Las autoridades británicas someterán a "rigurosos exámenes médicos" al ex dictador chileno Augusto Pinochet, lo cual podría permitir que se deniegue su extradición a España por razones de clemencia, informó el gobierno de Chile.
La decisión consta en una nota que el ministro del Interior Británico, Jack Straw, envió al embajador chileno en Londres, Pablo Cabrera, comunicó desde Nueva York el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés.
En la nota británica divulgada el viernes se consigna que Straw tiene atribuciones para interrumpir el proceso de extradición a España de Pinochet, si los exámenes establecieran un grave estado de salud del general retirado y senador vitalicio de 83 años.
Pinochet, quien gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 a solicitud del juez español Baltasar Garzón, cuando convalescía de la operación de una hernia lumbar.
El 8 de octubre de este año el magistrado inglés Ronald Bartle autorizó la extradición a España del ex dictador, acusado para estos efectos de delitos cometidos a partir de diciembre de 1988, previstos en la Convención Internacional contra la Tortura.
El 14 del mes pasado, el gobierno de Eduardo Frei presentó una solicitud formal a Gran Bretaña para que se libere a Pinochet y se permita su retorno a Santiago por razones humanitarias, atendiendo a su deteriorada salud.
El canciller Valdés aclaró que la nota de Straw no es una respuesta positiva a esa solicitud, pero la valoró en tanto confirma que el gobierno británico "está estudiando seriamente" el planteamiento chileno.
El ministro británico indicó en su comunicación que los exámenes médicos implican un procedimiento extraordinario y que se harán antes de que terminen las instancias judiciales del proceso de extradición.
La defensa de Pinochet apeló ante la Corte Superior de Londres al fallo del juez Bartle, con lo cual hizo ingresar el caso en una cadena de recursos judiciales que podrían prolongar el proceso por uno o dos años, según precedentes al respecto.
No hay un plazo determinado para los exámenes médicos y la posible aplicación de la clemencia en favor de Pinochet, pero el gobierno chileno "confía en la buena fe" del ministro Straw, señaló Valdés.
Las razones humanitarias constituyen una de las vías para librar al ex dictador de la extradición a España, pero no son la única, ya que la justicia chilena podría reclamar a Pinochet para juzgarlo en su propio país.
El juez Juan Guzmán, a cargo de unas 40 querellas contra el ex gobernante por crímenes represivos, recibió esta semana una carta de Pinochet, en la cual éste se niega a responder 75 preguntas que el magistrado le envió el 4 de octubre en un exhorto (escrito diplomático).
El ex dictador señaló en la misiva que su "primordial objetivo" es el esclarecimiento de los hechos de los que es acusado, pero al mismo tiempo dejó constancia de que no tuvo "ninguna participación en los mismos".
Pinochet fundamentó su negativa a responder las preguntas en que está detenido, bajo una jurisdicción que no reconoce, por lo cual no se debió tramitar en Chile la carta rogatoria o exhorto enviado a Gran Bretaña.
El cuestionario de Guzmán contiene puntos esenciales para determinar la responsabilidad de Pinochet en los crímenes de la llamada "caravana de la muerte", una misión militar especial designada tras el golpe de 1973 por el entonces dictador.
El magistrado también le preguntó acerca de su responsabilidad de mando, como jefe del Ejército, sobre la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), primer cuerpo de policía secreta de la dictadura.
En medios políticos y judiciales se comentó que el ex dictador estaría tratando de crear las condiciones para que Chile reclame su juzgamiento a Gran Bretaña, como una fórmula para sustraerlo del proceso de extradición a España.
El juez Guzmán debe resolver si solicita el desafuero de Pinochet como senador vitalicio, para despojarlo así de la inmunidad parlamentaria y poder emitir un auto de procesamiento, paso previo a un pedido chileno de extradición del ex dictador.
Pero ese procedimiento es largo, ya que el desafuero debe ser solicitado a la Corte de Apelaciones y ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, tendría que analizar luego si cabe solicitar la extradición a Londres.
En medios cercanos a Pinochet se duda de que el ex gobernante desee volver a Chile como procesado, ya que siempre ha dicho que quiere regresar "por la puerta grande", es decir sin cargos judiciales y en plena posesión de su dignidad parlamentaria.
Del mismo modo, los permanentes reclamos de inocencia del ex dictador respecto de unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo su régimen indican que no estaría dispuesto a volver a Chile como inculpado por la justicia.
Por último, la hipótesis del "retorno judicial" de Pinochet es vista con escepticismo por organizaciones humanitarias, las cuales sostienen que no hay condiciones políticas ni jurídicas para procesar al ex dictador en Chile. (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/99
