Activistas de Malasia denunciaron una preocupante reducción del espacio para la participación pública en la política, aunque a primera vista todo parece estar bien en lo que a libertad de expresión se refiere.
Es cierto, admitieron, que varios partidos de oposición aumentaron su presión sobre la coalición Barisan Nasional (Frente Nacional) del primer ministro Mahathir Mohamad, en el poder desde hace 18 años.
Así mismo, el periódico opositor Harakah, publicado por el Partido Islámico, continúa vendiendo unos 250.000 ejemplares por edición, y las manifestaciones organizadas por la oposición aún atraen a grandes multitudes.
Pero silenciosa, casi imperceptiblemente, el gobierno se esfuerza por limitar la participación pública en el proceso democrático, afirmaron los activistas.
Más de 10.000 partidarios del derrocado viceprimer ministro Anwar Ibrahim se manifestaron en Kuala Lumpur el 19 de septiembre cuando trascendió que Ibrahim había sido envenenado con arsénico.
Desde entonces, más de 20 ciudadanos fueron detenidos por "reunión ilegal". La mayoría pertenecen al nuevo Partido Nacional de la Justicia (keADILan), fundado por la esposa de Anwar, Wan Azizah Wan Ismail.
KeADILan fue fundamental en la formación de un frente opositor unido conocido como Barisan Alternatif (Frente Alternativo), que podría impedir a Mahathir obtener nuevamente una mayoría parlamentaria de dos tercios de votos en los próximos comicios.
Pero como señaló un analista político, "la oposición pelea con una mano atada a la espalda".
Ibrahim Ali, un alto funcionario de la oficina del primer ministro, pidió que los abogados en ejercicio sean excluidos de la política para evitar un "conflicto de intereses".
Algunos destacados abogados participan activamente de la política u ocupan puestos clave en partidos de oposición. Uno de ellos es Karjpal Singh, alto funcionario del Partido Democrático y defensor de Anwar, que actualmente enfrenta un juicio por sodomía.
La propuesta de Ibrahim fue criticada de inmediato. "Prohibir que un abogado participe en la política es inaceptable, porque limita su libertad individual de seguir su convicción", declaró R.R. Chelvarajah, presidente del Colegio de Abogados de Malasia, en conferencia de prensa.
Ibrahim debería "procurar formas en que todos los malasios puedan participar plenamente de la política, en lugar de convertirla en un club exclusivo de 'políticos profesionales'," dijo Elizabeth Wong, coordinadora de la organización de derechos humanos Suaram.
Además, Wong exhortó a una enmienda inmediata de la Ley de Sindicatos en la próxima sesión parlamentaria, para permitir que los sindicalistas participen en las elecciones.
Ibrahim debería invertir su tiempo en garantizar que más de 600.000 nuevos votantes puedan emitir su sufragio si se celebran elecciones generales este año, instó Wong.
Algunos analistas creen que los próximos comicios generales, previstos originalmente para mediados del 2000, se celebrarán pronto, probablemente el mes próximo.
Pero los 600.000 nuevos votantes que se registraron en abril y mayo de este año sólo estarán habilitados para sufragar el año próximo.
Analistas y políticos opositores sostienen que el gobierno tiene miedo de estos nuevos votantes, la mayoría jóvenes y desilusionados, o bien mayores que nunca antes votaron pero se decidieron a registrarse esta vez indignados por el manejo del caso Anwar.
También afirman que la celebración de las elecciones este año, con el proceso de registro inacabado, tendría por finalidad negar a estos votantes la oportunidad de sufragar.
"Nuestro derecho básico a participar plenamente en la política debe ser protegido, y esto incluye el derecho a votar y a postularnos como candidatos", exhortó Wong.
En un nuevo golpe a la libertad de asociación, el gobierno rechazó una solicitud del Partido Socialista de Malasia para registrarse como partido político.
Los activistas de este grupo trabajan con comunidades marginales, como habitantes de asentamientos precarios o trabajadores agrícolas, y esperaban ser registrados a tiempo para las elecciones generales.
Pero el rechazo de la solicitud no sorprendió a nadie. "Desde 1994, de 22 pedidos para formar partidos políticos, sólo uno fue aprobado", destacó Wong.
Once de los grupos fueron rechazados sin explicación alguna y otros 10 todavía están a la espera de una respuesta, agregó.
A veces, el disentimiento es reprimido de manera muy sutil. Por ejemplo, Aliran Monthly, una revista mensual en inglés con opiniones independientes y análisis críticos publicada por el grupo reformista Aliran, no encuentra empresas dispuestas a imprimirla, aunque está aprobada por el Ministerio del Interior.
"Tenemos dificultades para publicar la revista", declaró el presidente del grupo, P. Ramakrishnan. (FIN/IPS/tra-en/an/ral/mlm/ip-hd/99
