La Iglesia Católica de Chile se pronunció este semana a favor de aplicar consideraciones humanitarias al anciano ex dictador Augusto Pinochet, arrestado en Londres y sometido a un juicio de extradición a España.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal sostuvo en una declaración que el caso del ex dictador (1973-1990) está afectando la convivencia nacional y la relación con España y Gran Bretaña, dos naciones "tradicionalmente amigas" de Chile.
Los prelados insistieron el viernes en que el país debe avanzar hacia una "real superación" del problema de las violaciones de los derechos humanos, "recorriendo con respeto mutuo los caminos de la verdad y la justicia".
Las precarias condiciones de salud y la avanzada edad del ex dictador, que cumplirá 84 años el día 25, deben hacer prevalecer las razones humanitarias con respecto a su situación en Europa, señaló el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal.
El ministro británico del Interior, Jack Straw, anunció hace una semana que pedirá "rigurosos exámenes médicos" de Pinochet para determinar si lo libera por razones de clemencia, interrumpiendo el curso judicial del proceso de extradición a España.
Los abogados de Pinochet en Londres informaron el jueves que su cliente está dispuesto a ser examinado en un hospital que determine Straw, para así establecer la veracidad de los informes sobre su grave estado de salud.
Pinochet fue arrestado el 16 de octubre de 1998 en el centro médico The Clinic, donde convalecía de una operación de hernia lumbar, por agentes de Scotland Yard, en cumplimiento de una orden internacional del juez español Baltasar Garzón.
El magistrado investiga desde 1996 cargos por crímenes contra la humanidad contra la antigua dictadura de Argentina (1976-1983), al cual sumó desde el año pasado otra causa abierta el mismo año en España el ex régimen dictatorial chileno.
El 8 de octubre último, luego de un año de veredictos y apelaciones judiciales, el juez Ronald Bartle dispuso que procede la extradición de Pinochet a España por 35 delitos previstos en la Convención Internacional contra la Tortura de 1988.
La defensa de Pinochet apeló a la decisión de Bartle ante la Corte Superior de Londres, la cual informó este viernes que fijó para el 3 de diciembre una audiencia preliminar a fin de programar los pasos siguientes en este trámite judicial.
El ex dictador puede ser extraditado a España sólo por delitos de tortura o conspiración para torturar cometidos a partir de diciembre de 1988, fecha en que la respectiva Convención entró en vigor en Gran Bretaña.
La declaración de los obispos chilenos señaló que mientras no entre en vigencia el Tribunal Penal Internacional, creado en 1998 en Roma, existe una "ambigüedad jurídica" en el caso Pinochet que da lugar a los problemas de Chile con España y Gran Bretaña.
El día 14, el gobierno de Eduardo Frei presentó una solicitud formal a Gran Bretaña para que se libere a Pinochet y se permita su retorno a Santiago por razones humanitarias, atendiendo a su deteriorada salud.
Las razones humanitarias constituyen una de las vías para librar al ex dictador de la extradición a España, pero no son la única, ya que la justicia chilena podría reclamar a Pinochet para juzgarlo en su propio país.
El juez Juan Guzmán, a cargo de unas 40 querellas contra el ex gobernante por crímenes represivos, recibió la semana pasada una carta de Pinochet, en la cual éste se niega a responder 75 preguntas que el magistrado le envió el 4 de octubre en un exhorto (escrito diplomático).
El ex dictador señaló en la misiva que su "primordial objetivo" es el esclarecimiento de los hechos de los que es acusado, pero al mismo tiempo dejó constancia de que no tuvo "ninguna participación en los mismos".
Pinochet fundamentó su negativa a responder las preguntas en que está detenido, bajo una jurisdicción que no reconoce, por lo cual no se debió tramitar en Chile la carta rogatoria o exhorto enviado a Gran Bretaña.
El cuestionario de Guzmán contiene puntos esenciales para determinar la responsabilidad de Pinochet en los crímenes de la llamada "caravana de la muerte", una misión militar especial designada tras el golpe de 1973 por el entonces dictador.
El magistrado también le preguntó acerca de su responsabilidad de mando, como jefe del Ejército, sobre la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), primer cuerpo de policía secreta de la dictadura. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/99
