Unos 4.400 policías judiciales de México, considerados la elite del combate a la delincuencia, deberían abandonar sus cargos de inmediato, pues desconocen los principios de su profesión, consumen drogas, sufren desequilibrios psicológicos o son obesos.
Luego de evaluar a los 27.000 policías judiciales, la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Interior) reveló a mediados de mes que 16,3 por ciento demostraron no ser aptos y que 75,6 por ciento pasaron los exámenes pero requieren mayor capacitación.
Apenas 8,4 por ciento de los entrevistados recibieron calificaciones aceptables, mientras una docena demostraron conocimientos nulos sobre su trabajo.
Poco después de conocerse el estudio, 20 policías judiciales del estado sureño de Oaxaca fueron detenidos, pues se comprobó que con armas, uniformes y en sus patrullas robaron 700 bolsas de alimentos, valoradas en 10.000 dólares, que estaban destinadas a damnificados de las últimas inundaciones.
El director de la policía judicial de Oaxaca, Jorge Obrador, lamentó el robo, pero argumentó que era explicable porque sus subordinados proceden, dijo, de familias pobres e ignorantes, según dijo. "Estos jóvenes cometieron un delito y ni siquiera se dieron cuenta", declaró.
A finales del año pasado, el gobierno de Ernesto Zedillo inició una programa oficial de depuración de los cuerpos de seguridad, contaminados por la corrupción y la delincuencia.
El programa da tranquilidad a la población, pues la policía es un eslabón importante en la cadena de inseguridad e impunidad que sufre el país, dijo a IPS Amador Reyes, miembro del grupo Unidos conta la Delincuencia, creado en 1996 por ciudadanos comunes y empresarios para demandar un freno a la creciente criminalidad.
Reyes afirmó que la policía está seriamente contamida de criminalidad.
El gobierno prometió en una primera instancia que la depuración de la policía finalizaría en noviembre. Sin embargo, ahora reconoce que necesitarán al menos seis meses más.
La criminalidad en México se disparó a fines de 1994, cuando estalló la peor crisis económica de los últimos 30 años.
Para combatirla, este país cuenta actualmente con un policía o agente investigador cada 3.150 habitantes y un juzgado penal cada 115.000 personas, cifras que el gobierno de Zedillo aspira duplicar antes de que finalice su mandato en diciembre del 2000.
De los 1,5 millones de delitos que se cometen cada año en México, sólo 85.000 terminan con la detención de los responsables.
Cada semana, los medios de comunicación informan sobre la detención de policías judiciales involucrados en secuestros, robos y otros delitos.
En la capital, la mayoría de los policías judiciales carecen de aptitud emocional, no saben usar armas, son agresivos y escogen su trabajo sólo para tener experiencias fuertes, reveló una investigación del Instituto Politécnico Nacional, realizado el año pasado.
El estudio indicó que 78 por ciento de los agentes sufren estrés, que alivian en parte mediante el cigarrillo, el alcohol o drogas ilegales.
Además, 80 por ciento tienen problemas para controlar sus emociones y 76 por ciento creen que las sociedad no los comprende.
En cuando a sus habilidades, el estudio mostró que sólo dos por ciento se consideran expertos en el uso de armas. Cuarenta y dos por ciento de los judiciales capitalinos confiesan que no se sienten expertos en nada.
En la capital es común escuchar a los habitantes que es necesario cuidarse más de los policías que de los delincuentes.
La Secretaría de Gobernación informó que a inicios de año cruzó información sobre los policías en servicio y las fichas de los delicuentes y encontró 200 nombres iguales.
Para evitar que los policías despedidos en un ciudad o estado sean contratos luego en otro lugar, el gobierno trabaja en la elaboración del primer Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y endurece los requisitos para ingresar a la policía. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/99
