Los indígenas de Venezuela lograron por primera vez reconocimiento constitucional y ganaron el derecho a las tierras que ocupan ancestralmente, aunque debieron luchar hasta último minuto para conseguir la victoria.
La Asamblea Constituyente tuvo que recurrir a cambios de terminología y aclaraciones en el articulado, para superar el inesperado conflicto generado por la discusión del capítulo sobre derechos indígenas en la nueva Constitución.
El texto aprobado el miércoles sustituyó el término "territorio" por el de "hábitat", y aclaró que la denominación de "pueblos" para los indígenas no se equipara a su uso en el derecho internacional.
Opositores al proyecto inicial sobre derechos indígenas argumentaron que ambas palabras ponían en peligro la soberanía nacional, y dijeron que las comunidades indígenas podrían ser objeto de manipulación de transnacionales y grupos religiosos.
"Los constituyentes provenientes del sector militar han logrado convencer a varios de sus colegas que hay peligros ciertos en materia de soberanía", comentó el diario El Universal.
Los cuestionamientos no lograron detener la voluntad de incluir los derechos indígenas en la nueva Constitución, incluso los relacionados con la propiedad de la tierra, aunque generaron una "cláusula de salvaguarda".
"Forman parte de la nación y del Estado y pueblo venezolano como único, soberano e indivisible, y de conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional", planteó la cláusula.
Sin embargo, las aclaraciones no opacaron el triunfo de los pueblos indígenas que recorrieron un largo camino para ser considerados por primera vez en una Constitución y que celebraron este giro en su historia.
Los pueblos indígenas también estuvieron representados en la Asamblea de 131 integrantes por tres delegados que eligieron ellos mismos, y por otros tres que resultaron escogidos en los comicios nacionales del 25 de julio.
La Constitución vigente desde 1961 menciona brevemente a los indígenas en uno de sus artículos y prevé un estado de excepción para sus comunidades, una disposición confusa que nunca sirvió para combatir su postergación.
Ahora, el cambio es drástico. La Asamblea Constituyente encargada de redactar la Constitución que regirá desde el 2000 reconoce la "preexistencia" de los indígenas en Venezuela, y además acepta de sus lenguas sean oficiales en los territorios donde se hablan.
La nueva carta fundamental contiene un capítulo entero de siete artículos al respecto, que parte del reconocimiento del Estado a "la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social y económica, sus culturas, sus usos y costumbres, idiomas y religiones".
En seguida reconoce el hábitat de estos pueblos y los "derechos originarios" sobre tierras que ocupan ancestralmente. Establece que el Estado y los pueblos indígenas deberán ocuparse de demarcarlas.
Además, deberá garantizarse el derecho a la propiedad colectiva de estas tierras, que serán "inalienables, impresciprtibles, inembargables e intransferibles".
Los derechos a la indentidad étnica, cultural y a la cosmovisión, a una educación propia y bilingüe, y a mantener sus prácticas económicas y actividades productivas tradicionales también quedaron consagrados en el nuevo texto constitucional.
Una de las novedades importantes es la protección a la propiedad intelectual colectiva "de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas".
Las comunidades tendrán derecho a beneficiarse del aprovechamiento comercial de recursos genéticos o conocimientos indígenas, que no podrá incluir su registro de patentes.
"Este es un proyecto a futuro, los indígenas vamos a existir en este país por siempre", aseguró el constituyente Guillermo Guevara, uno de los representantes indígenas ante la Asamblea.
Por su parte, la constituyente de la etnia wayuu Noheli Pocaterra aseguró esta semana en un debate televisado que para llegar hasta este punto "hemos hecho un trabajo muy combativo, muy fuerte".
El textos constitucional que resulte aprobado por la Asamblea Constituyente deberá pasar una última prueba antes de quedar consagrado: su aprobación mediante referendo popular que, según lo previsto hasta ahora, se realizaría el 15 de diciembre. (FIN/IPS/lc/mj/pr hd/99
