El gobierno ruandés dejó claro que no habrá acercamiento por ahora con el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda al rechazar el pedido de visa de la fiscal principal de la corte, Carla del Ponte.
La embajada de Ruanda en Bélgica recibió instrucciones de no otorgar la visa a Del Ponte, lo cual le impide entrar al país centroafricano, informó a IPS el fiscal general ruandés Gerald Gahima.
La misión del Tribunal consiste en juzgar a los responsables del genocidio perpetrado en Ruanda entre abril y julio de 1994, en el que murieron hasta un millón de tutsis y hutus moderados.
Del Ponte tenía previsto hacer una visita de dos semanas a Ruanda, la primera desde que sucedió en la fiscalía a la canadiense Louise Arbour, en agosto.
La visita tenía por objeto restablecer la normalidad de las relaciones entre el Tribunal y Ruanda tras la liberación este mes del sospechoso Jean-Bosco Barayagwiza, una medida que enfureció a Kigali y llevó a la suspensión de toda cooperación con la corte.
Del Ponte no es bienvenida por el momento, ya que "una visita en esta etapa sólo empeoraría las cosas", declaró el canciller Augustin Lyamuremye.
Fuentes del Tribunal en la capital ruandesa, Kigali, admitieron el problema de la visa, pero anunciaron que Del Ponte viajará este martes a la sede de la corte en Arusha, Tanzania, para ver qué puede hacer desde allí.
Ruanda había advertido que Del Ponte no sería recibida por ministros si continuaba con sus planes de visitar el país africano, pero no había señales de que se le impediría ingresar.
Sin embargo, la posición del gobierno parece haberse endurecido en la última semana. Además de negar la visa a Del Ponte, las autoridades alentaron manifestaciones de grupos de sobrevivientes del genocidio que culminaron en una protesta frente a las oficinas del Tribunal en Kigali.
La televisión estatal emitió el domingo un programa de debate sobre el caso Barayagwiza, en el que participaron el ministro de Justicia, Jean de Dieu Mucyo, y el presidente del grupo de sobrevivientes Ibuka, Frederic Mutagwera.
Mucyo dejó claro que las disculpas y los pedidos de comprensión de Del Ponte causaron escasa impresión en el gobierno.
El futuro inmediato de Barayagwiza no está nada claro. El ex funcionario de la cancillería y cofundador de la Radio y Televisión Libre de Mille Collines aún permanece en un centro de detención de Arusha.
Según la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, el 3 de noviembre, Barayagwiza debe ser devuelto a Camerún, donde fue arrestado en marzo de 1996.
El abogado defensor Justry Nyaberi pidió que se traslade a su cliente a Camerún lo antes posible, preocupado por una posible revisión de la sentencia de apelación.
La fiscalía desea presentar nuevas pruebas contra Barayagwiza y el gobierno de Ruanda solicitó comparecer ante la Corte de Apelaciones para presentar sus propias evidencias, informó a IPS Kingsley Moghalu, subjefe del Registro del Tribunal.
Del Ponte conoce la iniciativa de Kigali y no se opuso a ella, agregó Moghalu.
El gobierno de Ruanda emitió una orden internacional de arresto contra Barayagwiza el día 6. Kigali no desea que el acusado sea enviado a Camerún, ya que no posee un acuerdo de extradición con el gobierno de Paul Biya.
Camerún fue un temprano lugar de refugio para los principales sospechosos del genocidio luego que éstos debieron huir de Ruanda, entre ellos el coronel Theoneste Bagosora, considerado el arquitecto militar de la masacre, y Ferdinand Nahimana, uno de los ideólogos.
Las autoridades camerunenses detuvieron a 12 sospechosos de participación en el genocidio en marzo de 1996, incluidos Bagosora, Nahimana y Barayagwiza, pero igualmente las relaciones con Kigali permanecieron tensas. (FIN/IPS/tra-en/cs/mn/mlm/hd/99
