Unos 30 dirigentes indígenas tomaron esta semana la casa presidencial de Costa Rica de manera pacífica, para exigir el reconocimiento de la propiedad de las tierras que ocupan hace siglos, entre otros reclamos.
Los aborígenes llegaron a San José después de una caminata de más de 300 kilómetros que insumió 12 días, para permanecer en la sede del gobierno por dos horas.
Los indígenas no se retiraron hasta que el presidente Miguel Angel Rodríguez aceptó la solicitud de destinar anualmente 170.000 dólares durante tres años para el desarrollo de las comunidades aborígenes y nombrar una comisión de ministros que estudie la condición de sus tierras.
"Este es un gran logro pero es apenas un paso más en nuestra lucha", dijo a IPS Pablo Sibar, indígena guaymí que participó en la protesta del lunes, víspera de la celebración del 507 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América
Este es el segundo año consecutivo en que los indígenas marchan 300 kilómetros desde distintos poblados del sur de Costa Rica hasta San José, ubicada en el centro del país, para pedirle a Rodríguez una respuesta a las peticiones que le entregaron en 1998.
En esa carta, los indígenas reclamaban su derecho como pueblos a recuperar y administrar sus territorios de manera autónoma y plena. Además, solicitaban una revisión de las leyes relacionadas con sus comunidades.
"En este año, el presidente no respondió ningún punto de las peticiones y por eso marchamos de nuevo, porque nos habíamos sentido burlados", explicó a IPS Faustino Mora, de 49 años, también participante de la caminata.
En Costa Rica viven unos 30.000 indígenas, pertenecientes a las etnias maleku, brunca, brurán, huetar, guaymí, ngöbe, chorotega, cabécar y bribri.
Parte de estos pueblos viven en reservas indígenas ubicadas en tierras inalienables e intransferibles. Pero otra parte de estos pueblos han sido víctimas de usurpaciones, pues las tierras que han habitado nunca fueron registradas a su nombre.
"Queremos que el gobierno legalice para nosotros, los pueblos indígenas, estas tierras que desde siglos hemos habitado", explicó a IPS Mariano Martínez, otro de los dirigentes aborígenes.
Las luchas de los indígenas por sus derechos no son una novedad en Costa Rica.
No fue sino hasta 1991 que lograron que entrara en vigencia la Ley de Inscripción y Cedulación Indígena, que otorgó por primera vez a los aborígenes el rango de ciudadanos y la posibilidad de ejercer sus derechos a través de la obtención de la cédula de identidad.
"Si le garantizamos a los indígenas sus tierras tendremos una ganancia doble. Por un lado, lograríamos la preservación de su religión y su cultura. Por otro, conservaríamos los recursos naturales que en ellas están", indicó a IPS Fabián Pacheco, miembro del Frente Ecologista Universitario (Fecou).
Pacheco, cuyo Frente es una organización autónoma en la órbita de la estatal Universidad de Costa Rica, sostuvo que los indígenas esperan hace muchos años la aprobación de leyes que los protejan y que, con cada día que pasa, su paciencia se está agotando.
En Costa Rica, los organismos oficiales instituidos para tratar los asuntos de los pueblos aborígenes son el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai).
Estas instituciones se han convertido a lo largo de los años en oficinas burocráticas que no han alcanzado avances concretos para los pueblos indígenas, afirmaron los dirigentes que se apostaron en la sede del gobierno.
"Si Costa Rica es un país con tanta fama de democracia debería tratarnos a los indígenas como a seres humanos, pues a lo largo de los años los gobiernos nos han mantenido aislados y abandonados", dijo Mariano Martínez, momentos antes de salir de la casa presidencial.
El ministro de la Presidencia, Danilo Chaverri, se comprometió al finalizar la movilización a enviar dentro de un mes medios de transporte a las comunidades indígenas para que los dirigentes vuelvan a San José para constatar el avance de las gestiones del gobierno en materia de tenencia de tierra. (FIN/IPS/nms/mj/ip pr/99
