El caso Pinochet reanimó las inquietudes militares en Chile en vísperas de la Cumbre Iberoamericana de La Habana, y probablemente será tema central en la cita de ejércitos americanos la semana próxima en Bolivia.
El comandante en jefe del Ejército chileno, general Ricardo Izurieta, condenó el martes duramente el proceso de extradición a España que se le sigue en Londres al ex dictador Augusto Pinochet (1973-90), así como los juicios a militares en el país.
Al mismo tiempo, los presidentes Eduardo Frei, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina, reiteraron en Talcahuano, 520 kilómetros al sur de Santiago, que no acudirán a la Cumbre Iberoamericana en Cuba en protesta por la actitud de España en el caso Pinochet.
Izurieta, en tanto, anunció que viajará el domingo a Bolivia para participar en la Conferencia de Ejércitos Americanos número 23, que se realizará durante la próxima semana en La Paz, con altos mandos militares de todo el continente.
La cita militar será paralela a la Cumbre Iberoamericana programada para el lunes y martes próximos en La Habana, en la cual debían participar los jefes de Estado y de gobierno de todos los países latinoamericanos, España y Portugal.
Tres gobernantes centroamericanos no irán a La Habana en una expresión de rechazo al gobierno de Fidel Castro, en tanto Frei y Menem no asistirán porque consideran que España está violando acuerdos de la cumbre de 1998 sobre la territorialidad de la justicia.
En Talcahuano, donde inauguró con Frei un gasoducto binacional, Menem fustigó al juez español Baltasar Garzón por sus acciones contra Pinochet y la expedición esta semana de órdenes internacionales de arresto para unos 80 militares argentinos.
Garzón, quien procesa por crímenes contra la humanidad a las antiguas dictaduras de Chile y Argentina (1976-83), logró el 16 de octubre de 1998 que la justicia británica arrestara a Pinochet, el cual se encontraba entonces en Londres.
La detención de Pinochet coincidió con la anterior cumbre iberoamericana, que se celebraba en la ciudad portuguesa de Oporto, que aprobó una declaración de respaldo al principio de territorialidad de la justicia.
Los gobiernos de Chile y Argentina anteponen ese criterio al juzgamiento extraterriorial de violadores de derechos humanos, principio aceptado por Gran Bretaña, que podría extraditar a Pinochet a España con base en la Convención Internacional contra la Tortura de 1988.
El ex dictador y ex comandante del Ejército chileno de 83 años, que es además senador vitalicio desde marzo de 1998, podría eludir la extradición a España si el gobierno británico lo libera por clemencia, atendiendo a su deteriorada salud.
El gobierno español del derechista José María Aznar dio curso en su hora al pedido de extradición de Pinochet a instancias de Garzón y ha declarado que no interferirá políticamente en una causa que considera fundamentalmente jurídica.
Frei y Menem aclararon que su ausencia de La Habana no implica cuestionar al régimen de Castro y convinieron en impulsar en la cumbre, a través de sus cancilleres, un pronunciamiento crítico sobre las acciones extraterritoriales de la justicia española.
Los mandatarios señalaron que no pretenden "pinochetizar" la cita iberoamericana y que su posición representa la defensa de principios de soberanía y de compromisos asumidos en las propias cumbres iberoamericanas por encima de las personas.
Según fuentes cercanas a los militares, citadas por la prensa chilena, Izurieta promovería en La Paz una declaración conjunta de los mandos de los Ejércitos americanos de rechazo a la injerencia española en la justicia de otros países.
Un pronunciamiento de esa naturaleza abarcaría los casos de Pinochet y de los militares de la dictadura argentina encargados por Garzón, así como una toma de posición militar en contra de la jurisdicción internacional sobre crímenes represivos.
El viaje de Izurieta a La Paz tiene una connotación histórica, ya que es el primero de un comandante del Ejército chileno en los últimos 24 años.
Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1976, luego de que en 1975 Pinochet se reuniera en la localidad boliviana de Chañara con el entonces dictador y ahora presidente constitucional Hugo Bánzer.
Izurieta condenó también las actitudes de "algunos jueces" chilenos que en los últimos meses abrieron causas contra cinco generales retirados y otros altos oficiales en juicios por violaciones de los derechos humanos.
El jefe militar chileno manifestó que los enjuiciamientos de oficiales crean un "daño moral" en las tropas y en la ciudadanía, y generan sentimientos "que no siempre es fácil mantener en los cauces que todos quisiéramos".
Entre los generales procesados y detenidos este año están Hunberto Gordon y Hugo Salas Wenzel, quienes fueron jefes de la Central Nacional de Informaciones, policía represiva en la segunda fase de la dictadura de Pinochet. (FIN/IPS/ggr/ag/ip- hd/99
