas trabando el desarrollo del país.
Ese aumento de propuestas legislativas, reflejo de la inestabilidad institucional, obligó a convocar nuevamente al Senado y a la Cámara de Diputados para sesiones extraordinarias entre el 5 de enero y el 14 de febrero, con una misión imposible de ser cumplida.
El objetivo es votar 31 proyectos, entre ellos 14 enmiendas constitucionales y otros asuntos polémicos, como el cobro de contribuciones previsionales de funcionarios públicos jubilados y una reforma tributaria.
La renuncia a las vacaciones, a comienzos del año y en julio, se hizo usual para los parlamentarios brasileños en esta década, pero no por falta de productividad en el período de trabajo normal.
Las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron más de 400 leyes este año, incluyendo varias enmiendas constitucionales que exigen ser votadas en dos vueltas en cada uno de los cuerpos legislativos, con 60 por ciento de legisladores a favor.
Este desempeño cuantitativo del parlamento sería irreprochable en cualquier parte del mundo.
Además, parte de los parlamentarios participaron en las comisiones de investigación, que tuvieron fuerte impacto al desnudar la alarmante expansión del crimen organizado infiltrado en el Estado e irregularidades en la justicia y en el sistema financiero.
En realidad, la pauta definida para las cinco semanas de enero y febrero es una exageración, reconocida hasta por el secretario general de la Presidencia, Aloysio Nunes Ferreira, uno de los coordinadores políticos del gobierno.
La mayoría de los asuntos polémicos no será votado, pero lo que se pretende es que comiencen a ser discutidos, admitió.
El presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, dijo declararse satisfecho con lograr la aprobación del presupuesto nacional para el 2000 y de una medida que permite al gobierno flexibilidad en el uso de parte de los recursos presupuestales, además de la votación inicial de la reforma del Poder Judicial.
El gobierno considera prioritarios otros temas, como el de la previsión social y la ley de responsabilidad fiscal, que establece puniciones para autoridades que violen las reglas de administración de recursos públicos.
La fiebre legislativa brasileña deriva en gran parte de la Constitución de 1988, muy detallada y aprobada poco antes de cambios profundos, como el fin de la llamada guerra fría y la apertura del mercado brasileño que alteró la economía nacional.
El entonces presidente José Sarney (1985-1990) vaticinó la ingobernabilidad del país con la ley fundamental tal como fue aprobada en esa oportunidad, ya que multiplica los gastos y deberes del gobierno sin prever la contrapartida en ingresos.
La nueva Constitución estableció su propia revisión cinco años después.
Pero 1993 era un período convulsionado del país, luego de la remoción del presidente Fernando Collor de Mello, que había asumido en marzo de 1990 y sometido luego a una investigación y juicio parlamentario a fines de 1992, por responsabilidades en la corrupción que dominó su gobierno.
Pocas alteraciones se hicieron en ese proceso de reforma constitucional. Las alteraciones a la ley fundamental proliferaron, ya superando 30 aprobadas, durante el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso, iniciado en enero de 1995.
Las enmiendas fueron necesarias para eliminar monopolios estatales, como el petrolero y energético, y privatizar servicios como las telecomunicaciones. Otras se aprobaron o siguen en debate para reformar la administración pública y la previsión social.
Pero aún están pendientes decenas de leyes complementarias y reglamentaciones determinadas por la Constitución. Además, el país vive un proceso de actualización de viejas legislaciones, como las que regulan relaciones laborales y las que establecen penas criminales.
A los numerosos proyectos aprobados por el Congreso, se suma la intensa actividad normativa del Poder Ejecutivo, a través de las llamadas medidas provisionales que, por la Constitución de 1988, sustituyeron a los decretos-leyes como medidas de vigencia inmediata aunque pendientes de ratificación parlamentaria.
La multiplicación de tales medidas dificulta su trámite en el Congreso y, como tienen un plazo de validez de 30 días, el presidente las renueva cada mes, haciendo más confuso el cuadro legal del país. Hay casos de más de 50 reediciones a la espera de la correspondiente ratificación por parte del parlamento.
El Congreso reaccionó a lo que considera abusos del Poder Ejecutivo.
El Senado aprobó una legislación que limita esa prerrogativa presidencial, que solo le falta ser aprobada por Diputados. Precisamente, este es uno de los proyectos incluidos en la pauta de las sesiones extraordinarias de las próximas semanas. (FIN/IPS/mo/dm/ip/99
