MEXICO: Nuevo escándalo salpica al mundo político

Un nuevo escándalo se presagia en México tras la revelación de un fraude contra pequeños y medianos ahorradores que involucra a políticos y empresarios, cuando sólo faltan ocho meses para las elecciones presidenciales.

El industrial Ignacio Santos de Hoyos acusó este miércoles a 58 hombres de negocios y políticos del norteño estado de Nuevo León, el más industrializado del país, de haber financiado con dinero de Banca Confía un proyecto inmobiliario en Estados Unidos.

México resultó recibió una calificación de 3,4 en una escala del uno al 10 en el Indice de Percepción de Corrupción 1999, dado a conocer este martes en Berlín y Washington por la organización Transparencia Internacional.

En el marco de un juicio por fraude contra Banca Confía, Santos de Hoyos declaró que los defraudadores utilizaron dinero de la institución depositado en "paraísos fiscales" que nunca fue reembolsado a los ahorradores.

En su carácter de testigo, el industrial mencionó en la nómina de supuestos "delincuentes de cuello blanco" al diputado del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Rogelio Sada Zambrano.

Otros que integran la lista son Enrique Zambrano, identificado como uno de los 10 hombres más influyentes de Nuevo León, así como Consuelo Canales, hermana del gobernador del estado, Fernando Canales Clariond, del PAN.

Santos de Hoyos sostuvo que los empresarios fueron beneficiados con dinero de empresas denominadas "off shore", creadas fueras de México por el ex propietario de Banca Confía Jorge Lankenau para invertir dinero de los ahorradores de esa institución de crédito.

El 17 de noviembre, Lankenau cumplirá dos años recluido en el penal de máxima seguridad de Nuevo León, acusado de fraude y asociación delictuosa.

El empresario Librado Ayala inició un juicio contra Lankenau, en virtud de que una desaparecida casa de bolsa, filial de Banca Confía, lo defraudó por seis millones de dólares.

Raúl Monter y Eduardo Camarena, señalados como supuestos cómplices del ex banquero, han permanecido prófugos de la justicia durante el mismo periodo.

El declarante, hermano del senador Alberto Santos de Hoyos, perdió un juicio adelantado por inversionistas que le exigieron el pago de 80 millones de dólares por fraude en proyectos de desarrollo inmobiliario en Atlanta, Estados Unidos.

En su testimonio, Santos de Hoyos revirtió la acusación en su contra, al señalar que Lankenau y sus colaboradores cercanos pretendieron crear una "cortina de humo" para ocultar operaciones ilegales a través de las "off shore".

La inmobiliaria subsidiaria de Banca Confía y dirigida por Santos de Hoyos invirtió 28 millones de dólares en proyectos de construcción en Estados Unidos. Sólo ocho millones fueron aportados por los socios y los restantes 20 millones se tomaron del dinero de los ahorradores.

Según el industrial, esos 20 millones de dólares nunca fueron restituidos a sus propietarios, quienes al final absorbieron las pérdidas.

El PAN rechazó las imputacionees que involucran en operaciones financieras ilícitas al diputado Sada Zambrano, uno de los principales promotores de la iniciativa del gobierno de traspasar al erario el costo del rescate del sistema bancario del país.

En un dramático proceso legislativo, el partido representativo de la derecha mexicana y el Revolucionario Institucional (PRI), con 70 años en el poder, acordaron que la cartera vencida de la banca fuera transferida al presupuesto del Estado.

El conocido popularmente como "el desfalco del siglo", equivale a 21,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), según un análisis de la calificadora internacional de riesgos Standard & Poor's.

El PAN y el PRI decidieron sacar adelante el millonario rescate, argumentando que era la única vía de evitar la quiebra del sistema financiero.

Los bancos mexicanos, en crisis desde 1995 a causa del desastre económico que azotó al país a principios del gobierno de Ernesto Zedillo, requirieron un programa de rescate, que inicialmente se calculó en cuatro por ciento del PIB.

En las últimas semanas, el PAN, que aglutina en sus filas a muchos empresarios, ha debido salir al paso a acusaciones de que algunos de sus militantes destacados fueron beneficiados por el rescate a los bancos.

El caso Lankeanua y los de los ex banqueros Carlos Cabal y Angel Isidoro Rodríguez, acusados también de fraude, han salpicado el proceso electoral del PRI y del PAN.

Cabal enfrenta un proceso de extradición en una cárcel en Australia e Isidoro Rodríguez, detenido hace dos años en España, quedó libre merced a un recurso de amparo.

Ambos ex banqueros y otros acaudalados empresarios, también perseguidos por la ley, declararon haber entregado al PRI gigantescas aportaciones para campañas electorales, incluida la que llevó al poder a Zedillo, en 1994. (FIN/IPS/pf/mj/ip if/99

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