La ayuda de 1.500 millones de dólares que Colombia esperaba recibir de Estados Unidos este año para su lucha contra el narcotráfico fue descartada, aunque el embajador estadounidense Curtis Kamman señaló que el Congreso puede aprobar aportes en el 2000.
Kamman aseguró que Washington está dispuesto a colaborar para atender las peticiones de ayuda adicional de Colombia e informó que ya tiene aprobados programas que suman cerca de 100 millones de dólares.
El portavoz del gobierno estadounidense, Joe Lockhar, confirmó el jueves que el pedido colombiano quedó aplazado hasta "enero o febrero", al tiempo que se registraba en Bogotá un atentado que se teme sea la reacción de organizaciones de narcotraficantes ante el anuncio de extradición de varios de sus jefes.
El embajador de Washington en Bogotá afirmó que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos se comprometieron a aprobar el próximo año una ayuda especial a Colombia para su lucha contra las drogas, aunque no precisó el monto de la misma.
Versiones de prensa indicaron que la negativa del Congreso es consecuencia de las disputas entre el gobierno de Bill Clinton y legisladores del Partido Republicano por el presupuesto nacional para el año fiscal 2001.
Susan Lee, investigadora de Amnistía Internacional (AI) en Colombia rechazó este viernes la reanudación de la ayuda militar estadounidense a este país, por considerar que no hay garantías de que las fuerzas que reciben los aportes respeten "los derechos humanos".
Lee aseguró que las violaciones a los derechos básicos en este país siguen en aumento, tanto por la acción incontrolada de la guerrilla como por parte del Ejército.
Delegados de AI recibieron durante una visita de tres semanas a Colombia preocupantes denuncias sobre las "tácticas de terror usadas por paramilitares" de derecha con la complicidad de sectores del Ejército, precisó Lee al diario El Tiempo.
Este país es el tercer mayor receptor de ayuda militar de Washington, detrás de Israel y Egipto, con 250 millones de dólares anuales, monto que se duplica si se incluye el rubro inversiones.
Parte de los aportes, respaldados por el jefe de la oficina de política nacional contra las drogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, serían destinados a financiar el batallón antidrogas que entró en funciones en agosto en el sudeste colombiano, una zona con mucha presencia de la guerrilla y narcotraficantes.
McCaffrey señaló que Colombia afronta una crítica situación debido a los vínculos entre la guerrilla y el narcotráfico, por lo cual Washington debe aumentar su colaboración a este país.
El jueves, seis horas después del atentado con un coche bomba que dejó seis muertos y más de 30 heridos en el norte de Bogotá, el gobierno autorizó la extradición a Estados Unidos del colombiano Jaime Lara, del venezolano José Flores y del cubano Sergio González.
Las autoridades creen que el ataque, que no ha sido reivindicado, fue realizado por narcotraficantes que rechazan la extradición o por las llamadas "Milicias Bolivarianas", grupo irregular urbano de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El investigador de la estatal Universidad Nacional, Eduardo Pizarro, dijo a IPS que el atentado marca "el renacimiento del narcoterrorismo urbano", que aumentará la inseguridad en el país, aunque no alcanzará los niveles de comienzos de esta década.
Pizarro cree que esta vez los jefes del narcotráfico están buscando "ablandar a la Corte Suprema de Justicia y al gobierno" para que suspendan los procesos de extradición.
Las autoridades judiciales estudian otras 11 solicitudes de extradición de Estados Unidos, que involucra a varios extranjeros y a más de 20 colombianos acusados de narcotráfico.
Colombia sufrió la acción del narcoterrorismo entre 1989 y 1991, cuando el narcotráfico desató una escalada de ataques indiscriminados con coches bomba, que causó más de 1.000 muertos, con el fin de presionar al gobierno para que negara la extradición de jefes del tráfico de drogas, como ocurrió.
Esa prohibición fue derogada en diciembre de 1997 y, con la decisión de esta semana del gobierno, avalada por la Corte Suprema de Justicia, Lara será el primer colombiano en ser extraditado.
Luis Uribe, experto de la Organización de las Naciones Unidas, indicó que estos actos "buscan crear desconcierto, generar pánico e inmovilizar a la población por medio del terror". (FIN/IPS/yf/dm/if-ip/99
