La discriminación a favor de los militares debilita las medidas acordadas hoy en Brasil por el presidente Fernando Henrique Cardoso y los gobernadores estaduales para reducir el déficit de la seguridad social.
La propuesta de enmienda constitucional, aprobada en la reunión entre Cardoso y 21 gobernadores en Brasilia, fija en 11 por ciento de la jubilación la contribución de los funcionarios públicos retirados a la previsión social. Pero a los militares se cobrará solo 5,1 por ciento.
Esos porcentajes podrán alterarse posteriormente, por ley complementaria, pero el acuerdo establece que el aporte de los militares retirados podrá elevarse a un máximo de 9,5 por ciento. No hay perspectiva de reducirlo para los civiles.
La naturaleza de la carrera castrense justifica ese tratamiento disinto, argumentó el ministro de Defensa, Elcio Alvares. En general, los militares se retiran con muchos más años de servicio y no se jubilan, sino que pasan a la reserva y pueden ser movilizados en caso de necesidad.
En realidad, hubo fuerte resistencia en las Fuerzas Armadas a la idea de aumentar la contribución a la seguridad social. Los militares tienen un sistema propio, por el que aportan 3,5 por ciento de sus sueldos a servicios de salud, 1,6 por ciento a las pensiones y 1,5 a la asistencia social.
Alterar la Constitución es necesario para cobrar contribuciones tanto de funcionarios retirados, tanto civiles como militares.
Un intento anterior del gobierno fue bloqueado por numerosas acciones judiciales hasta que el Supremo Tribunal Federal lo consideró inconstitucional el 30 de septiembre.
Ante la resistencia parlamentaria a aprobar medidas impopulares, el presidente busca el apoyo de los gobernadores, también en dificultades financieras, para que presionen a los diputados y senadores de sus estados.
En 16 de los 27 estados brasileños, los funcionarios jubilados ya contribuyen al sistema previsional. La enmienda constitucional asegurará el mantenimiento de ese aporte, amenazado por el fallo de la Suprema Corte.
Para obtener el respaldo de los 21 gobernadores presentes en la reunión, Cardoso y su equipo económico les prometió atender una decena de reclamos. Otra enmienda constitucional les permitirá fijar un sueldo máximo para funcionarios de todos los poderes estaduales.
Otras medidas compensan la pérdida de ingresos que el gobierno central impuso a los estados en los últimos años, a causa del ajuste fiscal o para estimular exportaciones.
Los gobernadores, sin embargo, quieren la revocación de una ley que exime de tributos estaduales a los productos exportados.
Era una medida necesaria cuando la moneda nacional estaba sobrevaluada y se justificaba el incentivo a las exportaciones, pero no ahora después de la depreciación y con el cambio flotante, argumentó Marconi Perillo, gobernador del estado de Goiás y socialdemócrata, como el presidente Cardoso.
El cobro de contribuciones previsionales a los jubilados tiene el fin de cumplir el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Pero es también una "medida de justicia", porque reduce "desigualdades existentes en el servicio público", sostuvo el presidente.
Cardoso se refería así al aumento de ingresos que obtienen los funcionarios al jubilarse, porque mantienen el mismo salario de sus pares en actividad pero dejan de sufrir el descuento de 11 por ciento para la previsión social.
Esa discusión sobre el déficit previsional en Brasil, fomentada por la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, está generando nuevas divisiones en el seno de la población brasileña, además de la realzada ahora entre civiles y militares.
El gobierno, para defender sus medidas con fines fiscales, argumenta que los "inactivos" del sector público son privilegiados por una jubilación con aumento salarial, mientras los del sistema privado sufren una gran reducción de sus ingresos al retirarse.
En consecuencia, son los funcionarios públicos que responden por cerca de 80 por ciento del déficit previsional total de unos 22.000 millones de dólares, aunque beneficia solo a unos tres millones de jubilados y pensionistas, contra 18 millones del sector privado.
Son viejas inequidades, sin embargo, que no están en discusión ni se considera factible políticamente eliminar ahora. Solo sirven de argumento para aprobar medidas de emergencia que pueden estar generando otras distorsiones para el futuro. (FIN/IPS/mo/mj/if/99
